El educador condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales continuados a una menor tutelada por la Generalitat ha dejado de trabajar ya en el centro de acogida de València donde se produjeron los hechos, entre 2016 y 2017. Según ha podido saber este diario, el monitor -exmarido de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra- no está acudiendo a su puesto en el hogar infantil de gestión privada, si bien los responsables del mismo no se han pronunciado sobre los hechos ni han aclarado si se han adoptado medidas contra el acusado o si éste habría abandonado el complejo por una decisión personal.
La propia Oltra telefoneó al centro para pedir que acatara de forma inmediata la sentencia dictada el lunes por la Audiencia de Valencia, que no es firme y admite recurso de apelación. En el entorno de la vicepresidenta confiaban ayer en el cumplimiento preventivo del fallo a todos los efectos. Desde el departamento que dirige la vicepresidenta Oltra, sin embargo, no precisan en qué punto se encuentra la concesión del servicio de acogida de niños y adolescentes protegidos por la administración autonómica en el centro en cuestión. Las fuentes consultadas en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se limitan a apuntar que los convenios de este tipo se renuevan cada dos años.
Adjudicación de plazas
Según ha podido comprobar este diario, la entidad responsable del complejo en el que se produjeron los abusos se adjudicó en 2018 la gestión de 24 plazas públicas de menores tutelados de 6 a 17 años por un importe de 711.150 euros. El periodo inicial de ejecución del servicio era de 12 meses.
En el marco de ese concurso, valorado en un montante de 17 millones de euros, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asignó en julio del año pasado un total de 260 plazas de atención general residencial en centros de acogida ubicados en la Comunidad Valenciana a un total de 15 asociaciones y fundaciones encargadas de la gestión.
La responsable del centro donde se han producido los abusos se adjudicó el mayor número de plazas en el lote más numeroso. El pliego correspondiente a la concesión obliga a los beneficiarios a «cumplir las obligaciones y derechos de la infancia» y a contar con un plan de autoprotección.
El martes, Mónica Oltra avaló la actuación del hogar infantil en cuestión una vez sentenciado el caso de abusos. La vicepresidenta defendió que el centro reaccionó de forma adecuada, con la puesta en marcha del oportuno protocolo, la apertura de una investigación y la notificación de los hechos a la conselleria. El departamento autonómico envió a una especialista para evaluar la situación, pero tras la visita se decidió no llevar a cabo más actuaciones.
La sentencia cuestiona que ni la directora del centro ni la psicóloga de la conselleria preguntaran a la menor de 14 años por los abusos en las entrevistas que mantuvieron con ella. Tampoco pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El acusado siguió trabajando en su puesto tras ser imputado por los hechos, mientras que la menor bajo tutela de la Generalitat fue trasladada a otras dependencias.
El PP pide comparecencias
PPPor otra parte, la síndica del PPCV, Isabel Bonig, pidió ayer la comparecencia en las Corts del presidente y la vicepresidenta del Consell, Ximo Puig y Mónica Oltra, a raíz de la condena del educador, un día después de solicitar una comisión de investigación. Bonig calificó este hecho de «muy grave» por lo que consideró que Puig y Oltra deberían «dar un paso y comparecer». La vicepresidenta ha defendido en todo momento la actuación de la administración.
