01 de diciembre de 2019
01.12.2019

Rotura de servicio

La UDEF confirma que un exasesor del PP fue un «elemento esencial» en la trama por la que se condenó al Ayuntamiento de Benidorm por la Copa Davis de 2009

30.11.2019 | 20:10

Para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante no hay dudas. Un exasesor del PP del Ayuntamiento de Benidorm, Enrique Muro, «se configura como un elemento esencial» en la sentencia que condenó a este ayuntamiento a pagar a la empresa adjudicataria de la organización de la eliminatoria de la Copa Davis de marzo de 2009 un sobrecoste de 607.700 euros (que sumado a los intereses de demora, habrá superado los 800.000 euros). Un asesor que trabajó entre 2005 y 2009 para el consistorio de Benidorm, contratado por el PP como consultor el área de Deportes, y que se encargó de «coordinar» la celebración de este gran evento junto con Gonzalo Morell, alto cargo con Eduardo Zaplana en el Consell. Ninguno de los dos llegó a tener una relación contractual con el Ayuntamiento de Benidorm que les permitiera tomar decisiones o representar al municipio, algo que la UDEF ha confirmado que sí hicieron.

En el caso de Muro, su intervención fue directa según consta en el informe policial, entregado este verano en el Juzgado número 3 de Benidorm, tanto cuando realizaba una defensa a ultranza de los intereses municipales mientras se estuvo gestionando la prueba deportiva, bajo mandato del PP, como cuando le tocó declarar en el juicio celebrado contra el Ayuntamiento, promovido por una denuncia que las empresas interpusieron contra el gobierno que había cambiado a manos del Partido Socialista. Delante del juez, el papel desempeñado por Enrique Muro fue «fundamental». Según consta en su declaración, testificó presuntamente a favor de la UTE adjudicataria, ya que «expresamente reconoció que el ayuntamiento en todo momento era conocedor de las modificaciones que se iban a producir». El desenlace de esta «rotura de servicio» al arrebatarle la ventaja que tenía su nuevo «rival», es una sentencia millonaria contraria a las arcas municipales y, al otro lado de la red, una causa judicial abierta por cometer los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho, con la Copa Davis de la capital del turismo de telón de fondo.

Todo favorable

No se había ni siquiera adjudicado el contrato a la UTE GP Spain por 400.000 euros (fechado el 12 de febrero de 2009), que Enrique Muro ya firmaba un informe favorable (20 enero 2009) en relación a la única oferta presentada al contrato de la Copa Davis, que «se ajusta y satisface la demanda solicitada recogida en el pliego de cláusulas administrativas». Dos días después, en una reunión en el Hotel Villaitana (22 enero), los dos coordinadores (Morell y Muro) pactan con las empresas y con la Real Federación Española de Tenis (RFET) un arreglo para «compensar» un aparente «incremento de coste» de 50.000 euros, calculado un par de semanas antes de levantar el estadio con capacidad para 14.000 personas en el aparcamiento de Terra Mítica. La empresa adjudicataria GP Spain concedía a la Federación Tenis 15 palcos cuya explotación estaba valorada en 96.860 euros y el consistorio trataba de facilitar a esta UTE un sponsor que ayudara a soportar los gastos extra.

Un mes después de que Rafa Nadal y David Ferrer vencieran al equipo serbio liderado por Novak Djokovic, los asesores Muro y Morell manifiestan en otro documento que «en ningún apartado del informe de construcción de las pistas de tenis se alude a la supuesta modificación en su orientación» a la que hace mención un escrito del director general de la RFET, Alberto Riba de la RFET. Incluso, el 1 de junio de 2009, en otro informe de los coordinadores se reconoce la entrega de palcos para la contraprestación de servicios con los sponsors del Ayuntamiento, Telefónica y Conselleria y que GP Spain también se hizo cargo de un aperitivo para 100 personas y la cena oficial de equipos para 300 comensales. Y en ningún caso se menciona que exista deuda alguna con la mercantil.

Todo cambió en otoño de 2010, un año después de que el PSOE se hiciera con el poder local merced a una moción de censura. En octubre de 2010 llegó la reclamación de la UTE, que generó una denuncia, un recurso municipal y una sentencia. El juez dio por bueno el saque directo de Muro: «Era evidente que los cambios iban a suponer un sobrecoste».

Punto, juego, set y partido.

La censura contra el alcalde, detonante del cambio de ideas

En la cronología de los hechos por los que el Ayuntamiento de Benidorm fue condenado a pagar un sobrecoste de 607.000 euros aparece la moción de censura por la que Agustín Navarro (PSOE), con el tránsfuga del PP José , se convirtió el 22 de septimbre de 2009 en el alcalde de la ciudad, seis meses después de la Copa Davis. Hasta ahí, Enrique Muro siempre apoyó al Gobierno del PP. En agosto de 2010, la UTE denunció al Ayuntamiento y todo cambió.

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