La voluntad del Consell del Botànic de analizar durante el próximo año la posible implantación de una tasa turística en la Comunidad se ha topado, una vez más, con la oposición del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quien ayer aseguró que tanto el conseller y vicepresidente Rubén Martínez Dalmau como el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer se comprometieron, en su momento, a aparcar este debate. Después de que los tres grupos que dan sustento al pacto autonómico (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) anunciaran que valorarán un paquete fiscal aplicado a las políticas verdes en el que se incluiría este impuesto enfocado sólo al ámbito municipal, Mazón manifestó: «Espero que no cometan ese error porque el turismo no se puede permitir más zozobra».
Al término de la reunión entre Mazón y Colomer en Alicante, el presidente ratificó la sintonía común respecto a la aplicación de la tasa turística, trasladando su rechazo frontal, «absoluto y para siempre, no porque queramos nosotros, sino porque escuchamos al sector que es el que está trabajando, ejecutando sus acciones y manteniendo los puestos de trabajo a lo largo de todo el año», según Mazón, quien ha defendido en todo momento que el sector «no entendería ningún debate cercano a la tasa turística y somos sensibles a sus necesidades, tanto nosotros como la Generalitat ».
Podemos estaba dispuesto a presentar una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2020 en defensa de la tasa turística, igual que ha hecho en los últimos años aunque sin éxito, ya que en todos los casos ha sido rechazada por sus socios. Sin embargo, esta semana decidió no presentar esa enmienda después de arrancar a los socialistas un compromiso para estudiar en 2020 su aplicación. El conseller de Hacienda Vicent Soler ha mantenido que cualquier decisión que se tome al respecto tendrá que ser de la mano del sector, defendiendo que no podemos «demonizar» una tasa que está en vigor en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Además, el conseller ha dejado claro que el Botánic no habla de una tasa unificada, «porque no tiene nada que ver el modelo de Benidorm con el de València o el de Montanejos, por poner tres ejemplos, uno de cada provincia».
Aunque el PSPV ha preferido aparcar este debate durante años al considerar que la tasa aplicada de forma generalizada crearía «serias disfunciones porque los modelos turísticos son diferentes», Compromís y Podemos han coincidido en su intención de sacar del cajón uno de sus principales caballos de batalla, bien sea mediante un proceso local cuya aplicación quede en manos de los municipios, de manera generalizada o a través de tramos autonómicos. El PSPV pretende buscar una solución para aquellos ayuntamientos que voluntariamente quieren adoptar un modelo similar al de gran parte de las ciudades europeas. En la ciudad de València, los socialistas se han mostrado favorables, aunque en el ámbito autonómico tanto Ximo Puig como Francesc Colomer han defendido la necesidad de contar con el apoyo del sector. No obstante, Carlos Mazón no ve con buenos ojos esa opción aunque sean los municipios los que decidan porque considera que si se abre la espita de una tasa aunque sea únicamente local, también se iniciará al final un debate generalizado.
Además de la falta de consenso entre los partidos políticos, abrir la caja de los truenos de este espinoso asunto tampoco ha sido del agrado del sector turístico alicantino y de buena parte de consistorios de la provincia. La mayoría de dirigentes municipales -con excepciones notables como la de José Chulvi, alcalde de Xàbia y líder provincial del PSPV-PSOE- han rechazado su aplicación al advertir sobre los perjuicios que este nuevo impuesto comportaría sobre la actividad turística de la Comunidad Valenciana.
