Hace ahora 36 años, en los primeros pasos del despliegue del autogobierno, las Cortes Valencianas celebraron en la ciudad de Alicante el que, posiblemente, sea el pleno más importante de toda su historia. El 23 de noviembre, el hemiciclo autonómico se reunió en la Diputación con Antonio García Miralles como presidente del parlamento, Ciprià Ciscar de conseller de Educación y Joan Lerma al frente de la Generalitat para aprobar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, una norma que para siempre estará ligada a la provincia y que es conocida como la «Llei d'Alacant». La elección de la ciudad ni era casual ni una cuestión de puro trámite. Suponía implicar a Alicante en un gran acuerdo para la recuperación y dignificación de una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano. Todo ello en una provincia en la que conviven comarcas de predominio lingüístico del castellano con otras en las que el valenciano es mayoritario, una línea que marca pueblo a pueblo el Título V de la ley como un punto para poder garantizar la convivencia de ambos idiomas en el territorio.
Ahora, en un momento en el que los decibelios del conflicto del valenciano han ido creciendo como arma electoral de desgaste a riesgo de un enfrentamiento social, la reivindicación de una ley aprobada en su día con un consenso total y absoluto tanto a izquierda como a derecha puede facilitar, desde luego, una vía para suavizar ese debate. Hace ahora un año, la plataforma «Alacant pel Valencià», formada por entidades sociales y culturales, partidos políticos de izquierda, los principales sindicatos y la Universidad de Alicante intentó recuperar ese espacio de pacto que inspiraba la ley con un acto público en la Diputación, como sede de aquel histórico pleno de las Cortes, en el 35 aniversario de la aprobación. César Sánchez, entonces al mando de la institución provincial, se opuso a cualquier cesión para la iniciativa. Ni siquiera contestó a los organizadores. Era la etapa de los cañonazos más potentes desde la corporación provincial alicantina, la única gran institución que quedaba en manos del PP después de las municipales de 2015, contra cualquier acción del Consell vinculada al valenciano recurriendo, incluso, al arma del juzgado. La conmemoración de un hecho histórico que se celebró en Alicante se tuvo que refugiar en el espacio académico de la Seu Universitària.
Pero el cambio de gobierno en el Palacio Provincial puede acabar dando un giro. Habrá que ver el recorrido. Es un primer gesto. Cierto. Pero es un cambio en la posición de un dirigente con un papel determinante en la renovación pendiente del PP en el conjunto de la Comunidad y abre vías de diálogo. Carlos Mazón, actual presidente de la Diputación, en esta ocasión, sí ha optado por acceder a la petición de «Alacant pel Valencià» -organizadora de la cita- para celebrar el acto conmemorativo de la efeméride en los jardines del Palacio Provincial. Será el sábado por la mañana a partir de las once horas. Pero no sólo eso. Mazón, además, tiene previsto tomar la palabra durante el acto para dar la bienvenida a los asistentes a la Diputación. La intervención será conciliadora y de reivindicación de la doble realidad lingüística de la provincia. «Desde la comprensión, sin maximalismos ni imposiciones, pero quiero ayudar a la convivencia», declaró el dirigente del PP a este periódico, cuya alocución, por tanto, se pone en el foco por lo que pueda marcar respecto al futuro discurso de su partido. Es un movimiento que tiene más calado del que parece: alicantinizar la política valenciana. Rebajar la tensión social de este asunto desde el ejemplo que se marque en la provincia.
De la plataforma que promueve el evento, además de todos los partidos políticos de izquierdas, de los sindicatos o de la Universidad de Alicante, forman parte, entre otras organizaciones de todo tipo, Acció Cultural y Escola Valenciana, entidad que promueve la normalización lingüística en la escuela y a la que ayuntamientos del PP como El Campello -con el voto determinante de la ultraderecha de Vox- o Agost le han retirado las ayudas que recibían. Así que, de esta manera, la decisión de Carlos Mazón no solo es una enmienda, una más, a la herencia de su antecesor César Sánchez, hoy en el exilio madrileño del Congreso de los Diputados; sino también un punto de reflexión para los alcaldes del PP dispuestos a retirar subvenciones a las entidades que defienden la lengua por la presión de Vox; y además un mensaje para la ultraderecha, que ha recuperado el discurso más beligerante contra una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, como consta en el Estatuto de Autonomía. El gesto de Mazón, sin embargo, no tendrá traslación en el Ayuntamiento de Alicante. El alcalde Luis Barcala ha declinado su asistencia. Y está por ver cuál será la reacción de Isabel Bonig, que ha hecho de agitar el conflicto de la lengua uno de los ejes centrales del relato autonómico del PP. El acto será, por tanto, un punto que medirá la recuperación de un cierto grado de normalidad para rebajar el tono del conflicto y sacar del debate político, cuestión que debía estar al margen de las polémicas.
Una efeméride histórica en la corporación provincial que buscaba el consenso
El 23 de noviembre de 1983, con el modelo de autogobierno autonómico arrancando, las Cortes Valencianas se reunían en la Diputación de Alicante, sesión a la que corresponde la imagen, para aprobar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Los socialistas no necesitaban votos para sacar adelante el texto. Tenían una mayoría aplastante de 51 diputados frente a los 32 de la coalición que lideraba Alianza Popular y los 6 parlamentarios comunistas. Pero, sin embargo, aprobar esa norma sin romper la unidad del pueblo valenciano era tan importante que todos los esfuerzos se centraron en buscar una votación por unanimidad, como así ocurrió.
