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Podemos deja en minoría a sus socios del Consell y veta que los municipios contraten a policías interinos

Los morados se desmarcan de la enmienda acordada por el Botànic y votan en contra de la enmienda que permite incorporaciones temporales

Sabina Escrig (PSPV), Fran Ferri (Compromís) y Naiara Davó (Unidas Podemos) ayer en las Cortes. Información

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2020 se ha ganado, por derecho propio, convertirse en uno de los grandes focos de conflicto del Botànic II en estos seis meses de mandato. Si el jueves pasado, la comisión de Economía de las Cortes donde se debatían las enmiendas a esta ley se tuvo que posponer ante la falta de acuerdo entre los socios del Gobierno autonómico (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos), la reanudación de esta comisión, celebrada ayer como paso previo imprescindible al pleno final de aprobación del proyecto, también acabó con una ruptura de unidad de voto dentro del Botànic. Podemos votó junto con la oposición en contra de una enmienda sobre los interinos en la Policía Local. En cambio, sí que se respetó el sentido del voto en otro asunto que estos días ha enfrentado a los componentes del gobierno, la bonificación de la sucesión de empresas agrícolas y de pequeño tamaño, algo que tampoco contenta plenamente a los socialistas, que inicialmente defendían la bonificación a todas las empresas en el impuesto de sucesiones, como lanzaron a modo de promesa electoral en la pasada campaña autonómica del mes de abril.

Respecto a la Policía Local, el Botànic había presentado una enmienda que permitiría contratar interinos, pero ayer no se aprobó porque Unidas Podemos se descolgó. La enmienda firmada inicialmente por los tres partidos del gobierno para modificar la ley de Coordinación de Policías Locales y posibilitar la reintroducción de la figura de interinos en los cuerpos municipales -una propuesta impulsada por la Conselleria de Justicia, en manos del PSPV- generó la primera fractura parlamentaria. La formación que lidera a nivel autonómico el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau votó en contra y además, su negativa no quedará ahí. Si no se cambia el criterio, la síndica de Unidas Podemos, Naiara Davó, aseguró que mantendrán esta postura durante el debate en el pleno.

La alcoyana Davó aseguró ayer que la enmienda rechazada por su partido tiene puntos que son necesarios, pero que Unidas Podemos se plantaba para evitar la interinidad y la temporalidad en el empleo. Cabe recordar que los morados apenas tienen concejales. En los comicios de mayo casi fueron borrados del mapa municipal. Le replicó la portavoz adjunta del PSPV, Sabina Escrig que recordó que hay muchos municipios que necesitan una solución a sus problemas y que además hay que cumplir con el Constitucional. Con todo, la enmienda seguirá viva hasta el pleno que se celebrará dentro de unas semanas. El PSPV intentará convencer en este tiempo a Podemos o incluso al PP, partido que rechaza la enmienda del Botànic pero que hace unos meses criticaba, en declaraciones de su presidenta, Isabel Bonig, que la nueva ley que impedía contratar a interinos iba a generar problemas de seguridad en los municipios. Ante lo que parece un doble discurso de los populares, el partido que encabeza Bonig se justifica en que no compartía el contenido del texto de la enmienda.

Mientras, la comisión de Presupuestos de las Cortes se reanudó ayer después de que el jueves tuviera que suspenderse por el desacuerdo del Botànic en otra enmienda, en este caso la de la bonificación al impuesto de sucesiones en la empresa familiar, y por el plantón de la oposición tras 45 minutos de espera. La comisión acabó de nuevo en bronca después de que el PP advirtiera por boca de su diputado Rubén Ibáñez que votar la nueva enmienda presentada por el Botànic era ilegal, por lo que durante varios minutos la comisión derivó en un intercambio de reproches y gritos. Y para cerrar el capítulo de discrepancias dentro del Botànic, este año no habrá debate sobre la imposición de una tasa a las bebidas azucaradas, como pedían Compromís y Unidas Podemos, pero rechaza el PSPV. Fran Ferri, síndic de Compromís, dijo que retiraban la enmienda por lealtad a un socio del Botànic, en este caso los socialistas.

El presidente de los alcaldes alerta de que no cuentan con efectivos suficientes

El presidente El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, expresó su preocupación por el conflicto abierto ante la posible modificación de la Ley de Coordinación de Policías locales. En concreto por la enmienda presentada por la Consellería de Justicia que posibilita a los ayuntamientos para la contratación de policías interinos en situaciones determinadas y por causas excepcionales.

A este respecto, Alfaro recordó que desde la Federación se ha elevado y trasladado a todos los colectivos participantes en el debate, incluidos los sindicatos, las dificultades que ocasionaba la desaparición de la figura de interinos en municipios que duplican su población en épocas estivales o por acontecimientos extraordinarios y que, por tanto, requieren de un refuerzo para garantizar la seguridad de la ciudadanía. «Desde la FVMP hemos manifestado, en los últimos dos años, la preocupación de alcaldes y alcaldesas de no disponer de efectivos suficientes para cubrir las necesidades reales que se dan en determinadas épocas y circunstancias», señaló el presidente recordando los acuerdos alcanzados en muchos municipios para solicitar la posibilidad de disponer de interinos.

Las jubilaciones anticipadas abocan a un «agujero» de 500 agentes en las plantillas

El bloqueo a la contratación de interinos con el Consell afrontará el ejercicio 2020 agrava la ya de por sí muy complicada situación por la que atraviesa la Policía Local de la inmensa mayoría de municipios. A la falta habitual de agentes que sufren las plantillas, el Real Decreto publicado a primeros de 2019 por el que se aprobó la normativa específica de la jubilación anticipada de los policías locales de España a partir de los 59 años, supuso que la provincia iba a perder, de forma progresiva, unos 500 efectivos de los 3.847 agentes con los que se contaba en se momento. Los sindicatos exigieron a los ayuntamientos que agilizaran los procesos selectivos de las plazas vacantes por la inminente jubilación anticipada, así como los procedimientos de consolidación de los actuales agentes interinos de forma flexible, por parte de las alcaldías y las jefaturas de Policía Local. Pero salvo alguna excepción contada, las gestiones para aumentar el número de agentes han sido escasas o todavía están en fase de tramitación, pendientes de exámenes y periodos de formación.

Deberes por hacer

Este pasado verano, la Generalitat abroncó a los ayuntamientos por no haber convocado los procesos de selección para regularizar los puestos de trabajo. Así se recogía en la Ley de Coordinación de Policías Locales, redactada en 2017, que daba tres ejercicios presupuestarios a los ayuntamientos para convocar los concursos públicos. Durante este tiempo, apenas una decena de los 280 entidades locales con cuerpos de policía propios convocaron plazas.

A estas alturas, ni los ayuntamientos ni la Generalitat ha hecho los deberes y de nuevo, ante el cambio de año, vuelven a condicionar de manera absoluta las nuevas jubilaciones que se añadirán a las esquilmadas plantillas en 2020. Tan solo en el Ayuntamiento de Alicante se podrán jubilar más de 60 agentes que superen los 59 años, mientras todavía no se ha completado el proceso para incorporar 89 efectivos de una oposición que aún está en marcha.

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