El espaldarazo definitivo que el Tribunal Constitucional le facilitó hace unas semanas a la Ley de Mancomunidades de la Generalitat, aprobada por las Cortes en 2018 y recurrida por 50 diputados del PP a petición de la Diputación de Alicante, ha dejado el camino libre al Consell para que aplique con todas sus consecuencias esta nueva normativa, basada en la creación y regulación de estos organismos de ámbito comarcal. Y todo ello a pesar de la corporación provincial alicantina que, tras la llegada de Carlos Mazón a la presidencia, insistió en aplazar su aplicación. A finales del pasado septiembre, el alto tribunal le dio un varapalo tanto al PP como a la Diputación de Alicante al entender que la Ley de Mancomunidades no vulnera la autonomía provincial al no excluir la colaboración con otros entes de carácter local. Vía libre para la Generalitat.
Solventado de forma definitiva este freno, el siguiente paso adoptado por el Botànic ha sido dotar con financiación suficiente la implantación de este nuevo texto legal, mejorando ampliamente su financiación con una partida incluida en los presupuestos de la Generalitat para 2020. El proyecto de cuentas autonómicas aprobado por el Consell el 31 de octubre y que estos días se está debatiendo en las Cortes Valencianas para que se sea ratificad antes de fin de año y se pueda aplicar desde el 1 de enero, incorpora un millón de euros para las mancomunidades con el objetivo de impulsar el asociacionismo municipal a través de esos organismos. Ese millón de euros supone un incremento del 67% de los fondos destinados a las mancomunidades, con el objetivo de hacer más fácil la adaptación a la Ley de Mancomunidades de 2018. Una norma que, al parecer de la Diputación, es un intento de minar a las instituciones provinciales. Esconde, en cualquier caso, un pulso político de calado en tanto que la corporación provincial es la principal que quedó en manos del PP tras los comicios municipales del pasado mayo.
En opinión del director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such, «es evidente que este nuevo presupuesto sirve para impulsar la Ley de Mancomunidades», sobre todo después de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, que «ha limpiado el camino -aseguró Such- para poder aplicar la totalidad de la ley». El alto cargo de la Generalitat explicó que, en la actualidad, su departamento está preparando la orden de las bases reguladoras para que las mancomunidades, especialmente aquellas de ámbito comarcal, «puedan recibir fondos para desarrollar una mayor delegación de competencias». Y en este caso, Such comentó que estas organizaciones supramunicipales podrán desplegar actividades «de todo tipo, ya sean sociales, culturales o de promoción económica».
El incremento de la dotación económica para «fomento y mantenimiento del asociacionismo local», que ya estaba recogida en el presupuesto para 2019, pasa de 600.000 euros un millón, al que se añaden otras partidas de ayudas a entidades locales. Este impulso económico al desarrollo de las mancomunidades, según Antoni Such, no debe contar con el rechazo de la Diputación de Alicante. «No creo que se oponga a una línea de ayudas en beneficio de la ciudadanía», dejó caer el dirigente socialista en un recado directo para Carlos Mazón. El director general de Administración Local apuntó, sobre otra cuestión clave de su área, que el «marco legal» para que Fondo de Cooperación Municipal se convierta en ley «está en fase avanzada de redacción y pronto se someterá a exposición pública para que los ayuntamientos y diputaciones puedan expresar su opinión», zanjó.
Nueva línea para captar más fondos desde Europa
Nueva línea para captar más fondos desde EuropaOtra novedad del presupuesto es una línea de ayudas de 100.000 euros para asesorar a los alcaldes sobre cuáles son las vías para captar fondos de la Unión Europea. A través de un convenio establecido con la Federación Valenciana de Municipios se orientará sobre la forma de solicitar las ayudas a las que pueden acceder los ayuntamientos. Con esa partida, según Such, se paliarán las dificultades de localidades que no tienen oficinas adecuadas para preparar proyectos.
Examen en la institución provincial
Eduardo Dolón inicia una ronda en la Diputación para trazar las prioridades de cada departamento en un proceso que medirá la estabilidad del ejecutivo. Ciudadanos pide reforzar las áreas que dirige con más fondos
El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, formado por el PP y Ciudadanos, se encuentra en plena fase de estudio del presupuesto provincial para 2020. El portavoz del PP y diputado de Presidencia, Economía y Régimen Interior, Eduardo Dolón, ya ha comenzado a recopilar las necesidades y prioridades de cada departamento mediante una ronda de contactos en las que los diputados están dando cuenta de la situación actual y de los proyectos pendientes de sus respectivas áreas. Está previsto que la próxima semana comiencen las reuniones con los representantes de la oposición. Eduardo Dolón mantendrá conversaciones con Toni Francés (PSPV) y Gerard Fullana (Compromís) y les presentará un documento redactado por los técnicos sobre la primera propuesta de presupuestos del equipo de gobierno. Según manifestó ayer Dolón a este medio, el objetivo y la prioridad para el presidente Carlos Mazón «es conseguir el consenso de todos los grupos políticos». Más allá de eso, el primer gobierno de coalición de la historia de la Diputación pasa su primer examen después de varias semanas de desacuerdos. Un episodio que va a poner a prueba, sin duda, la estabilidad del ejecutivo provincial.
Después de que Ximo Puig y Carlos Mazón anunciaran su intención de alcanzar un acuerdo sobre el Fondo de Cooperación Municipal, el equipo de gobierno ha comenzado la elaboración de las cuentas con la pretensión de buscar una fórmula para poderlo incluir -la nueva ley autonómica que lo reglamentará está ya muy avanzada- aunque reconociendo que «la disponibilidad de ese plan es compleja porque son fondos comprometidos a anualidades futuras». El objetivo de Ciudadanos es que el PP acepte reforzar las áreas que gestionan como Infraestructuras, Cultura o Transparencia: «Tiene que haber reparto equitativo de áreas, sin diferencias entre partidos». Infraestructuras ha impulsado cambios en contratación para extenderlos a otros departamentos como Ciclo Hídrico y Carreteras, y posiblemente a más áreas. Con este cambio se persigue agilizar los procesos de adjudicación y eliminar de criterios que no se están aplicando ya en otras administraciones «porque están obsoletos, como por ejemplo, las subastas donde solo se prima el precio».
Para los socialistas, los ejes fundamentales son incluir en los presupuestos iniciativas para el fomento y el desarrollo económico de los municipios, partidas para un paquete de medidas contra la despoblación, sumarse al fondo de cooperación municipal en los términos más ventajosos para los ayuntamientos y ayudas para la Vega Baja. Compromís intentará aglutinar partidas para que la distribución de ayudas a los municipios se realice «de forma más justa y sin burocracia a los municipios». Para ello proponen ampliar las cantidades del Plan de Obras para los próximos cuatro años. Habrá que ver las notas de todos una vez que finalice el trámite más importante del año en la Diputación.
