Si en agosto fue el deshielo, en noviembre, la relación entre la Diputación de Alicante y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha empezado a coger temperatura. El presidente de la corporación alicantina, Carlos Mazón, devolvió ayer la visita que la consellera Mónica Oltra realizó en pleno verano al Palacio Provincial con el objetivo de seguir avanzando en la reordenación de las políticas sociales que desarrollan ambas instituciones. Con mucho camino con recorrer y con antecedentes negativos a la hora de tratar de devolver las «competencias impropias» que ejerce la Diputación desde hace lustros con la gestión del Hogar Provincial y el centro psiquiátrico Doctor Esquerdo, ayer, al menos se acordó cuando y dónde va a ponerse en marcha la anunciada Mesa Técnica de Servicios Sociales, formada por políticos y técnicos de ambas instituciones, con el fin de cerrar un pacto y ordenar todos esos servicios.
Esa primera cita, a la que tanto Mazón como Oltra le dieron un gran carácter simbólico, será el próximo 9 de diciembre en el Hogar Provincial, una instalación que la consellera no ha visitado y que tiene «muchas ganas de conocer» puesto que allí «trabaja a diario mucha gente con las personas más vulnerables». En este edificio construido hace más de 40 años y dedicado hoy en día tanto a la atención a menores como a la acogida a refugiados, ambas partes deben establecer los asuntos a tratar y enmarcarlos en un calendario concreto de actuaciones. Y ahí es donde habrá que traducir «mucha letra pequeña» por la que unos 500 trabajadores, que forman parte del Centro Doctor Esquerdo, el Hogar Provincial, el servicio de teleasistencia y el Instituto de la Familia Pedro Herrero, se deberán incorporar de manera progresiva a la plantilla de la Generalitat, ya sea en servicios sociales o en sanidad -otro tema que esta todavía por definir- por lo que sus condiciones laborales variarán.
A cambio, la institución provincial alicantina se debe hacer cargo de las atribuciones de le confiere la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos, aprobada por las Cortes en febrero de este año e impugnada por el PP ante el Tribunal Constitucional el pasado verano. Con este recurso actualmente admitido y en estudio, tanto la conselleria como la Diputación piensan seguir adelante en el desarrollo de la controvertida ley, a pesar de que uno de uno de los promotores de paralizar la norma autonómica fue el antiguo presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez. Para su sucesor, Carlos Mazón, este recurso no se entiende como un hándicap, y para la conselleria, «existe una buena disposición a colaborar», a pesar de que la Ley Valenciana de Servicios Sociales está en el alero.
Cooperar y no competir
Con ese afán de que «las instituciones están para cooperar y no para competir» (frase pronunciada ayer por la propia Mónica Oltra), una de las primeras cuestiones a definir será sobre qué porcentaje de población debe aplicar la ley la Diputación o la Generalitat. Inicialmente, en los municipios con menos de 20.000 habitantes se debe encargar la institución provincial, mientras que los de más población son competencia de la Generalitat. Pero ese límite, que en Castellón se marcó en 10.000 habitantes y en Valencia en 15.000, debe sufrir «mecanismos correctores» para que cada Diputación se encargue de manera real de la gestión social de un 22% de la población. Este asunto, de gran repercusión económica, se negociará en la mesa técnica de forma paralela al recurso que sigue vivo en el Constitucional. Otra forma de atemperar la relación entre Carlos Mazón y Mónica Oltra.
