La comisión de Hacienda de las Cortes Valencianas quedó ayer suspendida pasadas las dos de la tarde después de que los partidos del Botànic evidenciaran en público su desacuerdo en una de las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2020, la de la bonificación al impuesto de sucesiones a la empresa familiar, una promesa electoral del presidente del Consell, Ximo Puig. La izquierda estiró tanto la negociación que un receso que iba a ocupar 15 minutos superó los 45 y cerca ya de las dos de la tarde, la oposición (PP, Cs y Vox) decidió que ya no esperaba más y dio por acabada la reunión. Un plantón que se producía justo cuando los representantes de los tres partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) regresaban de nuevo a la sala de comisiones con un acuerdo que solo faltaba votar. Aunque existía la posibilidad de retomar la sesión, porque había suficientes diputados presentes, finalmente se decidió aplazar al lunes.

De ese forma, aunque sea de forma momentánea queda también pospuesto el proceso de tramitación de los presupuestos del Consell que tanto costaron de aprobar el pasado 31 de octubre con una tensa negociación en el pleno del gobierno valenciano. Finalmente, el Botànic acuerda bonificar al 99% el impuesto cuando se trate de negocios que pasan de padres a hijos en el ámbito agrícola y para empresarios individuales y profesionales. Pero la bonificación no se practicará a todas las empresas como quería Puig. Tanto para Compromís como para Unides Podem evitar la bonificación del impuesto a las grandes empresas era una línea roja, por lo que ganan el pulso abierto en el seno del Botànic. Fuentes de Podemos insistían en que la fiscalidad tiene que ser progresiva y que se puede bonificar a pequeñas empresas, pero no a las que facturan más de diez millones de euros, que ya tienen su beneficio y solo pagan el 4%. Pero había temor porque Ciudadanos presentaba una enmienda que podía seducir al PSPV. De hecho, los socialistas habían planteado durante los últimos días la posibilidad de alcanzar acuerdos con la derecha, aunque esto no se ha llegado a producir.

También se sale con la suya Compromís, que ve como se eleva del 1,9 al 2% el impuesto de actos jurídicos documentados que ahora pagan los bancos por formalizar hipotecas. En la coalición valencianista señalaban que no tenía sentido mantenerlo en el 1,9% cuando la mayoría de autonomías, Cantabría en los últimos días sin ir más lejos, lo situaban en el 2%, lo que permitirá a la Generalitat recaudar unos 32 millones. El porcentaje ha ido dando saltos en la negociación. Primero era del 2%, después pasó al 1,7 y al 1,9, para acabar de nuevo en el 2%

La derecha ve falta de respeto

Respecto al receso de 45 minutos, en el Botànic quitaban importancia y aseguraban que han tenido encuentros más tensos que el de ayer. E incluso sostienen que se pudo votar sin problemas y que recesos de este tipo deben tratarse desde la normalidad porque ya no existen las mayorías absolutas y los partidos debaten y acuerdan. Sin embargo, los diputados populares, de Ciudadanos y los ultras de Vox abandonaron la comisión con críticas al rodillo y a la falta de respeto de la izquierda que cambiaba enmiendas sobre la marcha. Desde el PP aseguran que no es reglamentario modificar enmiendas en el último momento, ni se pueden transaccionar porque se habían presentado de forma conjunta. La síndica adjunta de los populares, Eva Ortiz, llamó por teléfono a la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, para anunciarle lo que ocurría y decidir que abandonaban la comisión, lo que recibió el visto bueno de Bonig. En el PP aseguran que nunca se ha vivido una situación así con los partidos del gobierno revisando sus enmiendas.

La AIReF sitúa al territorio valenciano como el que más dificultades tendrá para cumplir con la estabilidad

Las últimas proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúan a la Comunidad Valenciana como la autonomía que más se alejará en 2020 de los objetivos de equilibrio presupuestario. Los informes del organismo señalan que el déficit del territorio podría alcanzar el 1,4% del PIB el próximo ejercicio. Junto a la Comunitat Valenciana, la AIReF señala a Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia como las autonomías que más dificultades tendrán para cumplir la estabilidad presupuestaria. El ajuste que deberán realizar estas cinco autonomías es muy superior a la media del subsector. La entidad recomienda a estas comunidades que realicen un estudio para identificar posibilidades de mejora en el gasto autonómico y planificar actuaciones concretas a medio plazo para continuar la senda de reducción del déficit y convergencia con los objetivos.

A la Comunidad Valenciana, que acumula casi un tercio del déficit autonómico, la AIReF sugiere actuaciones que favorezcan el cumplimiento de la regla de gasto. Su presidente, José Luis Escrivá, ya auguró hace una semana la dificultad de exigir a la Generalitat el cumplimiento de las reglas fiscales si persiste la situación de infrafinanciación actual, por lo que llamó a reformar el actual modelo. En términos del PIB, el déficit valenciano ha escalado al 1% en los nueve primeros meses de este año, una cifra muy por encima del 0,29% que registran de media el conjunto de las autonomías. La AIReF considera «factible», aunque ajustado que, en conjunto, las autonomías alcancen el objetivo de estabilidad de 2020, el 0,0 % del PIB.

Para 2020, el organismo estima que habrá una reducción del déficit de tres décimas del PIB, debido a la evolución de recursos de la financiación, que crecerán un 8%, y al mantenimiento del peso de los gastos.