Más de 48 horas después de la manifestación contra el plurilingüismo que recorrió las calles de Orihuela el pasado sábado, cuando se trata de hacer una valoración más reposada de esta concentración contra la ley educativa del conseller Vicent Marzà, si de algo no se puede hablar es de que el conflicto político creado por este tema se haya enfriado. Todo lo contrario. Tres días después, los mismos que hablaban de «fracaso absoluto» mantienen su descalificación de la protesta como los que se vanagloriaban del «éxito sin precedentes» siguen amparando esta teoría. Las espadas de unos y otros, del Consell del Botànic y de la oposición de derechas, están en todo lo alto, aunque unos y otros son conscientes de que la manifestación, organizada por asociaciones de padres de toda la provincia y respaldada por el PP, Cs y Vox, alimentada con autobuses y por los consistorios locales de la comarca, ni acaparó tanto como esperaban sus promotores ni se puede minusvalorar por parte de sus detractores.
Y en esta línea, el primero que ayer mantuvo que «el marco del diálogo estaba abierto» fue el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien a su entender, antes de la manifestación el Consell «ya había explicitado la voluntad de la implantación progresiva». Las palabras del jefe del Gobierno autonómico fueron secundadas por el portavoz del PSPV en la Diputación, Toni Francés, quien ayer se expresó desde el «respeto total a las personas que se manifestaron». Francés señaló que «hay que tener en cuenta» las reivindicaciones «para tomar decisiones que ayuden a aliviar la hostilidad hacia ciertos aspectos de la ley». Y en esa fase de flexibilizar la nueva norma estaría la implantación progresiva y la voluntad de «explicar bien en qué consiste el modelo» para evitar que «nuestra lengua sea utilizada como arma política», asegura el también alcalde de Alcoy. Pero nada más.
Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, que califica de «fracaso» la convocatoria («salvo en Orihuela, en ninguna de las 20 concentraciones de los municipios se superaron las 100 personas») admitió que hay que «cambiar la pedagogía» aunque está «demostrado que hay más gente que quiere que sus hijos hablen tres lenguas». En todo caso, Fullana tiene claro que «no se va a modificar la ley por 10.000 personas» ni se va a «renunciar a aplicar el plurilingüismo por la Vega Baja», insiste. Y de la misma opinión es Naiara Davó, síndica de Unidas Podemos en las Cortes, quien aseguró ayer que su formación sigue «defendiendo la riqueza del patrimonio que representa el valenciano. Y en este sentido, mantenemos nuestro compromiso con la defensa y promoción de nuestra tradición y cultura, representada en el idioma valenciano y en esta ley», añade. Fuentes del Consell ratificaron que la ley no se cambiará al margen de flexibilizar su aplicación, como ya dijo Marzà.
Camino de los tribunales
Desde una posición muy distinta y con la vista ya puesta en los tribunales, el portavoz del Gobierno de la Diputación, Adrián Ballester, destacó que la manifestación del sábado pasado fue la «movilización social más importante que nunca se ha dado en la Vega Baja». El hecho de que la protesta haya «desbordado las previsiones», conlleva que el Consell debe tomar dos decisiones. La primera es la «modificación urgente de la ley» y la segunda que el «respeto a la excepción de alumnos en asignaturas que no sean de tipo lingüístico», mantiene Ballester. Este diputado provincial del PP por la Vega Baja considera que hay «diferencias evidentes» entre la Llei d'Us i Ensenyament (1983) y la Ley del Plurilingüismo (2018). Entre medias está el decreto sobre el requisito lingüístico (2013) establecido por María José Catalá, siendo consellera de Educación del PP, una norma que, según Adrián Ballester, «respetaba la Llei d'Us mientras que la ley de Marzà no lo hace», sostiene el diputado.
Con más contundencia se expresó ayer el síndic de Cs en las Cortes, Toni Cantó, para el que la solución «pasa, ahora mismo, por que el Consell derogue la ley de plurilingüismo, que se basa en la imposición». Cantó reclama como inmediato que «se paralice la ley para aquellos centros que lo soliciten, que se cumpla la del 83, o, en su defecto, que se aplique una moratoria en estos centros para el curso que viene». Y como siguiente paso, Cs anuncia que llevará en las próximas semanas esta cuestión al Parlamento Europeo, porque «consideramos que el tripartito está vulnerando el artículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE». Vox, con rueda de prensa incluida en las Cortes, también le dijo ayer al Botànic que está «obligado a dar una respuesta a los padres», advirtió la síndica Ana Vega, que criticó «las normas liberticidas que la izquierda quiere imponer en estos regímenes socialcomunistas». «Somos españoles y hablamos en español y valenciano desde el respeto profundo a nuestra lengua regional, que no es el catalán», enfatizó ayer la diputada alicantina de la formación de ultraderecha.
