El debate de las enmiendas de la Ley de Presupuestos del Consell para 2020 inició ayer su andadura en las Cortes con una nueva propuesta del Gobierno del Botànic, en materia turística, por la que el próximo año se habilitará una partida de medio millón de euros que ampliará el Fondo de Cooperación Local (dotado con 40 millones de euros) con el objetivo de facilitar a los ayuntamientos su adaptación a la nueva ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana. La aplicación del futuro Estatuto del Municipio Turístico, que el Consell debe aprobar definitivamente en unas semanas, determinará las condiciones que una localidad debe superar para obtener el reconocimiento como municipio turístico, gestiones que conllevan un gasto y que el Consell quiere paliar con esta modificación a las cuentas para 2020. De esta media se pueden beneficiar unas 250 localidades de toda la Comunidad Valenciana, de las que 64 son alicantinas, 86 de Castellón y 102 de Valencia.
Esta nueva línea de ayudas estará incluida en el fondo de inversión que el Consell negocia con las diputaciones provinciales -incluida la de Alicante, que desde principios de legislatura forma parte de la agenda del presidente de la Generalitat, Ximo Puig y del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, después del bloqueo anterior en la época de César Sánchez al frente de la institución provincial-, aunque tendrá una «tramitación específica propia», que pasa de la Dirección General de Administración Local a Turismo Comunitat Valenciana, como ayer explicó el director general de Turismo, Herick Campos. El medio millón de euros se suma a la inversión en adecuación y mejora de los recursos y servicios turísticos, con una dotación en el presupuestos de 3.200.000 euros, y al programa de competitividad y desestacionalización de los destinos turísticos, que dispone de 2.585.000 euros más. Las tres partidas superan, por tanto los 6,2 millones de euros, que los ayuntamientos podrán comenzar a solicitar desde primeros de año cuando se lance la orden de ayudas, ya en fase de tramitación.
Junto a esta enmienda de calado que superó el primer día de debate en comisión (que se prolongará hoy y mañana viernes), los partidos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) prácticamente aceptaron solo una enmienda de Ciudadanos para incluir una nueva línea para la mejora de la accesibilidad de las playas valencianas, en colaboración con los ayuntamientos. Otra medida en materia turística. El Botànic rechazó el resto de enmiendas del área de Presidencia presentadas por la oposición en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, la mayoría del PP, mientras que las suyas salieron adelante con el apoyo de los tres grupos, que esta vez mostraron una imagen de unidad, muy contraria a las diferencias de los últimos días en la Ley de Acompañamiento a las cuentas de 2020.
En líneas generales, sobrevoló de nuevo la presión que el Botànic quiere seguir manteniendo sobre el Gobierno central al incluir en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2020 la inclusión de los 1.325 millones «de justicia social» por la infrafinanciación. La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, Aitana Mas, defendió que el Botànic debe «hacer presión» al próximo Gobierno de España para que cumpla con la partida reivindicativa de 1.325 millones de euros en los presupuestos autonómicos. Mas adelantó, en días claves de la negociación en Madrid para investir presidente a Pedro Sánchez, que si el Gobierno no reforma el modelo de financiación autonómica «de manera inmediata» el Consell seguirá incluyendo esta partida el resto de la legislatura con el objetivo de equiparar los derechos sociales a los de toda España. Por su contra, la oposición (PP, Cs y Vox) cargó contra esos ingresos que calificó de «ficticios e irreales», además de criticar a Podemos por «olvidarse de colectivos como las 'kellys' desde que han tocado moqueta».
Puig se compromete a que toda la energía que consuma la Generalitat sea renovable
El jefe del Consell participa en la Cumbre del Clima y destaca el papel de las regiones y las ciudades en la lucha contra el cambio climático
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, asistió ayer a la reunión que celebró el Comité Europeo de las Regiones en la Cumbre del Clima como presidente de la delegación española y destacó el papel fundamental de las regiones y su ámbito de toma de decisiones frente al cambio climático. Puig anunció que al término de la legislatura el 100% de la energía que consuman los edificios de la Generalitat será renovable. El objetivo es que la factura de casi 50 millones anuales que gasta la Administración autonómica en funcionamiento del conjunto de servicios que presta (como la propia administración, colegios u hospitales) «sean ofertados a través energía verde y renovable». Asimismo, informó de que la Generalitat prevé reducir su factura energética aumentando la eficiencia de sus edificios, mediante la instalación de paneles fotovoltaicos «en todos los centros dependientes de la Generalitat».
También avanzó que cuando se formalice el nuevo Gobierno solicitará la convocatoria de una conferencia de presidentes para abordar la participación de las comunidades autónomas frente al cambio climático, además de otras cuestiones como el modelo de financiación. Además, subrayó la importancia del Green Deal presentado ayer por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente ejecutivo, Frans Timmermans, del que señaló la necesidad de que se destinen los recursos necesarios para conseguir una transición ecológica justa. Puig defendió que la transición ecológica, que debe liderar la Unión Europea en todo el mundo, debe estar basada en la «justicia social», y consideró fundamental que la arquitectura institucional tenga en cuenta las regiones y las ciudades.
«Debemos dar seguridad e instrumentos para que el cambio esté basado en la justicia social y no en el que haya una mayor polarización y disgregación de la sociedad», manifestó. El jefe del Consell añadió que es necesario que la UE tenga «una estrategia concreta sobre el Mediterráneo», pues es la zona en la que hay un mayor riesgo de que el cambio climático «tenga una consecuencia directa rápidamente y debe tener una atención especial por parte de la UE».
