31 de diciembre de 2019
31.12.2019

Tirón de orejas a Sanidad por acuerdos con firmas privadas para saldar deudas

La Sindicatura alerta de que la conselleria omitió pasos de control fiscal como mínimo en tres expedientes, uno de ellos con una empresa pendiente de reversiones. La Generalitat defiende que la fórmula es legal y generó ahorro

30.12.2019 | 22:29
La consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el director del IVO y exconseller del área, Manuel Llombart.

La Conselleria de Sanidad los firmó para apaciguar los ánimos y «normalizar» unas relaciones tensionadas que habían acabado en los juzgados, sin embargo, su falta de control previo por parte de Hacienda y de la Abogacía de la Generalitat entre otros, han bastado para que la Sindicatura de Comptes, en su informe anual, los ponga en entredicho. Se trata de hasta tres acuerdos transaccionales que la consellera Ana Barceló firmó con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y con la empresa Ribera Salud (gestora del área de salud de Alzira hasta el pasado 2018) para saldar cuentas, algunas enquistadas y que habían provocado el enfrentamiento en los tribunales. La Sindicatura de Comptes no pone en duda el objeto ni las cantidades de estos acuerdos pero sí el cómo se hicieron: saltándose apartados de la Ley 1/2015 que garantizan una fiscalización previa o los informes previos de la Abogacía General que prevé la ley 10/2005.

El tirón de orejas se centra en tres acuerdos suscritos entre diciembre de 2018 y mediados de abril de 2019: el primero le reconocía al IVO el cobro de 7,2 millones (cifra que Sanidad había rechazado previamente) por la asistencia sanitaria de pacientes de cáncer entre enero y octubre de 2017, los meses en los que el IVO operó sin el paraguas de ningún contrato con la administración pública. Según el informe del Síndic, la legalidad del gasto no se sometió al control de Intervención ni al de la Abogacía General, preceptivos ambos. Lo mismo pasó con el acuerdo, también con el IVO, que Sanidad firmó el 15 de abril de este año. En este caso se les reconocía una deuda de 31,7 millones de euros por atender entre 2012 y 2016 a pacientes derivados desde las áreas de salud de gestión privada. Quién debía pagar por estas derivaciones había enfrentado a la conselleria de Carmen Montón y a las concesionarias, hasta el punto de que el desacuerdo había dejado sin cobrar al IVO, que lo había llevado a tribunales.

Sanidad quería acabar con esta «litigiosidad» y suscribió un acuerdo reconociendo la deuda y obligándose a pagar el 70% de la deuda este año 2019 y el resto en 2020. Para la Sindicatura de Comptes, el acuerdo se firmó omitiendo «la fiscalización preceptiva de la Ley 1/2015», no se hizo constar el informe de la Abogacía y tampoco la administración sanitaria es competente para establecer un calendario de pagos sin la autorización de Hacienda, amén de que «no consta la acreditación documental de la realización de las prestaciones que prevé el acuerdo». Como resumió ayer el Síndic Major, Vicent Cucarella, los acuerdos «requieren una serie de trámites jurídicos que en algunos casos no se han cumplido todos».

El tercer y último acuerdo que pone en duda la sindicatura en su informe se firmó solo tres días después, el 18 de abril de este año con Ribera Salud. La empresa había dejado solo un año antes la gestión del área de salud de Alzira y el acuerdo venía a reconocer a la privada una deuda de 28 millones de euros tras revisar las liquidaciones de 2013, 2014 y 2015, los balances que administración y empresa deben hacer anualmente para ajustar lo que se paga por atender a pacientes y lo que realmente se gasta la gestora.

En un primer momento, Sanidad por estos tres años había reclamado 105,7 millones de euros. Sin embargo y tras varios recursos en tribunales, la consellera y Ribera Salud llegaron al acuerdo de rebajar la cuenta hasta los 73,7 millones de euros, lo que obligaba a Sanidad a devolverles 28 millones de euros. El acuerdo para pagarles, sin embargo, tampoco tuvo informe de la Abogacía ni de Intervención. El informe recuerda, además, que esa cantidad debía haberse recogido en el pasivo del balance a 31 de diciembre de 2018 y no se hizo, como tampoco se incluyeron los 7,2 millones de euros de la primera deuda reconocida (y firmada) con el IVO. Desde la Generalitat Valenciana defendieron ayer que la Abogacía sí emitió un informe en el que se avalaba la fórmula elegida para saldar estas cuentas «como medio de terminación de los procedimientos a los que se refiere» a la vez que aseguraron que, gracias a la firma de estos tres acuerdos, ha habido un «ahorro» de 13,4 millones de euros: 2,7 millones del IVO y otros 10,7 millones de euros que Ribera Salud «desiste de reclamar».

Por otra parte, Sanidad tenía por cerrar a 31 de diciembre de 2018 hasta 38 liquidaciones anuales de las cinco áreas de salud bajo gestión privada. Pese a que fue uno de los caballos de batalla de la consellera Carmen Montón, el cierre de liquidaciones (el balance anual para ajustar cuentas entre lo que recibe la concesionaria y lo que se gasta en los pacientes) se ha ido enquistando año tras año. Montón calculó que en su legislatura se iban a poder cobrar 300 millones por estas liquidaciones pendientes. Ahora, la Sindicatura alerta de que es imposible saber el impacto real.

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