Los municipios de la Comunidad Valenciana podrán contratar policías interinos el próximo año a pesar de la primera fractura del Botànic, que ayer vio en la sesión inicial del debate de presupuestos en el pleno de las Cortes como los diputados de Podemos votaban en contra de la propuesta defendida por el PSPV y Compromís para que los municipios puedan cubrir de forma provisional las vacantes que se produzcan en sus plantillas con agentes interinos, tal y como avala un fallo reciente del Tribunal Constitucional (TC). Si en la comisión de Economía, celebrada durante la pasada semana, Podemos dejó en minoría a sus socios del Consell, ayer, en el último trámite del debate plenario, esa enmienda apoyada por PSPV, Compromís y ahora por el Partido Popular -principal grupo de la oposición- permitió superar la mayoría necesaria a pesar de la negativa de la formación morada a sumarse a esta propuesta. El bloqueo anunciado por Podemos, que inicialmente apoyó también la derecha -incluido el PP-, puso en «pie de guerra» a todos los ayuntamientos que al ser conscientes de riesgo real que suponía no poder contratar a 400 agentes necesarios para garantizar la seguridad en tantas localidades, especialmente las turísticas.
El alivio para los alcaldes, muchos de ellos también del PP, llegó cuando se confirmó que los populares cambiaban el sentido de su voto en el pleno y se unían al PSPV y Compromís. Los tres partidos que acumulan la práctica totalidad del poder local en la Comunidad Valenciana pusieron freno a las críticas del alcaldes y concejales de diferentes signo político y se impusieron a la abstención de Cs y el voto contrario de Podemos y Vox, que coincidieron a la hora de no permitir la contratación de policías locales interinos. A pesar de la explicación del diputado socialista Ernest Blanch, partidario de permitir de forma «garantista» la interinidad mientras se «ajusta» la normativa a la realidad de muchos municipios. Con la moratoria a la prohibición para contratar agentes, como marca la Ley de Coordinación de Policías Locales, a punto de acabar -termina el 1 de enero-, la sentencia del TC abría otra vez la puerta a esta salida que permite, al menos por un tiempo, defender la estabilidad en estos cuerpos.
Solventar la situación
Sin embargo, para Unidas Podemos, su diputado Ferran Martínez justificó la oposición de su grupo por «coherencia» e insistió ayer en su negativa al considerar que la sentencia del TC no afecta a la Comunidad Valenciana, cuando además, creen que esta enmienda «no solventa» la situación, ya que lo que hay que hacer es desarrollar reglamentariamente Ley de Coordinación de Policías Locales. Por contra, el PP justificó el cambio del sentido de su voto por «responsabilidad», como indicó su síndica, Isabel Bonig. En esta misma línea, la portavoz adjunta de los populares, Eva Ortiz, aseguró que esta enmienda «es una chapuza con mayúsculas, negrita y subrayado» y condicionó el apoyo del PP a que se cree una comisión para modificar la ley hablando con ayuntamientos y policías. Por su parte, el diputado de Cs Antonio Woodward indicó que su grupo se abstuvo por «ayudar a los interinos», peguntó qué va a pasar con los interinos actuales y criticó que la ley de Acompañamiento «no es el lugar para solucionar este desaguisado», añadió.
La deuda de la Comunidad para pagar los servicios básicos supera ya desde 2012 los 40.000 millones
Un informe reciente asegura que la infrafinanciación causa que el 85% del endeudamiento se tenga con el Estado central
De cada diez euros que adeuda la Generalitat, 8,5 se los debe al Estado. Es la gran consecuencia de la infrafinanciación valenciana. Esta ha provocado que la Comunidad Valenciana haya recibido del Gobierno central 68.881 millones por distintos instrumentos de liquidez desde 2012. Es la forma con que cubre el déficit anual del Consell para financiar los servicios públicos fundamentales que están transferidos: sanidad, educación y atención a la dependencia.
La principal herramienta es el fondo de liquidez autonómica (FLA), préstamos estatales que incrementan la deuda valenciana y que han contribuido a que el coste anual de esta sea ya, por volumen económico, la segunda conselleria, solo por detrás de Sanidad. Los datos están extraídos del reciente informe Deuda pública 2019, dirigido por Juan Carlos Higueras, profesor de finanzas en EAE Business School. Cumplido el tercer trimestre de 2019, la Comunidad Valenciana acumula 47.877 millones de euros de deuda, dato conocido desde hace pocas semanas. Lo sustancial ahora es que 40.660 millones corresponden al Fondo de Financiación Autonómica. El 85% de la deuda pública valenciana es, por tanto, con el Estado.
Volumen de gasto
El Gobierno del Botànic ha aumentado en los últimos años su volumen de gasto público, con el argumento de que los ciudadanos no debían ser quienes sufrieran la infrafinanciación. No obstante, según los últimos datos, la inversión pública del Consell se acerca ya a la media de España, pero aún no la ha alcanzado. El reverso de la moneda es el incremento del déficit, el alejamiento de los objetivos de estabilidad y la necesidad de un mayor auxilio financiero por el Gobierno. La deuda es así uno de los lastres de la situación de las finanzas públicas valencianas. Los costes de amortización e intereses de créditos representan en el presupuesto de la Generalitat de 2020 un total de 6.411 millones. Es una cifra similar a los mecanismos extraordinarios de liquidez aprobados por el Ministerio de Hacienda para la Comunidad Valenciana este año (6.814 millones).
La solución a la deuda es un pilar fundamental de la llamada agenda valenciana. Incluso ha ganado trascendencia política ante la perspectiva de que la reforma del sistema de financiación autonómica tarde algunos años: los dirigentes del PSOE han hablado de aprobar el modelo antes de finalizar la legislatura, si consiguen formar Gobierno. Desde ese enfoque, cobra especial importancia conseguir del Ejecutivo alternativas para taponar el agujero de la deuda.
Condonación o mutualización son medidas anheladas, pero que generan rechazo en las comunidades que no sufren la infrafinanciación. Su argumento es que supondría premiar a las comunidades que no cumplen con los objetivos de estabilidad. Solo Cataluña presenta un panorama peor en el mapa de la deuda, con una cifra per cápita superior (10.475 euros frente a 9.625) pero un menor peso de los préstamos del Estado (FLA fundamentalmente) en el total del volumen de la deuda pública.
