n En su día fue una vieja reivindicación conquistada por los sindicatos para los empleados públicos de la Generalitat, pero una década después la crisis económica y las estrecheces presupuestarias han dejado la iniciativa carente de sentido. El fondo de pensiones para la plantilla pública promovido en su día por el Ejecutivo valenciano lleva ocho años sin aportaciones, de tal manera que el montante de estos ahorros está al albur de los vaivenes de la bolsa y los mercados financieros. En la actualidad y según el último informe trimestral de la entidad bancaria que gestiona el fondo, los ahorros acumulados suman 66,4 millones de euros y la cifra de beneficiarios asciende a 121.336. Cada empleada o empleado público tendría ahorrado de media 547,7 euros, la cantidad con la que podría contar para su jubilación. Al margen de lo escaso del ahorro, la perspectiva de futuro es que la inversión siga congelada.
Fuentes sindicales consultadas coinciden en que el plan ha quedado desnaturalizado por la falta de aportaciones y porque es difícil que evolucione en un futuro. La última aportación se hizo en enero de 2012 y en esta fecha el plan quedó paralizado. Con la crisis económica haciendo estragos, el Gobierno central decidió vía Ley de Presupuestos del Estado impedir nuevas aportaciones de dinero público a fondos de pensiones. La limitación ha continuado, con lo que el Consell no ha seguido inyectando dinero para cubrir ese acuerdo y el asunto hasta ha caído de la agenda de peticiones de los sindicatos. De hecho, la pelea está más en la mejora retributiva en la nómina. El plan de ahorro ya no convence a nadie, porque, entre otros motivos, el sistema fiscal que lo grava es perjudicial para los intereses del funcionariado.
El fondo fue en su día adjudicado por la Generalitat Valenciana a Bancaja (ahora Bankia) tras un concurso público. Gestionado por Aseval, la aseguradora de la caja de ahorros valenciana, el fondo arrancó con un patrimonio de algo más de 45 millones de euros, fruto de las aportaciones de alrededor de nueve euros que fue inyectaba la Generalitat todos los meses. El plan permitía también que el colectivo beneficiado pudiera hacer sus propias aportaciones. La Generalitat acordó constituir este fondo en 2005, pero tardó cuatro años en ponerlo en marcha. Año tras año el Consell fue reservando la dotación para el plan, hasta que finalmente y tras la presión de los sindicatos para que cumpliera con su acuerdo, acabó depositando lo adeudado en la entidad bancaria.
Con todo, los funcionarios no visualizaron sus ahorros hasta 2009, aunque en el primer año no les dio beneficios. De hecho, la rentabilidad de este dinero ha sufrido vaivenes, aunque a lo largo de los años ha resultado positiva. El año pasado la rentabilidad de situó en un 5,6%, aunque el año anterior perdió un 3,6%. Los funcionarios públicos valencianos solo pueden rescatar su dinero cuando alcancen su jubilación o en caso de invalidez permanente.
Pelea por extender las prejubilaciones al funcionariado
Nadie llora ya en la Administración por el fondo de pensiones de la plantilla de la Generalitat. El asunto ha caído de la agenda y los principales sindicatos basan su reivindicación en la recuperación del poder adquisitivo y en las mejoras retributivas del personal. La batalla ahora en el ámbito de las jubilaciones tienen que ver con la posibilidad de poder extender al funcionariado las ventajas que tiene el personal laboral. Así, según explican fuentes, los laborales pueden jubilarse de forma anticipada y parcial a los 62 años con 35 y medio de servicio. Ello implica abrir la puerta a contratos de relevo, de tal manera que la persona prejubilada trabaja la mitad del tiempo y la otra mitad una persona interina. Esta situación se puede extender hasta que se alcance la edad de jubilación a los 65 años.
