El PP en la Diputación de Alicante calentó ayer el ambiente de cara a las concentraciones en diferentes puntos de la provincia y la manifestación del próximo sábado en Orihuela contra la normalización del valenciano y la ley del plurilingüismo, convocadas por asociaciones de padres y que contarán con la presencia de dirigentes populares, de Ciudadanos y de Vox. Ayer, el presidente Carlos Mazón trasladó este conflicto al Palacio Provincial y aprovechó el pleno ordinario del mes de enero para defender de nuevo el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos. Para ello, los populares reclamaron al Consell que derogue los artículos de la Ley del Plurilingüismo que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Llei d'Ús i Ensenyament de acuerdo a la singularidad del territorio en el que se reside.
Por el PP Miguel Ángel Sánchez explicó que «el Estado no puede sustituir a las familias con el único objetivo de imponer un modelo único en valenciano y acabar con el derecho de los castellanohablantes». El diputado pidió, además, a Educación que cualquier instrucción que se le dé a los centros educativos «sea por escrito para dar respaldo jurídico a los mismos». Su objetivo era criticar frontalmente la propuesta que el conseller Vicent Marzá hizo a los centros durante una reunión celebrada recientemente en Orihuela «en la que con toda falta de rigor proponía el incumplimiento de la norma». La moción defendida por el grupo popular, con apoyo de Ciudadanos y voto en contra del PSPV y Compromís, instó a que se aprueben los proyectos lingüísticos de centro con base en la planificación, los resultados académicos y una consulta vinculante a las familias y a que el Consell vele por que haya una oferta suficiente en castellano y valenciano «para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la lengua en la que escolarizar a sus hijos».
Fue un bronco debate en el que Miguel Ángel Sánchez se topó con una contundente oposición de la socialista Patricia Maciá y el portavoz de Compromís, Gerard Fullana. Por un lado, el PSPV defendió que su objetivo es que el alumnado tenga asegurado el derecho a conocer el valenciano «que abre puertas al futuro laboral, y, concretamente queremos que los de la Vega Baja tengan las mismas oportunidades que cualquier otro alumno de la Comunidad Valenciana». Los socialistas defendieron que «los hijos no pueden ver coartadas sus posibilidades futuras debido a la ignorancia de los padres». Para Maciá, esta moción supone restar oportunidades a los niños y quitarles derechos por motivos políticos. «¿Por qué niegan a sus hijos la posibilidad de conocer el valenciano y no lo hacen con el mismo empeño con el inglés?» se preguntó la socialista, concejal de Educación en Elche.
Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, un dirigente próximo al conseller Vicent Marzà, aseguró sentirse cansado de este asunto «como valencianoparlante» y alzó la voz para echar en cara al PP que «el valenciano forma parte de nuestro patrimonio, como el arroz o la playa». Con duras acusaciones y reproches constantes, el portavoz de Compromís denunció la tendencia del PP «a copiar las formas de la extrema derecha, sobre todo en las mentiras» y quiso defenderse de las críticas sobre la persecusión al castellano: «En cinco años no he recibido ni una convocatoria en valenciano en esta Diputación, no tengo garantizado que se hable tampoco cuando voy al médico o a los juzgados, tampoco puedes ir al cine y ver una película en valenciano en toda la provincia... ¿Y dicen que el castellano está perseguido?». Fullana también defendió las políticas educativas del Botànic y recordó que en la actualidad «es la comunidad de cada centro la que decide el porcentaje de las lenguas que se aplican para las diferentes asignaturas cuando con el PP era la conselleria la que lo imponía».
«No se cambiará la ley. Vayan 1.000 o 200.000 a la manifestación», dice el número dos de Educación
El secretario autonómico de Educación se reúne en Rafal con alcaldes y Ampas, pero la mayoría de padres no acuden
El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, se desplazó ayer hasta Rafal para reunirse con alcaldes y con las Ampas de la Vega Baja para explicar la ley de Plurilingüismo y aclarar «las mentiras», que según dijo, se están diciendo sobre su aplicación por parte de algunos colectivos y partidos políticos en la comarca. La reunión se convocó a tres días de celebrarse la manifestación organizada por una federación provincial de Ampas en Orihuela contra la ley de Plurilingüismo, a la que se prevé una asistencia masiva, aunque en palabras de Soler el éxito de la convocatoria no va a influir en los planes de la Conselleria de Educación sobre su implantación ni sobre su revisión ya que «me da igual que vayan 1.000 o 200.000», dijo el secretario autonómico de Educación, que explicó que «todo lo que están pidiendo está ya concedido».
Así, Soler aseguró que «cada centro se puede adaptarse en función de sus características a la ley» y que habrá una «progresividad en su aplicación, que puede no solo ser curso a curso, empezando por primero de la Eso, también en el porcentaje que se dedica a cada lengua vehicular, sea castellano, inglés o valenciano», incluso rebajando el 25% de valenciano «a un 15 o 17%». Además, quiso dejar claro que la ley de 1983 que permite la exención de lengua valenciana en las zonas castellanoparlantes «va a seguir vigente». «Son las tres cosas que se piden en la manifestación, y todas ya están conseguidas, por lo que no sé qué se pretende con la protesta».
Miguel Soler se reunió primero con alcaldes y ediles de la comarca y, posteriormente, con los representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos, con desigual éxito. Si bien acudió una numerosa representación de políticos, no solo del PSOE, también de PP y Cs, la mayoría de Ampas de la Vega Baja le dieron la espalda. De las 40 asociaciones de madres y padres de alumnos de Secundaria y Bachiller que hay en la Vega Baja, solo 14 aceptaron la invitación que cursó Pineda, la mayoría integradas en la FAPA Enric Valor. Las Ampas integradas en la federación convocante de la manifestación del sábado contra la ley de Plurilingüismo no acudieron. La reunión fue organizada por el regidor de Rafal, el diputado autonómico y secretario general de los socialistas en la Vega Baja, Manuel Pineda, que se ha convertido en la cara más visible de la formacón en la comarca a la hora de defender la entrada en vigor de esta ley en los institutos el próximo mes de septiembre, tras llevar dos años aplicándose en Primaria.
