La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha confirmado este viernes que el centro de menores donde permanecía ingresada la joven que ha denunciado por presuntos abusos sexuales a un monitor activó el protocolo tras la denuncia y ha defendido a la actuación de la Conselleria en el caso. El acusado es Luis Eduardo R. I., exmarido de Oltra, y este jueves negó los hechos en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València.
El acusado sigue trabajando en el centro de menores donde presuntamente se produjeron los abusos y, según ha asegurado la vicepresidenta, al tratarse de un centro de gestión privada, la Conselleria no puede apartar temporalmente al trabajador hasta que se dicte la sentencia.
"La política de personal del centro, cuando no son públicos, la Conselleria no puede actuar. Lo he explicado en diversas ocasiones, es la problemática de tener un sistema de protección mayoritariamente privatizado", ha añadido en la reuda de prensa posterior al pleno del Consell. Según Oltra, cuando hechos como este se producen en un centro público, la Conselleria traslada al investigado a otro centro. "Si pasa en un centro privatizado, la gestión de personal no depende de la Conselleria, en todo caso lo que se pudo hacer es trasladar a la menor" en función a un requerimiento de la Fiscalía de Menores.
A la pregunta de si la Conselleria no puede intervenir para que un monitor acusado por abusos sexuales no trate con menores tutelados, Oltra ha dicho que "la Conselleria no tiene mecanismos legales para hacer esto". "Hasta en el ámbito público debería ser con el consentimiento del trabajador si la plaza la tiene en propiedad", ha añadido la dirigente.
Los presuntos abusos se produjeron entre finales del año 2016. El 13 de enero de 2017 la víctima le cuenta a la trabajadora de un centro de día que administra su patrimonio los hechos. En paralelo, la Dirección Territorial elabora un informe sobre los supuestos abusos, aunque en el mismo solo se le pregunta sobre los motivos por los que la menor pide cambiar de centro. Unos meses después, en junio, la víctima se derrumba y relata los hechos a un agente de la Policía. Inmediatamente después, el agente traslada el caso a la Fiscalía de Menores, que inicia una investigación que acaba con la interposición de una querella.
A la pregunta de por qué la Dirección Territorial no denuncia estos hechos desde que tiene conocimiento de ellos, la vicepresidente ha admitido que no existía ningún protocolo de actuación en este sentido y que por ese motivo el centro de menores no comunicó la denuncia al ministerio público. En septiembre de 2017 se modificó el documento y se comunicó a los centros la obligación de acudir a la Justicia cada vez que se tenga conocimiento de casos de presuntos abusos sexuales a menores tutelados.
Oltra ha lamentado, al igual que la magistrada de la Audiencia, que la denunciante esperara la celebración del juicio esposada en un pasillo.
