La Diputación de Alicante tiene pendientes 139 obras sin ejecutar por valor de 40 millones de euros procedentes del anterior mandato del PP con César Sánchez a la cabeza. Además de los diez meses de retraso del actual Plan de Obras que se aprobó hace dos semanas, la institución acumula un importante colapso en la ejecución de los proyectos de ejercicios anteriores, ya que, tomando 2016, como referencia más del 50% de las actuaciones están por finalizar. Con la aprobación del mayor programa inversor el pasado 30 de octubre, decenas de municipios se encontrarán ahora con dos obras por ejecutar, una situación que preocupa a los diputados de Ciudadanos, quienes han dado el visto bueno a la propuesta de los socialistas de poner en marcha un plan de choque para aliviar este colapso.
La vicepresidenta Julia Parra y el diputado de Obras, Javier Gutiérrez, ambos de Ciudadanos, no sólo han cogido el guante de los socialistas sino que, además, han aprovechado la ocasión para volver a poner el ventilador contra sus socios y criticar la falta de medios que han heredado. Reclaman, incluso, la paternidad de la iniciativa para agilizar las obras. «Me sorprende que después de tantos años de oposición, los socialistas se den cuenta ahora. Aceptamos su propuesta pero nosotros ya teníamos la idea de desbloquear la situación», explicó Gutiérrez.
Para el portavoz del PSPV en la Diputación, Toni Francés, estamos ante «un ejemplo más de que el PP no defiende el interés general. Debería haber aprobado el plan de obras a principios de año para dar respuesta a las necesidades de la provincia. Sin embargo, se sacó adelante con un retraso de diez meses por lo que la situación es cada vez más grave». Toni Francés denunció que «venimos de una situación de atasco en la ejecución de los programas porque el PP no ha sido capaz de ejecutar ni el 50% de los planes de inversiones en la provincia, por lo que ahora que se ha aprobado el actual plan de obras, los municipios se juntarán con dos trámites».
Los socialistas defienden que esta situación de colapso requiere un plan de choque para reforzar los servicios técnicos de la Diputación y dar más capacidad de ejecución. El objetivo final, según Francés, es «dar respuesta a la necesidad de los pueblos y ayudar a la dinamización económica de esta provincia», considerando que «las obras son un revulsivo para ayudar al crecimiento económico por lo que esta corporación tiene un reto para consensuar proyectos pero también para que las inversiones se conviertan en una realidad». El plan de choque propuesto por los socialistas y respaldado por Ciudadanos incluye un análisis para valorar qué servicios técnicos y de contratación habría que reforzar. En el desglose por años, de 2016 quedan 9 proyectos pendientes por 3,4 millones de euros; del plan de 2017 aprobado en febrero de ese año no se ejecutaron 32 obras por 13,8 millones, en 2018 quedan 50 proyectos por 17,3 millones mientras que las obras de este año tampoco han comenzado al haber sido aprobadas hace tan solo dos semanas. Uno de los primeros pasos para agilizar la situación es modificar los criterios de contratación y aprobar planes de obras de cuatro años. El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, confirmó los datos del colapso y aseguró ayer a este medio que «la ley de contratos aumentó el colapso de la gestión y por eso estamos buscando soluciones».
25 millones y 10 meses de retraso
El Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de Competencia Municipal 2019 está dotado con un presupuesto global superior a 25 millones de euros con los que se realizarán obras en 48 municipios alicantinos. De los 25 millones de euros, la Diputación aportará un 70%, lo que supone una inversión de más de 17 millones de euros en este ejercicio. El equipo de gobierno ha anunciado que los distintos grupos ya han comenzado a trabajar en sentar las bases para el próximo Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de las Comarcas Alicantinas 2020-2023 (Planifica).
El diputado del área Javier Gutiérrez adelantó que se va a plasmar en él no solo criterios objetivos en el reparto, sino también agilidad en la gestión, nuevos requisitos técnicos para mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia «en pro de la mejora de los servicios a los ciudadanos», según manifestó el también edil de Xixona. El programa 2020-2023 será pionero con la introducción de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. El diputado de Ciudadanos confirmó que «es esencial la participación de la institución provincial para promover propuestas sostenibles e innovadoras, y especialmente en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes donde los recursos son más limitados».
Habrá instrucción interna sobre las contrataciones
El responsable de Contratación en la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, del PP, trasladó ayer la implementación de los nuevos parámetros de contratación a la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y a los diputados de Carreteras, Alejandro Morant, e Infraestructuras, Javier Gutiérrez. éste último de Ciudadanos. Esta propuesta se plasmará en una instrucción interna en la que se reflejarán los nuevos criterios de contratación con la finalidad de unificarlos y de que se puedan realizar en mejores condiciones, según informó ayer el equipo de gobierno a través de un comunicado.
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Los dos socios en la Diputación coinciden en mejorar los sistemas de adjudicaciones de las obras municipales
La Diputación de Alicante unificará los criterios en la contratación de sus obras y servicios para dotar de mayor calidad y seguridad de ejecución las actuaciones que se desarrollen. Con este objetivo parte la propuesta realizada por los departamentos de Contratación e Infraestructuras de la institución provincial. Los socios de gobierno en las institución provincial alicantina trataron ayer de mostrar unión y evitar un nuevo roce en las negociaciones que han iniciado para sacar adelante las modificaciones en las adjudicaciones de obras y servicios.
En este sentido, el equipo de gobierno informó a través de un comunicado que desde Contratación se han estudiado diversas fórmulas para aunar los pliegos de condiciones en las obras y servicios que se concierten desde los mencionados departamentos y áreas de la Diputación. Entre las principales líneas de renovación, como ya adelantó ayer este diario, destaca la eliminación de las empresas que presenten ofertas temerarias a la baja, por el riesgo de que la actuación no se desarrolle en las condiciones previstas o no llegue a concluirse. También se contempla vigilar que el proyecto sea ecuánime y se realice según los criterios marcados previamente. Además, se persigue agilizar los trámites y dotar de un distintivo de calidad todas las fases de ejecución de la actuación.
Asimismo, la propuesta técnica del departamento de Contratación determina que, en ciertos casos, cuando el porcentaje de valoración subjetivo a la hora de adjudicar la obra sea superior al 50%, la institución provincial creará una Comisión Técnica encargada de evaluar las distintas ofertas y propuestas. Esto supondría que, cuando en los contratos de servicios la mano de obra sea el peso principal de la facturación, se primen los elementos de calidad del proyecto frente a los económicos, para evitar bajas temerarias que afecten a los trabajadores.
Es por ello que en la unificación de las nuevas líneas estipuladas por la Diputación de Alicante se exigirá una valoración mínima para que las empresas pasen a la segunda fase de oferta económica, priorizando en la primera ronda la calidad del servicio, el proyecto de gestión y la planificación de la obra. Estos parámetros serán de carácter general y dotarán de seguridad, calidad y transparencia la selección y contratación de las empresas y el proceso de ejecución de los trabajos, según confirmaron estas mismas fuentes.
