La portavoz del grupo municipal de Vox de Elche, Amparo Cerdá, se ha convertido en el primer cargo público del partido ultraderechista que ha dejado su cargo en la provincia. Su dimisión como edil, anunciada el lunes pasado, está vinculada, según ella misma asegura, a las discrepancias con la gestora provincial por «la imposición de la nueva organización y gestión del partido a nivel local», una crítica que ya ha cobrado una víctima en Elche pero que no es la primera vez que se escucha en los últimos meses por distintas agrupaciones locales de la formación, en concreto, desde que la dirección nacional de Vox nombró una ejecutiva provisional, controlada por Javier Ortega Smith, que está en el disparadero y que se ha mostrado incapaz de resolver la débil organización interna del partido.
Desde que se produjo el cambio de la dirección, en marzo de 2019, han sido destituidos o relevados los coordinadores locales de Albatera, Cox, Dolores, Almoradí, Callosa de Segura, Elche, La Vila Joiosa, Alfàs del Pi, Xàbia, Altea, Benidorm, Orihuela, Petrer, Santa Pola, Torrevieja, Alcoy, Elda y La Nucía. Fuentes internas de la formación ultra no descartan que estos relevos en las direcciones locales vayan a más en otras poblaciones, aunque desde la gestora provincial se afirma que «no es tan numeroso». La vicesecretaria de Comunicación, Mónica Borrás explicó ayer que «al ser una labor no remunerada, depende de la disponibilidad de las personas y las situaciones de cada uno en cada momento». Borrás reconoce que «no siempre han sido sustituidos por parte de la gestora» puesto que «algunos han solicitado ellos la sustitución». Al menos, este es el caso del responsable de Almoradí, que habría pidió la baja voluntaria por las actuaciones de la gestora, según aseguran diversos militantes de Vox, críticos con la gestora que preside la síndica Ana Vega.
Este proceso es previo a las primarias de Vox que elegirán una nueva dirección provincial. Para esta elección, el control de los coordinadores locales se supone básico. Borrás afirma que los coordinadores son propuestos por la Vicesecretaría de Organización y son aprobados por la gestora para su nombramiento. Y luego se tienen «reuniones periódicas con los coordinadores, de los que se aceptan críticas constructivas», añade.
El Botànic como dique contra el pin parental
Los socios del Consell dicen que mientras gobiernen no se aceptará «ese insulto» y Puig habla de «retroceso histórico»
«Mientras haya un gobierno progresista de esto no se va a hablar». Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que calificó el pin parental como «un retroceso histórico que un país decente no se puede permitir». Estas declaraciones del jefe del Consell se unen a la postura unánime de los tres socios del Botànic que ayer defendieron que mientras gobiernen en la Comunidad Valenciana no se aplicará el pin parental, como reclama Vox. Además hicieron un llamamiento al PP y a Ciudadanos para que «no se dejen arrastrar» por la extrema derecha. El síndic del PSPV-PSOE en las Cortes, Manolo Mata, señaló que el «veto parental» es «un insulto a los 800.000 enseñantes en España» ya que presupone que los docentes «están manipulando a nuestros hijos desde hace décadas». Para Mata está «en riesgo» la convivencia.
La sintonía del Botànic en este asunto es total y absoluta. Para el síndic de Compromís, Fran Ferri, la propuesta de Vox «no llegará a ningún sitio», ya que no será aprobada por las Cortes, y asegurado que, «por mucho que le moleste a la extrema derecha, las escuelas son espacios de libertad y así seguirán siéndolo». Ferri pidió que no se ponga altavoz a propuestas «que atacan a la libertad de las personas y los derechos humanos», y reivindicó que Compromís ha planteado iniciativas por ejemplo para que en los colegios se eduque a los estudiantes en derechos laborales, desde la premisa de que la educación debe servir para mejorar la vida de las personas.Por su parte la diputada de Unidas Podemos, Pilar Lima, afirmó que la propuesta de Vox «no va a llegar a ningún lugar» en la Comunidad y acusó a ese partido de querer implantar «políticas fascistas y que atentan contra la educación pública», añadió.
