«Sumamente exigua». De esta manera califica el Consell de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana la información que el Ejecutivo valenciano suministra a la ciudadanía sobre el parque móvil de la Generalitat y el uso de los coches oficiales. La reflexión, contenida en un informe publicado recientemente, reabre el debate sobre la opacidad de la Administración respecto a los vehículos que forman la flota de la Generalitat, un asunto controvertido desde hace años. El Consell de Transparencia, que responde a una cuestión que en su momento le planteó la conselleria que lideraba Manuel Alcaraz, se muestra partidario de que la Generalitat publicite más información a través de sus propios canales informativos.
Argumenta que ha comprobado que en otras Administraciones se da un nivel de detalle que no existe en la autonómica. «Se ha comprobado por parte de este consejo que otras Administraciones dan cumplida información al respecto de los vehículos, haciendo mención a cuestiones tales como el tipo de vehículo, la marca, el uso, y la adscripción e incluso tipología de los vehículos a efecto de emisiones medioambientales». Al consejo le llama la atención que el Botànic sea tan restrictivo a la hora de informar sobre su parque móvil. Así, hace mención a la información que consta en la página de la Generalitat relativa a la relación de vehículos por consellerías. En concreto, según ha comprobado este diario, la Generalitat informa en el Portal de Transparencia de la existencia de un total de 1.170 vehículos, de los que un total de 84 son coches al servicio de los altos cargos de la Generalitat.
Fuentes de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez, indicaron que, tras este informe, se está estudiando cómo ampliar la información. No obstante, desde este departamento se indicó que, en todo caso, estiman que el órgano consultor no se refiere al uso de los coches en el sentido de los desplazamientos de los altos cargos autonómicos.
La Inspección cuestiona el sistema de becarios de la Generalitat
La Inspección de Trabajo ha resuelto como «falsas becas» el trabajo que realizaban 28 becarios en Presidencia al considerar que realizaban labores de comunicación y periodismo como «si fueran un trabajador más». La Inspección obliga a la Generalitat a dar de alta en la Seguridad Social. La resolución es consecuencia de una denuncia que interpuso CC OO y que llevó a los inspectores a analizar cuatro departamentos de Presidencia. Soledad Fernández, de CC OO, explicó que la Generalitat «tendrá que abonar las cotizaciones de estos trabajadores». Según Fernández, estas personas tendrían derech a reclamar la diferencia salarial. De ser así, el trabajador pasaría de cobrar 1.069 euros -sueldo de becario- a unos 2.700.
