La promesa fiscal del presidente Ximo Puig a la empresa familiar sigue en el aire y podría decaer hoy mismo en la comisión de Economía de las Cortes que debatirá las enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2020. Presidencia de la Generalitat no está por la labor de buscar los votos del PP y Ciudadanos para salvar la que fue la promesa «estrella» del jefe del Consell durante la campaña electoral de 2015, una propuesta para rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones a las empresas cuando el negocio pasa de padres a hijos. El PSPV en las Cortes anunció hace unas semanas que si no conseguía convencer a sus socios del Botànic para que la reducción fiscal se aplique a todas las empresas y no sólo a las de menor facturación (tal como queda reflejado en la enmienda que llegó a las Cortes con la firma del PSPV, Compromís y Unidas Podemos) buscaría los votos de las fuerzas de la derecha. Sin embargo, los socialistas aún no se han dirigido a los partidos de la oposición, dispuestos a pactar con el PSPV. No lo han hecho, ni parece que lo harán ya que el sentir en el Palau de la Generalitat es que es mejor que la propuesta no salga adelante este ejercicio que pactar con la derecha y tensar aún más las relaciones con los socios de gobierno. Se trata, subrayan, de una promesa para toda la legislatura.
Eso sí, los socialistas no descartan retirar su apoyo a la otra parte de la enmienda conjunta de los socios: el incremento del 1,9% del impuesto de actos jurídicos documentados que deben asumir los bancos cuando se formaliza una hipoteca. Este aumento de la presión fiscal a la banca ha sido promovida por Compromís. O todo o nada, apuntan desde las filas socialistas, lo que retrotrae este asunto a meses atrás. Cabe recordar, tal como en su día adelantó este diario, que tanto la rebaja fiscal de Puig como el incremento del impuesto a la banca cayó del proyecto de ley de acompañamiento ante la falta de acuerdo de Compromís y el PSPV en el Gobierno. Compromís no veía claro la ventaja fiscal a las empresas, si bien posteriormente se avino a un acuerdo que propició recuperar ambas propuestas fiscales a lo largo de la tramitación parlamentaria.
Sin embargo, el acuerdo se torció cuando el PSPV se percató de un error de calado. La enmienda firmada por los tres grupos (Podemos se sumó) contenía una limitación para las grandes empresas (una facturación superior de diez millones de euros) lo que mutilaba el anuncio fiscal plasmado en el programa electoral del PSPV. Y en este punto en el que el asunto volvió a encallarse. El PSPV pidió a sus socios que aceptaran una correción, pero Compromís se plantó alegando que políticamente no se puede favorecer a las grandes empresas y que su sí era condicionado. Los socialistas, por su parte, acusan a Compromís de intentar aprovecharse de un error.
Sea como fuera, la enmienda quedó en dique seco y ahí sigue. La amenaza de los socialistas de buscar a la derecha no se ha concretado y las negociaciones discretas se han seguido manteniendo el ámbito de los grupos que sostienen el Botànic. Compromís asegura que se moverá de su posición porque políticamente es inaceptable para ellos extender el 99% de reducción del impuesto a las grandes empresas. Sostienen que no quieren torpedear al PSPV y que, en todo caso, si se aprueba la rebaja fiscal limitada sería un avance para los socialistas. El dilema paralos socialistas es que si aprueba la enmienda deja fuera a buena parte de la empresa familiar y no cumpliría el objetivo que defienden de garantizar la continuidad de los negocios y de los empleos que genera.
Y mientras la negociación en el tripartito se atasca, el PP y Ciudadanos se mueven. Fuentes parlamentarias confirmaron ayer que ambos grupos, que tienen presentadas enmiendas al presupuesto para bonificar el impuesto de sucesiones, negociaban ayer un texto que se asemejara a la promesa fiscal de Ximo Puig. El objetivo es poner en un brete a los socialistas que podrían verse en la tesitura de tener que votar en contra de una enmienda que daría cumplimiento al anuncio electoral de Puig. Las fuentes consultadas precisan que una abstención del PSPV sería suficiente para que la propuesta se aprobara. En todo caso, se necesita alguna enmienda viva para seguir negociando en el pleno.
