La Generalitat y la Diputación de Alicante están manteniendo conversaciones y acercando posturas para aprobar el Fondo de Cooperación Municipal, un proyecto autonómico mediante el que la institución alicantina aportaría 13,7 millones a repartir con criterios objetivos entre los municipios. Fuentes de las dos instituciones confirmaron ayer a este diario que existe una «buena sintonía» y una negociación «muy limpia» para tratar de llegar a un entendimiento. El equipo de gobierno provincial, formado por PP y Ciudadanos, está preparando sus presupuestos y valorando si finalmente incluye este montante económico en las cuentas de 2020 o bien se alcanza un compromiso de habilitar una partida similar de los remanentes de tesorería. También estudia aplicarlo mediante inversiones financieramente sostenibles. La propuesta realizada por la Generalitat es idéntica a la de años anteriores y persigue que el plan se aplique con agilidad para mejorar la financiación de las administraciones locales y que pueda ser utilizado, sin condiciones, en cualquier tipo de obra o proyecto, sin tener que presentarse a convocatorias y sin trabas administrativas.
Durante tres años los ayuntamientos de la provincia se han quedado sin la mitad del dinero del Fondo de Cooperación Local impulsado por la Generalitat como consecuencia del boicot de la Diputación, que fue la única gran institución de la Comunidad Valenciana que rechazó sumarse a ese proyecto que prevé el reparto de más de 27 millones de euros para los municipios alicantinos, de los que la mitad, 13,7 millones, tendrían que ser asumidos por la institución provincial. César Sánchez trató de evitar el modelo de criterios objetivos que marcaba la Generalitat, lo que forzó al presidente Ximo Puig a anunciar un proyecto de ley -que en la actualidad está en fase de redacción- para regular este instrumento de financiación local que potencia la autonomía de las corporaciones. Esta medida volvió a poner de manifiesto el pulso entre el Consell y la Diputación, que fue la única que en los últimos años se negó a aplicarlo. La negativa de César Sánchez a sumarse al fondo vía presupuestos alegando falta de capacidad económica ocasionó constantes desencuentros entre las dos instituciones y, de hecho, municipios de toda la provincia protestaron por esta decisión.
La aportación de la Generalitat alcanza los 40 millones de euros mientras que las tres diputaciones deben comprometer otra cantidad similar en función de su población. A la Diputación de Valencia le correspondían unos 21 millones y a la Castellón casi 5,7 millones. De hecho, el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar anunció la pasada semana la inyección de 20 millones adicionales de la corporación provincial al sistema del Fondo de Cooperación Municipal, de modo que su aportación total alcanzaría los 40 millones de euros el próximo año, lo que acentúa todavía más las desigualdades con la provincia de Alicante, que ha declinado sumarse en los últimos años con los 13,7 millones que le correspondía.
Por su parte, los portavoces de PSPV y Compromís en la Diputación, Toni Francés y Gerard Fullana, presionaron ayer al equipo de gobierno para que incluya esta medida en el presupuesto para 2020 para otorgarle más agilidad. Toni Francés pidió al equipo de gobierno que busque el consenso de todos los grupos en las cuentas y que incluya el mencionado plan local porque «es una reivindicación histórica». También Gerard Fullana explicó «PP y Ciudadanos no tienen claro si lo harán con la inversión sostenible o con el presupuesto» añadiendo que la oposición está dispuesta a «pactar enmiendas conjuntas porque entendemos que un plan de cooperación debe estar en el presupuesto y que los ayuntamientos no tengan acotado su uso».
El Consell ultima los trámites para convertirlo en ley
El marco legal para que el Fondo de Cooperación se convierta en ley está en fase avanzada de redacción y en un breve espacio de tiempo se someterá a exposición pública. La Generalitat ha incidido en que se trata de un fondo que da autonomía a los municipios, prácticamente no tiene trámites burocráticos y no es finalista, por lo que el 1 de enero los ayuntamientos ya tienen los recursos para decidir si hacen inversiones o cualquier otra actuación.
