Con la investidura de Pedro Sánchez y el nacimiento del gobierno progresista que comparten los socialistas y Podemos con el respaldo parlamentario, entre otros grupos territoriales, de Compromís, se han empezado a desbloquear cuestiones pendientes y asuntos que estaban a la espera de la constitución del Ejecutivo. En su segunda reunión, el Consejo de Ministros aprobó el reparto de la financiación autonómica para 2020 con 11.322 millones destinados al Consell. Una distribución que, en todo caso, tiene cara y cruz. Evidencia que el nuevo Gobierno es sensible a la petición del Consell del Botànic para tratar de paliar el expolio que sufren las arcas valencianas con el actual modelo, pendiente de reforma después de seis años caducado. Pero esa sensibilidad, sin embargo, no puede tapar que la Comunidad sigue siendo la más maltratada, junto a Murcia, y la peor financiada de España.
Durante su comparecencia posterior a la reunión del Gobierno, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, anunció la aportación general a las autonomías para este año: 103.000 millones en entregas a cuenta del sistema de financiación, que se empezará a pagar esta misma semana, así como otros 10.955 millones correspondientes a la liquidación de 2018. En el caso de la Comunidad Valenciana, se trata de 9.564 millones de entregas a cuenta junto a 1.849 millones de la liquidación de 2018. Es la cuarta autonomía con una mayor dotación en números redondos detrás de Cataluña (21.295 millones), Andalucía (20.386) y Madrid (15.865). Y es la comunidad donde las aportaciones por entregas a cuenta crecen más con respecto a las cifras anunciadas hace un año. La previsión total, por tanto, es que el Ministerio de Hacienda aporte este año esos 11.322 millones a la Comunidad Valenciana. La cifra supone un alza de 1.227 millones (12,1%) sobre la anunciada para 2019. El aumento no es tanto si se tiene en consideración la cifra realmente entregada el año pasado, que elevó la financiación hasta 10.555 millones, 767 menos que los que están ya previstos para este año 2020.
Pero, en cualquier caso, ese incremento de las dotaciones para las competencias que despliega el Gobierno valenciano no resuelve el problema. Todo lo contrario. Lo perpetúa. En la financiación per cápita, la Comunidad continúa a la cola del reparto. Nada menos que a doce puntos de la media y a 36 del territorio mejor financiado, que continúa siendo Cantabria. Una buena pista para descubrir los motivos reales que condujeron al partido del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, a votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Uno de los acuerdos de los socialistas con Compromís para facilitar el voto del diputado Joan Baldoví al nuevo gobierno fue, precisamente, que en ocho meses se tendrá que poner encima de la mesa un documento con el nuevo sistema. Es posible que los números de la Comunidad mejoren algo con los presupuestos del Estado, que el Gobierno prevé sacar adelante en verano, pero no variará sustancialmente el maltrato que sufren las arcas autonómicas valencianas desde Madrid.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, valoró «muy positivamente» el esfuerzo del gobierno por acelerar los plazos pero, sin embargo, considera que las cantidades son «totalmente insuficientes y refuerzan la necesidad de incluir en los Presupuestos de la Generalitat la partida reivindicativa de 1.325 millones al recibir 12 puntos menos que la media». «Si la Comunidad tuviera la financiación de Cantabria, dispondría de 4.660 millones más en 2020 y esa diferencia no tiene ningún tipo de justificación», señaló Vicent Soler, quien añadió que «si se compara nuestra asignación con una comunidad de similar renta, como Galicia, los recursos adicionales de la Comunidad serían de 2.975 millones».
Primer encuentro de Puig con la ministra de Política Territorial
El jefe del Consell calificó de «positivo» el anunciado pago de las entregas a cuenta a las comunidades pero abogó por un modelo de «racionalidad y justicia fiscal». «Es positivo para la tesorería de las administraciones públicas», detalló el presidente Ximo Puig antes de alertar de que si las instituciones tienen problemas en este punto «acaban afectando a las empresas y, en definitiva, a los trabajadores».
