09 de noviembre de 2019
09.11.2019

Oltra admite errores en las denuncias de abusos a menores tutelados

Defiende la actuación de la Conselleria en el caso por el que ha sido juzgado su exmarido, pero reconoce fallos en la gestión de los procesos

08.11.2019 | 23:53

El juicio contra el exmarido de la vicepresidenta del Consell por un presunto delito de abusos sexuales a una menor tutelada marcó la última rueda de prensa de Mónica Oltra antes de las elecciones de este domingo. La máxima dirigente de Compromís no lo tuvo fácil y la de ayer fue la comparecencia más embarrada a la que se ha enfrentado desde que accedió al gobierno autonómico. La vicepresidenta repartió responsabilidades entre las administraciones que han formado parte de este caso concreto, aunque también admitió fallos en la gestión y posterior tramitación de denuncias de abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat.

«Parece que algunas cuestiones que ya están en la legislación no se estaban aplicando o, al menos, no correctamente, y se vio la necesidad de hacerlo vía instrucción a todas las direcciones de los centros», razonó Oltra. Según la vicepresidenta, existía un protocolo previo de comunicaciones, pero parece ser se hacía «en un tiempo diferido, no inmediatamente». «Las cosas ya han mejorado», señaló.

Los presuntos abusos juzgados este jueves por la Audiencia provincial se produjeron a finales del año 2016, cuando la menor tenía 14 años. Según se expuso en el juicio, el 13 de enero de 2017 la víctima le contó a la trabajadora de un centro de día que administra su patrimonio los hechos.

En paralelo, la Dirección Territorial elaboró un informe sobre los supuestos abusos, aunque en el mismo solo se le pregunta sobre los motivos por los que la menor pide cambiar de centro. En la Dirección Territorial de la Conselleria no dieron credibilidad a la denuncia y, por tanto, no se denuncian los hechos.

Unos meses después, en junio, la víctima se derrumbó y relató los hechos a un agente de la Policía durante una visita rutinaria al centro en el que se encontraba. Tras tener conocimiento de estos hechos, el agente trasladó el asunto a la Fiscalía de Menores, que inició una investigación que acabó con la interposición de una querella.

Tanto la Fiscalía, como el juzgado de instrucción y la forense que examinó a la denunciante sí que dieron creyeron a la víctima pese a que el acusado negó los hechos. El caso quedó visto para sentencia.

Preguntada por la afirmación que hizó la Fiscalía en el juicio en la que denunciaba la desprotección de la menor durante todo el proceso, Oltra negó que haya habido «ningún tipo de desprotección de ningún menor» y subrayó que «todos los requerimientos de Fiscalía se cumplen a rajatabla, como no puede ser de otra manera». Mónica Oltra marcó distancia con el caso de abusos sexuales en el centro de Segorbe, que acabó en archivo, y afirmó que ordenó su cierre porque el centro llegó a un acuerdo con el monitor investigado. El pacto, según Oltra, consistía en no pagarle el finiquito por despido a cambio de no denunciar.

La vicepresidenta Mónica Oltra, al igual que la magistrada que presidía el juicio contra su expareja, lamentó el trato que recibió la denunciante en el juicio, quien estuvo esposada en un pasillo hasta prestar declaración. Pese a la gravedad de los hechos enjuiciados, Oltra aseguró que la Conselleria que dirige no puede hacer nada para evitar que el acusado siga tratando con menores tutelados hasta que se dicte la sentencia.

«Si pasa en un centro privatizado, la gestión de personal no depende de la Conselleria, en todo caso lo que se pudo hacer es trasladar a la menor», insistió. La vicepresidenta de la Generalitat repitió en varias ocasiones que «la Conselleria no tiene mecanismos legales para hacer esto». «Hasta en el ámbito público debería ser con el consentimiento del trabajador si la plaza la tiene en propiedad», concluyó la dirigente.

Investigación interna sobre las ayudas al valenciano denunciadas


Anticorrupción espera recibir el caso para valorar si aplaza la declaración del hermano de Ximo Puig

La Generalitat Valenciana ha iniciado una investigación interna para aclarar las irregularidades en torno a las subvenciones para el fomento del valenciano denunciadas por el PP y una extrabajadora de la empresa Kriol Produccions SL, de los hermanos Adell Bover.

La investigación interna incluye las ayudas públicas adjudicadas a las sociedades del hermano del presidente Ximo Puig, Francis Puig, y las de Kriol, que a su vez comparte intereses con las de Puig, según la denuncia presentada por la extrabajadora ante la Fiscalía. Esta mujer, expareja de uno de los empresarios denunciados, ha denunciado la existencia de una supuesta red de mercantiles con sede en Castellón dedicada a la obtención de subvenciones «de todas las consellerias posibles» mediante falsedades.

No obstante, la parte de la investigación interna que afecta a Francis Puig ha quedado suspendida a la espera de que finalicen las diligencias abiertas por el juzgado recientemente.

Así lo confirmó ayer la vicepresidenta Mónica Oltra en la rueda de prensa celebrada tras el pleno del Consell. La dirigente hizo hincapié en que la Generalitat «está actuando» dentro de la responsabilidad del Consell de «velar por el buen funcionamiento de la administración pública» en la concesión de subvenciones. «Se actúa desde el primer momento que llega una denuncia privada», recalcó.

«Hasta que no acabe la parte judicializada, la obligación de la administración es trasladar al juzgado todo lo que le pida», explicó la portavoz del Consell, insistiendo en que la Generalitat solo puede actuar en el ámbito administrativo.

La Fiscalía Anticorrupción sigue sin estar personada en la causa que investiga al hermano de Puig a la espera de recibir el informe favorable de la Fiscalía General del estado (FGE). Una vez se persone en la causa, se valorará si solicita la suspensión de las declaraciones del hermano de Puig y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, previstas para el día 10 de diciembre, para que Anticorrupción revise los expedientes denunciados y prepare los interrogatorios. No se descarta declarar secreta la causa si necesita más tiempo para investigar, explicaron ayer fuentes judiciales.

Mientras, la trabajadora de Kriol declaró este jueves ante la representantes de Delitos Económicos de la Fiscalía y ratificó el contenido de su denuncia. La Fiscalía valorará su vincula ambas investigaciones o las instruye por separado.

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