La dirección regional del PP pondrá sus servicios jurídicos «a disposición» de los equipos directivos de centros educativos y asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) que se consideren «afectados» por los proyectos de centro derivados de la Ley de Plurilingüismo.

Los populares ofrecen este apoyo para «impugnar ante los tribunales» la «imposición lingüística del valenciano en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y educación de adultos en toda la Comunitat, a partir del próximo curso».

Así lo ha asegurado la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, en declaraciones a los medios en las Cortes, tras advertir que «se tendrán que impartir en valenciano al menos el 25% de asignaturas troncales, como Matemáticas, Física y Química o Historia, las de más carga curricular, más complicadas y con un lenguaje más especifico, tanto en zonas castellanohablantes como en las valencianohablantes».