Sin prisa pero sin pausa... y con cierto margen de tregua. El Consell reclamará al Gobierno la liquidación que debe del IVA de mes de diciembre de 2017 «por tierra, mar y aire» pero dentro de la normalidad democrática y dejando «respirar» al Ejecutivo, que todavía está con los nombramientos del segundo y tercer escalón. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, sobre la liquidación de 281 millones de IVA, «un desaguisado» que, según recordó, hizo el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la última fase del gobierno presidido por Mariano Rajoy pero que los socialistas se resisten a abonar.

Horas antes era la Conselleria de Hacienda la que manifestaba su confianza en que «se encontrará una fórmula de pago que lo haga viable», ya que desde el departamento que dirige Vicent Soler se considera que «esos 281 millones del IVA se nos deben y es un dinero que se nos tiene que pagar», por lo que el Consell «va a seguir exigiendo su pago». Y en esa línea de exigencia, ayer fue la vicepresidenta del Consell la que no dejó lugar a dudas. Oltra aseguró que, obviamente, se va a reclamar ese dinero «porque nos corresponde, porque es nuestro y porque nos hace falta» en términos de normalidad democrática, a través de cartas o reuniones.

No obstante, señaló que el Gobierno lleva solo dos semanas y hay que dejar que se asienten los distintos departamentos y se concluyan los nombramientos de cargos públicos. Unas dosis de comprensión que no hicieron que Oltra evitara recordar que la Comunidad vive en la infrafinanciación desde hace décadas.

Las dudas por el cobro de esta liquidación del IVA las ha generado esta semana el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, líder de Ciudadanos en la comunidad andaluza, que ha acusado al Gobierno central de «hurtar» a Andalucía los 537 millones de euros que le debe por la liquidación del IVA de 2017. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, recordó esta semana, preguntada por si va a haber alguna compensación para las autonomías por la mensualidad de IVA de 2017 que no cobraron, que había mecanismos previstos en los presupuestos de 2019, pero al no sacar estas cuentas adelante Pedro Sánchez, la medida decayó. Y tras ese intento, todavía con los presupuestos para 2020 en fase inicial -con Pedro Sánchez calculando que su proyecto presupuestario se aprobará en verano-, nadie más en el Gobierno se ha comprometido a garantizar cuándo llegará el dinero.

Deuda máxima autorizada

Por otro aldo, el Pleno del Consell aprobó el acuerdo por el que se autoriza la emisión o contratación de deuda pública de la Generalitat durante el año 2020 y enero de 2021, por un importe máximo de 134.174.903 euros, de acuerdo con el límite fijado en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2020. Del importe total autorizado, 91.237.440 euros corresponden a la devolución de la liquidación negativa de 2008 y 2009 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, mientras que otros 4.679.129 euros son para la amortización en 2019 de operaciones financieras de las universidades públicas de la Comunidad, que figuran como gasto en el capítulo VII de transferencias de capital. Por último, 38.258.333 euros corresponden a la amortización en 2020 de operaciones financieras de Ferrocarrils de la Generalitat, que figuran como gasto en el capítulo VIII Activos Financieros. Este último pago, junto con el referido a las operaciones financieras de las universidades públicas, serán cubiertos por el FLA de 2020 y, por tanto, suponen más endeudamiento de la Generalitat.