En época de buenos propósitos y mejores deseos, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pasa por un compás de espera hasta que se cierren los pactos. Después de una repetición de elecciones, entre las diversas patas de ese acuerdo está el compromiso de reconocer y asumir la «agenda valenciana». Demandas que en algunos casos se llevan arrastrando muchos años y que forman parte de las propuestas que los socios del Consell han transmitido al líder socialista. La carta enviada a la Moncloa lleva la firma del PSPV-PSOE y Unidas Podemos, compañeros de futuro Gobierno en Madrid, y de Compromís, aliado necesario en el futuro pleno de investidura en el Congreso. Pedro Sánchez ha trasladado a Ximo Puig que atenderá parte de esas peticiones pero, en principio, no acabarán tomando forma hasta que se cierre el acuerdo que permita desbloquear la situación.
Reforma del modelo de financiación autonómica
1. El actual modelo de financiación, vigente desde 2009 caducado desde enero 2014, ha abocado a la Comunidad Valenciana a ser, junto a Murcia, la peor financiada de España. La reforma del sistema, un problema sin resolver ni por el PP ni tampoco por los socialistas, debe ser inminente. Lo ha trasladado Ximo Puig a Pedro Sánchez. Y lo ha concretado Compromís. Pide a cambio de su voto que en los ocho primeros meses posteriores a la investidura, el Gobierno de España presente la propuesta de un nuevo modelo por población, donde se calcula que la Comunidad debe recibir 1.300 millones anuales más. Para el PSPV, la reforma debe llegar «a la mayor brevedad». Por descontado, dentro de 2020.
Compensación por la deuda histórica acumulada
2. Según los informes de los expertos de las Cortes, la compensación por la deuda histórica ya alcanza los 20.000 millones. Para resarcir esta «herencia», Compromís reclama al Gobierno mecanismos temporales de compensación que garanticen a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos a los que tiene que hacer frente para garantizar los derechos de los valencianos. Una de las formas propuestas para reparar el desagravio es a través del FOGA, un fondo de compensación por servicios sanitarios que acumula un desfase a favor de la Comunidad Valenciana superior a los 300 millones desde 2015.
Actualización de las entregas a cuenta y el IVA retenido
3. Para que la deuda no siga subiendo, Compromís exige que el nuevo Gobierno lleve de manera inmediata al Consejo de Ministros un Real Decreto-Ley mediante el cual se actualicen las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, con una fórmula automática de actualización a largo plazo. El cálculo para esta Comunidad habla de 450 millones adicionales, a los que se debe unir la mensualidad del IVA de diciembre de 2017, unos 280 millones de euros, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP) decidió no pagar y todavía se adeuda.
Frenar precios de alquileres para evitar desahucios
4. Otra de las demandas se centra en el derecho a la vivienda. Para el vicepresidente del Consell y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau (Podemos), el nuevo Gobierno debe aplicar sus competencias para frenar los precios de alquileres y evitar que haya familias desahuciadas. La formación morada pretende, desde la Comunidad, acompasar las demandas que Pablo Iglesias haga desde Madrid, basadas en los derechos sociales como base de políticas de igualdad y emancipación.
Inversiones territorializadas en los Presupuestos Generales
5. Todo el Botànic está de acuerdo en que el futuro Gobierno se debe comprometer a cumplir, a través de los Presupuestos Generales del Estado, la cláusula de inversiones territorializadas introducida en el Estatuto de Autonomía, que contempla una inversión acorde al peso de este territorio en España: un 10% del total. Como mínimo. Para el PSPV, se trata de «un compromiso insustituible». Cabe recordar que la inversión prevista para la Comunidad en los presupuestos para 2019 pactados por el PSOE y Podemos -tumbados por la derecha y los independentistas-suponían una inversión de 1.190 millones, 450 millones más con respecto a 2018. Esos presupuestos no aprobados cumplían el mandato estatutario, con un aumento del 61% respecto a los 740 millones de 2018. Aunque, a pesar de esos datos, presentaban un desequilibrio entre provincias del que Alicante, a pesar de crecer, salía de nuevo relegada. Un elemento a corregir.
Culminar el Corredor Mediterráneo
6. En los despachos del Ministerio de Fomento abundan los informes sobre el valor del Corredor Mediterráneo, el gran eje de infraestructuras que ansía dede hace lustros la economía valenciana. En 2019, de 385 millones que destinó el Gobierno, a la Comunidad Valenciana solo llegaron 55. Los primeros pasos deben permitir que sea una realidad la alta velocidad en el concurrido tramo València-Alacant-Elx-Murcia.
Línea de Alicante con el aeropuerto
7. Entre las propuestas que Compromís reclama para que el diputado Joan Baldoví conceda su voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez está que el nuevo Gobierno asuma como prioritarias infraestructuras ferroviarias vinculadas con la red de cercanías y la conexión del aeropuerto del Altet con Alicante, una demanda ansiada hace mucho años.
Financiación estatal para la Atención a la Dependencia
8. Tanto el PSPV como Compromís insisten al Gobierno que adquiera el deber firme de cumplir con la financiación del 50% estable que debe aportar la Administración General del Estado a las comunidades autónomas para la financiación de la Ley de Autonomía Personal y de Personas en Situación de Dependencia. Este compromiso se llevará a cabo de manera paulatina a lo largo de la legislatura llegando, al menos, al 25% al finalizar el segundo año (alrededor de 180 millones de euros frente a la mitad que se perciben actualmente por el 12%) y alcanzando el 50% (alrededor de 400 millones de euros) previsto en la Ley al finalizar la legislatura.
Favorecer la agricultura y ayudas contra la Xylella
9. Para otro sector productivo trascendental en la economía de la Comunidad, como es el agrícola, Compromís aboga porque el Gobierno realice un estudio del impacto que tendrá el acuerdo de Mercosur sobre cítricos, arroz y otros productos agrícolas y ganaderos antes de su ratificación. Además, en concreto, se exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que financie las ayudas a la investigación sobre la Xylella.
Defensa de trasvase Tajo-Segura
10. En materia de agua y medio ambiente, el presidente Ximo Puig (PSPV) y Mónica Oltra (Compromís) hacen una defensa férrea del trasvase Tajo-Segura y exigen que se cumpla el Memorándum aprobado por ley y se potencien las infraestructuras hídricas en la provincia de Alicante. El tercer socio del Botànic, Unidas Podemos insiste menos con la supervivencia del trasvase, pero sí consideran, por boca de Rubén Martínez Dalmau, que este nuevo Gobierno central debe sentar las bases de la transición ecológica y la vía verde, además de procurar avanzar de manera inminente ante el reto del cambio climático.
