Los valencianos tienen derecho a dirigirse a la administración autonómica en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada. Así se acordó ayer en la comisión de Economía de las Cortes, donde se continuó el debate de las 1.908 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios a los presupuestos de la Generalitat para 2020, gracias a una enmienda de Ciudadanos. La diputada socialista Ana Besalduch aseguró que aunque este derecho ya se cumple, los grupos que sustentan al Consell aceptan incluirlo en los presupuestos para reafirmar su compromiso con el fomento del uso del valenciano, frente a la «valencianofobia» que, a su juicio, refleja la oposición con su labor.
También aseguró que mientras en la enmienda aprobada abogan por fomentar el uso del valenciano en la Administración, en las 28 enmiendas de contenido económico que presentó Ciudadanos se «cargan la promoción del valenciano». Según destacó Besalduch «si no fomentamos el uso del valenciano y garantizamos que las personas tengan competencias en esta lengua, la Administración no podrá contestar en valenciano a quien se dirija así». Cabe recordar que, en su último informe, el Consejo de Europa ya alertó de la «situación preocupante» del valenciano, especialmente, en la administración.
En la sesión se aprobaron las 20 enmiendas presentadas por los grupos que sustentan el gobierno del Botànic, dirigidas a realizar «algunos reajustes» presupuestarios para ampliar la inversión en cultura, cambiar algunas nomenclaturas y apoyar a las entidades deportivas. Durante el debate se aprobaron también varias enmiendas del PP encaminadas a mejorar la accesibilidad en el ámbito cultural, así como dos transaccionadas con Ciudadanos para establecer una nueva red de bibliobuses para zonas rurales y costeras. La diputada Mercedes Ventura valoró esta aprobación pero criticó que no se haya aceptado dotar con 250.000 euros esta nueva red, así como que se haya rechazado crear una ley contra el acoso escolar o incluir entre los objetivos acabar con los barracones en los colegios.
Desde el PP, la diputada Beatriz Gascó denunció que el Botànic haya aprobado, a través de una enmienda, darle «25.000 euros más a la Universidad Ramón Llull» para promocionar el valenciano, cuando lo que tendrían que hacer es retirarle las subvenciones por dedicarse a promocionar el catalán y la cultura catalana. La diputada de Compromís Papi Robles lamentó que PP y CS se centren en criticar 25.000 euros de un presupuesto de más de 4.000 millones, como es el de Educación. Vox, como ya se ha publicado, no presentó ninguna enmienda alternativa a las cuentas.
