Madrid es un paraíso fiscal. Es una afirmación que el presidente de la Generalitat utiliza con frecuencia. La última, el fin de semana pasado, durante el encierro de cargos y diputados socialistas en l'Alfàs del Pi. La concentración de empresas por el efecto capital ha permitido a la Comunidad de Madrid una relajación de impuestos que supone una competencia desleal para el resto de territorios. De eso habla Ximo Puig cuando denuncia el dumping y el paraíso fiscal. De un centralismo económico que se une al político, más conocido por la acaparación de instituciones en la capital. A pesar de que es frecuente la reclamación de dispersar entidades (el Senado en Barcelona es un mantra guadianesco), no ha habido cambios en 41 años de Constitución.
Las cifras indican que el centralismo económico existe, si bien las explicaciones no son tan sencillas, según los expertos. Los datos del crecimiento de las diferentes autonomías en los últimos treinta años revelan que Madrid ha progresado muy por encima del resto. En 1990, su Producto Interior Bruto (PIB) real (teniendo en cuenta la variación de precios) estaba bastante por debajo del de Cataluña. Hoy lo supera: el adelanto se produjo en 2011, cuando arreciaba la crisis. La riqueza en este periodo Creció un 107,8% en Madrid, frente a un 79% en Cataluña. El fenómeno explica que las principales instituciones económicas catalanas (Foment del Treball o el Cercle d'Economia), sin respaldar el desafío independentista, sí estén reclamando acabar con el concepto de España radial. Las dos entidades citadas han encontrado en Puig un aliado para sus planteamientos de combate del centralismo económico.
No es casual. El progreso del PIB en la Comunidad Valenciana en estos treinta años es el menor entre los territorios de su entorno.: un 71,6%. Un avance inferior al de Cataluña, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha. Y muy similar al de Aragón. Está por debajo también de la media española (77,3%).
Si se compara el crecimiento de las dos comunidades en estos casi treinta años, el de Madrid es un 51 % superior al de la Comunidad Valenciana.
Un dato significativo es que la valenciana es de las autonomías cuyo PIB aún está por debajo de las cifras que alcanzó antes de la crisis. Ligeramente, pero por debajo del techo alcanzado en 2008. Madrid y Cataluña, por ejemplo, hace unos años que dieron por superado el bache. Con todo, la Comunidad Valenciana es la cuarta de España por volumen de su PIB real detrás de las dos citadas y Andalucía.
¿Por qué este desarrollo menor desde 1990? El gobierno autonómico y las principales organizaciones de la sociedad civil inciden en los últimos años (a partir de la recesión) en el lastre que supone el trato injusto en el reparto de los fondos del sistema de financiación de las autonomías. El presidente de la patronal CEV y uno de los principales representantes de la plataforma Per un finançament just, Salvador Navarro, argumenta los efectos que esta situación tiene sobre el desarrollo económico general de la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha de concentrar sus recursos en el gasto social y no puede invertir lo que convendría en políticas de fomento del empleo o en innovación y desarrollo. La infrafinanciación es, por tanto, un factor que lastra el crecimiento valenciano.
Pero no es el único. «La Comunitat Valenciana tiene un problema estructural de baja productividad, y detrás de ese problema hay variables como el menor esfuerzo inversor en investigación y desarrollo, el menor capital humano o la menor dotación de infraestructuras», explica el director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos.
El analista propone poner el foco en la renta por habitante, que es también sensiblemente inferior a la de España (un 12,2% por debajo). Maudos lo atribuye, en parte, a la comentada baja productividad. «Lamentablemente, nos parecemos cada vez más a las regiones pobres que a las ricas», sentencia.
El director adjunto del IVIE precisa además las habituales denuncias (de la periferia) sobre el centralismo económico y político y el pronunciado crecimiento de Madrid. «Ser la capital de España tiene muchas ventajas -admite-, pero no es fácil cuantificar qué parte de su mayor dinamismo se debe a ese hecho». «El crecimiento depende de la intensidad con la que ha aumentado el empleo y el capital y de las ganancias de productividad», razona.
Una nota para el optimismo, señala el experto, es que, si se observa el PIB por habitante de las autonomías, desde el año 2000 se han reducido las desigualdades entre territorios.
El debate de la carga fiscal cuenta además con una carga ideológica importante. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), recomendó a Puig el pasado octubre emular a Madrid y eliminar impuestos a las empresas. Puig replicó que quien practica dumping a las demás no debía dar lecciones. La izquierda ha evidenciado esta semana en las Corts que no está por esa labor: Compromís ha arrastrado al PSPV a aumentar el impuesto a la banca por las hipotecas y a restringir la bonificación a la empresa familiar que Puig prometió en campaña.
