«Tender la mano», sentarse a negociar y... «si no nos dejan otro remedio, acudiremos a los tribunales». Esta será la forma de proceder del Partido Popular para conseguir que el Consell implante un sistema educativo que «garantice la libertad para elegir» en función del territorio, frente la «imposición a traición de una inmersión lingüística» que el conseller Vicent Marzà quiere desarrollar en materias troncales de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Formación para Adultos, que «se impartirán en valenciano, incluso, a alumnos previamente escolarizados en castellano». Así explicó ayer la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, la nueva campaña «en defensa de la libertad educativa» y el cumplimiento de la legislación para «garantizar la oferta en valenciano y castellano» en todas las poblaciones de la Comunidad, ya sean en áreas castellano parlantes o valenciano parlantes.
Primero en la sede provincial de PP, con Carlos Mazón, Luis Barcala, Eva Ortíz, Raúl Dalmau y las diputadas Elisa Díaz y Beatriz Gascó presentes, y después en Almoradí, con alcaldes y portavoces del PP en la Vega Baja a los que Bonig espoleó en este cometido, el PP esbozó ayer cual será su relato contra la «obligatoriedad de la inmersión lingüística total el próximo curso». El primer paso es la presentación en las Cortes de una Proposición no de Ley (PNL), que convertirá también en mociones para que se debata en todos los ayuntamientos, donde reclama derogar los artículos de la Ley del Plurilingüismo contrarios a la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià y propone diversas medidas para asegurar el derecho de los padres «a la elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos de acuerdo a la singularidad del territorio en el que reside».
Entre esas medidas está reclamar al Consell que «cualquier instrucción que dé a los equipos directivos» de los centros docentes relativa a la ley de Plurilingüismo impulsada por la Conselleria de Educación se consigne «por escrito». Isabel Bonig acusó al conseller Vicent Marzà y al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler de actuar «contrarios a derecho» ya que «piden verbalmente» la implantación de sus proyectos cuando «en la Administración no existen las órdenes verbales». Es más, Bonig preguntó si el Botànic pensaba que «¿si esto es el Parlament de Cataluña?».
Consulta vinculante
La PNL que defenderá el PP pretende que los proyectos lingüísticos de centro se aprueben en base a la planificación (al menos el 30% de los centros, en cada área de influencia, debería ofertar líneas en castellano) y con una consulta vinculante a todas las familias.
En caso de no llegar a un acuerdo, la «solución» pasa por los tribunales. La presidenta del PPCV confirmó que su partido pondrá sus servicios jurídicos a disposición de todas las asociaciones de padres y de los equipos directivos escolares para que «impugnen todos los proyectos experimentales que sean contrarios a derecho o distintos a la voluntad expresada por los centros» a través de la vía contencioso-administrativa. A través de la Justicia.
Por otro lado, el PP ha abierto otro frente comarcal contra el plurilingüismo en el Alto y Medio Vinalopó. El portavoz popular eldense, Fran Muñoz denunció ayer la situación de desventaja que la imposición del valenciano ocasionará a los alumnos de Elda, Villena, Sax, Aspe, Salinas y Monforte del Cid. Muñoz ofrece el asesoramiento de los servicios jurídicos del PP a todos los padres y profesores que no estén dispuestos a aceptar la imposición del valenciano. Para el dirigente popular la medida del conseller Marzà es «claramente inconstitucional».
Los lapsus de Bonig a la espera de los congresos
Isabel Bonig comenzó con mal pie se rueda de prensa de ayer. A su lado estaba el presidente del PP en la ciudad de Alicante, Toño Peral, se quedó perplejo cuando su «jefa» autonómica le presentó como el responsable de una «gestora» que no existe en Alicante, ni en la capital ni en la provincia, a diferencia de lo que sí pasa, en ambos casos, en Valencia. Bonig, que también convirtió a Adrián Ballester en vicepresidente de la Diputación (donde es portavoz del equipo de Gobierno) esgrimió que la cúpula nacional «debe marcar» el calendario de congresos del PP. Ayer. Bonig se limitó a decir que, salvo que la dirección nacional «decida lo contrario», se respetarán los plazos previstos y habrá, primero, congreso regional y, luego, será el congreso de la provincia de Alicante. Salvo que Pablo Casado cambie de opinión.
