El pulso ya abierto entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el titular de la Diputación, Carlos Mazón, sigue quemando cartuchos a la vez que se eleva la temperatura de la tensión entre ambos dirigentes. En este juego de ajedrez entre Alicante y València, ahora le ha tocado mover ficha a Mazón. Y ha decidido trazar un ataque con gran carga de profundidad: un fondo de cooperación municipal con una dotación cercana a los quince millones de euros al margen del que promueve la Generalitat. La Junta de Gobierno de la institución provincial, a propuesta del presidente, se reunió en sesión extraordinaria y monográfica para aprobar un nuevo plan de inversiones en 2020 de casi 40 millones, que incluirá el mencionado fondo dotado con casi quince a repartir entre todos los municipios a lo largo de próximo ejercicio. Movimiento que evidencia la distancia creciente entre ambas instituciones con un desacuerdo sobre este proyecto, convertido en la espita para justificar la pugna.
Todo este paquete con los mencionados 40 millones de ayudas, financiado a través de los remanentes de crédito disponibles del actual presupuesto y bautizado como Fondo de Inversión Sostenible, es una maniobra de Mazón para hacer valer el papel de la Diputación frente a la Generalitat. El proyecto se tramitaría como un anexo a los presupuestos de la Diputación para el próximo año con un destino finalista con lo que ya estarían perfiladas las partidas de gasto para que los municipios puedan empezar a concretar sus propias previsiones de gasto. El pleno para aprobar los presupuestos de la Diputación del año 2020 está marcado para el próximo 30 de diciembre. Pero este nuevo programa de ayudas esconde en su interior una «sorpresa» que alimenta todavía más las últimas desavenencias que enturbian la relación de la institución provincial con la Generalitat.
Del total de 40 millones -unos 6.500 millones de las antiguas pesetas- aprobada en la Junta de Gobierno de la Diputación, unos 15 millones -2.500 millones de pesetas- se destinarán a un fondo de cooperación local impulsado por la propia institución provincial con lo que, al menos de momento y a la espera de que este reparto se regule mediante ley autonómica, se mantiene el pulso con el Consell por este programa de colaboración con los municipios. Como se recordará, la Diputación sigue sin participar de un proyecto cuya virtud es que las cantidades se pueden usar con flexibilidad para inversiones, servicios e, incluso, gasto corriente. Es la única corporación provincial de la Comunidad que ha optado por quedarse fuera de la iniciativa. Por eso, los 141 municipios alicantinos perciben sólo la parte del tramo autonómico y justo la mitad de los fondos que sí ingresan las localidades de Valencia y Castellón.
Ahora, con el desacuerdo creciente después de que el Consell esté ralentizando la comisión mixta anunciada en su momento por Puig, la Diputación intenta darle la vuelta a la tortilla con un fondo propio, como ya hizo en su momento César Sánchez para marcar distancias con la administración autonómica. En esta ocasión, sin embargo, hay una diferencia. Aunque las cantidades lleguen a los municipios como una obra sostenible, la Diputación trabaja en una solución administrativa para que ese dinero repartido con criterios objetivos se pueda usar, igual que el fondo de la Generalitat, para gasto corriente y el pago de servicios, la gran necesidad de las corporaciones locales. La vía que podrían seguir los municipios pasaría por una modificación de crédito una vez recibida la cuantía desde la Diputación y así convertirla en fondos dedicados luego al «día a día» de la gestión local.
El resto de las cantidades, hasta los 38 millones mencionados, se reparte de la siguiente manera una vez descontados los 15 millones para el citado fondo local provincial. Seis millones para inversiones de reconstrucción de la Vega Baja tras la gota fría de septiembre; otros 6,2 millones para ayudas directas que ya estaban previstas pactadas en su día con el portavoz de Compromís, Gerard Fullana; cuatro millones para mejora de carreteras con un novedoso plan de caminos del que se podrán beneficiar unos 40 municipios; otros 5,3 millones para actuaciones ambientales con un programa de dos millones para zonas verdes y otro de un millón para repoblación de arbolado para 16 localidades; 600.000 para desarrollar proyectos de arquitectura; y 800.000 para la mejora del Hogar Provincial, actuación ya enmarcada en las negociaciones para cerrar su traspaso definitivo a la Generalitat.
Continúa la negociación con el PSPV y Compromís para los presupuestos
Previo a la reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación, el presidente Carlos Mazón mantuvo una nueva ronda negociadora con los socialistas y con Compromís para intentar llegar a un acuerdo sobre los presupuestos provinciales para 2020. El grupo que lidera Toni Francés quiere que en el presupuesto entre el Fondo de Cooperación de la Generalitat además de las cuantías para la gota fría de la Vega Baja, cantidades que Mazón quiere tramitar como un anexo con remanentes de tesorería. Desde Compromís, Gerard Fullana ha optado por poner el foco en conseguir mejoras para las localidades de menos de 5.000 habitantes. El equipo de gobierno del PP y Ciudadanos está convencido de que puede llegar a puntos de acuerdo con la izquierda. Pero fuentes de la Diputación reconocieron que los contactos entre todos los grupos están todavía «verdes» y que se alargarán hasta el mismo día del pleno provincial.
