Ya ha quedado dicho que la manifestación del pasado sábado en Orihuela no fue una convocatoria masiva que le pueda atribuir un éxito incontestable a los promotores, colectivos de padres jaleados por el bloque de la derecha en pleno desde el PP hasta los ultras de Vox pasando por los restos de Ciudadanos. Pero tampoco fue tan pequeña como para que el Consell pueda mirar hacia otro lado. Ya sabe que en el epicentro de la Vega Baja hay un caldo de cultivo que la oposición intentará extender a toda la provincia como paso inicial de una estrategia para intentar recuperar el gobierno autonómico en 2023. Ese es el objetivo final de la convocatoria del pasado sábado. Nadie gana. Todos pierden con un bloqueo que polariza a la sociedad, la fractura con un conflicto emocional de pocos argumentos para un debate sosegado, alimenta a la ultraderecha y perjudica la convivencia lingüística, especialmente para el valenciano. Un idioma débil y con dificultades para avanzar en su normalización, como adviritió el Consejo de Europa recientemente.
Así que hoy, apenas 48 horas después de la protesta en la Vega Baja, se ha consagrado el relato de dos bandos enfrentados. Esa es la realidad. Unos no tienen fuerza suficiente, ni social ni política, como para cambiar una Ley de Plurilingüismo que emana de un parlamento que responde a la soberanía popular del pueblo valenciano en su totalidad. No solo de una parte. Y el otro bando tiene un conflicto en una comarca muy singular. Y no sólo en el plano lingüístico. Por su espacio de frontera sur con Murcia, por el avance del voto radical de ultraderecha como se demostró en las últimas elecciones generales y por su enorme peso demográfico con el 6,5% de todo el padrón de habitantes de la Comunidad. Habrá pocos puentes de acercamiento. Un problema cuando este es un asunto que necesitaría gran dosis de empatía, diálogo, voluntad de entendimiento y muchísima pedagogía. Algo necesario y que nunca se ha hecho.
Lo que ocurrirá a partir de ahora está ya escrito. La Generalitat del Botànic, con Ximo Puig y Vicent Marzà en sintonía, ofrece diálogo y no va a azuzar la batalla con declaraciones altisonantes. Al contrario. Su mensaje pasa por defender la pluralidad con el compromiso de garantizar que los estudiantes salgan de la etapa educativa dominando las lenguas oficiales -valenciano y castellano, los dos idiomas al mismo nivel como establece de forma clarísima el Estatuto de Autonomía- además del inglés. Luego se podrá censurar la gestión, la falta de medios, de profesores... Pero no van a modificar la ley más allá de la razonable aplicación más o menos progresiva a la que ya se comprometió el conseller.
Y desde el otro lado no van a aflojar. Apretarán el acelerador elevando el tono de las protestas en la calle. Intentando extenderlas al ámbito provincial y abriendo debates, ya presentes en la manifestación del sábado en Orihuela, para alimentar un conflicto más global. La receta no es nueva. Hace más de 25 años ya la utilizó el PP, entonces liderado por Eduardo Zaplana, para acabar de deteriorar al último gobierno socialista de Joan Lerma azuzando el tristemente célebre «¡Puta Valencia!». Conseguido el objetivo del poder, Zaplana se encargó de clausurar su propia manifestación con la Acadèmia Valenciana de la Llengua y anestesiando a la sociedad civil. Luego llegó su gran mayoría absoluta. Así que el PP, con políticos de ADN zaplanista al mando como Carlos Mazón, ha vuelto a desempolvar aquella vieja receta. Ahora revolucionarán para luego, si gobiernan, frenar. Ahora todo es diferente. Con esta polarización, el PP, que en los 90 aglutinaba desde el centro liberal hasta la extrema derecha, alimenta el monstruo de Vox. Y además mantiene en guardia a la izquierda y al valencianismo político, que ahora sí cuenta con un instrumento electoral útil. Misma receta pero, ojo, otra época.
