Un nuevo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sitúa otra vez a la valenciana en la lista negra de las comunidades con peores resultados presupuestarios en el periodo (2004-2018). En esta ocasión, el estudio se centra en el déficit estructural, es decir, aquel que no depende del ciclo económico y que Fedea considera debería usarse «para valorar la gestión presupuestaria de un gobierno». En términos generales el informe firmado por la investigadora de Fedea Carmen Martín González concluye que el conjunto de las comunidades no logró mejorar en cuatro años el déficit estructural y que si este no se ha disparado es precisamente por la mejora de los ingresos provenientes de la bonanza económica. Así, según los cálculos del que pasa por ser el laboratorio de ideas económicas que dirige Angel de la Fuente, las comunidades arrojaban en 2004 un saldo estructural negativo del 0,3% del PIB. Este déficit fue acentuándose en los años siguientes para terminar en el 0,3% en 2018. Esfuerzo cero, concluye Fedea.
Ahora bien, el esfuerzo no fue heterogéneo en toda España. Algunas regiones como Cataluña y Canarias destacan, según Fedea, por los ajustes realizados, mientras que otras como la Comunidad Valenciana y Murcia presentaron los mayores déficits, de tal manera que todavía tienen pendiente de ajustar sus cuentas en más de un punto porcentual del PIB, lo que supone más de mil millones de euros. El informe, que no entra en detalles sobre la situación financiera de cada comunidad, viene a constatar lo ya conocido: que el Consell vive atrapado en el déficit, un desfase entre ingresos y gastos que solo podría reducirse por dos vías. La primera, la deseada, pero que no depende del Ejecutivo, es la reforma del modelo de financiación autonómica que acabe con la infrafinanciación histórica y, la segunda, apuntada por Fedea, con medidas contundentes de ajuste. Fedea echa en falta esfuerzos de consolidación fiscal. No habla expresamente de recorte en el gasto, aunque, sin cambio en la financiación, reducir el gasto es el único camino posible, al que de forma reiterada se niega el Botànic al considerar que supondría una injusta merma para los servicios públicos. Un callejón sin salida.
Así, la evolución del déficit estructural en la Comunidad Valenciana ha sido negativa, según los cálculos de Fedea. Arrancó en 2004 con el 1% del PIB y terminó en un 1,5%. El mejor año fue 2015 con un saldo negativo de 0,9%. La Comunidad Valenciana y Murcia (con un déficit de 1,2% en 2004 y un 1,4% cuatro años después) son objeto de mención en el informe: «Aunque existen comunidades autonómas con las cuentas estabilizadas en términos estructurales, otras como la Comunidad Valenciana y Murcia, tienen pendiente ajustar sus cuentas en más de un punto porcentual del PIB».
Fedea insiste en la importancia de descomponer el saldo presupuestario y distinguir entre el saldo cíclico (que depende del ciclo de la economía) y un saldo estructural, ajeno a los vaivenes económicos y que sería «el mejor indicador de la posición fiscal de la economía». En el caso valenciano la evolución del saldo cíclico fue positivo para la Comunidad Valenciana al pasar de un déficit de 1,2% del PIB a un superavit del 0,2% en 2018. El saldo estructural se obtiene como la diferencia entre el saldo presupuestado observado y el saldo cíclico.
Fedea insiste en que el componente estructural del saldo supone «una carga para las generaciones futruas y es el que debería utilizarse para valorar la gestión presupuestaria de un gobierno que se considera que se encuentra bajo su control».
