Los movimientos para que se pueda formar gobierno en España después de meses de inestabilidad y garantizar, por tanto, la continuidad de Pedro Sánchez ya están en su recta final. La abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la investidura, el visto bueno de los nacionalistas vascos, el documento que marcará la línea del ejecutivo que compartirán los socialistas y Podemos... Todo el puzzle empieza a cuadrar. El líder del PSOE y Pablo Iglesias presentaron ayer, precisamente, ese argumentario que guiará su acción de gobierno como preámbulo del primer acto del debate en el Congreso, que tiene todos los visos de celebrarse este mismo miércoles. Pero ese programa de socialistas y morados, a primera vista, no supone un reconocimiento pleno de la «agenda valenciana» que tiene como piedra angular la reforma de la financiación autonómica. Tampoco la niega pero, en cualquier caso, deja en el aire y con poca concreción cuestiones determinantes para la Comunidad Valenciana.
El documento programático, extenso y con 50 páginas de medidas que desarrollan el decálogo que ambos dirigentes ya rubricaron apenas unas horas después de las elecciones generales del 10-N, alude efectivamente a la reforma de la financiación autonómica. La marca como uno de los objetivos para esta legislatura. «Desarrollaremos la previsión de las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual», señala el texto sobre una de las cuestiones fundamentales de la crisis territorial pero que tiene un impacto fundamental sobre las cuentas de la Comunidad.
«El objetivo -remarca el argumentario pactado entre los socialistas y Podemos- es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro, asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia». La música no es mala. Pero la letra deja mucho que desear. En ningún momento, los socios del nuevo ejecutivo se aventuran a poner una fecha tope para que se pueda resolver el problema de la financiación autonómica. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, siempre ha puesto el año 2020 como una fecha en la que se debía resolver la renovación del sistema. Modelo que, como se recordará, se puso en marcha en 2009 bajo mandato de Zapatero pero que está caducado desde enero de 2014 sin que ni Mariano Rajoy, primero, ni posteriormente Pedro Sánchez durante su mandato desde junio de 2018 hayan puesto ni siquiera las bases para encontrar una solución, atenazados por su incapacidad para afrontar los efectos de la crisis catalana.
En estas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, condicionó su voto favorable a los socialitas a que el tope máximo para poner en marcha ese nuevo sistema de financiación fuera de ocho meses. Pero a pocas horas de que arranque la primera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez -algo que se producirá, previsiblemente, este miércoles-el diputado de Compromís aún esperaba la llamada de los socialistas para poder cerrar un documento con una oferta final. La idea de Baldoví era la de poder rubricar un texto conjunto con los socialistas al estilo del acto protagonizado para sumar al PNV a la investidura. Pero lo cierto es que ese movimiento no se había producido al cierre de la edición y, desde luego, Compromís mantenía la cuestión de la financiación autonómica como el eje de sus exigencias a los socialistas a expensas de un contacto en las próximas horas previo al debate para tomar una decisión.
El compromiso de la financiación autonómica, aún sin poner una fecha concreta para su resolución, es más claro y explícito, incluso, que las referencias del texto pactado por el PSOE y Podemos sobre la política hídrica, fundamental en el caso de la provincia de Alicante. Hay una referencia ambigua y de pasada a la cuestión en la que se habla de «depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua» pero no hay ni rastro sobre la política de trasvases. Ni mucho menos se traza una actuación sobre el futuro del Tajo-Segura.
