El cruce de quejas de las últimas horas ante la Junta Electoral de Alicante ha acabado con la victoria de los socialistas y la derrota del PP. Por un lado, la Junta Electoral dio ayer la razón al PSPV en cuanto a la denuncia interpuesta por el vídeo que el portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, Adrián Ballester, hizo tras el pleno celebrado esta semana en el Palacio Provincial, por uso indebido de medios públicos para lanzar mensajes políticos y electorales. En el documento se obliga a Adrián Ballester a retirar de sus redes sociales el video, que grabó con medios de la Diputación para difundir un mensaje de partido.
La resolución señala como «clara» la utilización de medios públicos para grabar el vídeo en el que se recogen las declaraciones de Ballester y que «no resulta equiparable» a la grabación de las intervenciones durante el pleno. Asimismo, indica que el formato es «análogo» a las declaraciones periodísticas en calidad de portavoz del PP para comentar una resolución del pleno, aunque «ninguna de estas circunstancias excluye la aplicación del artículo 50.2 de la LOREG». Ese artículo establece que desde la convocatoria electoral y hasta las elecciones queda prohibido cualquier acto con alusiones a «logros obtenidos». En el video, Ballester hacía referencia a que el pleno había rechazado el requisito lingüístico, como el implantado por el Ayuntamiento de Dénia para el acceso a la función pública. «Contienen elementos valorativos. Las connotaciones electoralistas son claras», subraya la Junta Electoral sobre las declaraciones del portavoz del equipo de gobierno ante el micrófono de los equipos de comunicación de la Diputación.
El grupo provincial socialista, a través de su portavoz Toni Francés, acusó al PP de estar utilizando «de manera vergonzosa la Diputación de Alicante con fines claramente partidistas que, además, se ven agravados por producirse a tan solo tres días de las elecciones». Para el portavoz del PSPV-PSOE, estamos ante un «uso obsceno de los medios públicos de la institución provincial, mucho más en pleno proceso electoral y a apenas tres días de las elecciones». Según Francés «esta acción es éticamente reprobable independientemente del proceso electoral y habla bien a las claras de que lo presentado en el pleno por el PP era pura campaña, pese a que el presidente de la Diputación se esforzará en justificar la urgencia de las mismas».
Por otro lado, la Junta Electoral archivó ayer la denuncia interpuesta por Adrián Ballester contra la Generalitat por «el uso electoralista de medios públicos» al anunciar una ayuda de cuatro millones de euros y 400 contratos en la Vega Baja «que no se ha aprobado de manera oficial todavía» según advirtió el representante legal de los populares, Adrián Ballester. La Junta decidió archivar las actuaciones por no ser constitutivas de infracción. La resolución señala que «en cuanto al contenido hay que decir que contiene una información aparentemente objetiva del estado de un grave problema por el que está pasando la provincia y de las medidas adoptadas para paliarlo», añadiendo que «no puede decirse que sea una exhibición o proclamación de logros máxime cuando la información viene al hilo de la inmediata contratación de 400 personas desempleadas, por lo que resulta obvio que no puden paralizarse».
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