Era uno de los plenos más esperados en la Diputación por la importancia de poner punto final a los ingresos sin justificar que tradicionalmente se han llevado a cabo en la política de subvenciones. Ayer todos los grupos de la institución dieron el visto bueno a una enmienda presentada al texto original de Compromís en la que aprobaron el cambio del artículo 9 de la ordenanza actual, que hace referencia a las transferencias a los grupos políticos y a las pautas para acreditarlas. A partir de ahora, el PP tendrá que presentar un certificado del partido, una memoria anual de gastos y concretar los datos referentes a la facturación. Exactamente igual que el resto de partidos, pero en el caso de los populares esta modificación del reglamento es muy significativa al ser el único partido que en el mandato anterior no acreditó la mayoría de sus gastos.
El pleno se desarrolló con un áspero debate con más contenido de campaña que de gestión. En plena carrera electoral hacia el 10-N, el equipo de gobierno centró sus críticas en el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, e intentó hacer suya la iniciativa de la transparencia. La presión de Compromís en plena carrera electoral y acudiendo incluso a los juzgados por las cantidades del mandato anterior ha forzado al PP a aprobar un cambio en el control de sus gastos y rectificar las actuaciones de los cuatro años anteriores con César Sánchez a la cabeza. A partir de ahora, la gestión del expresidente en este asunto se queda a merced de la justicia tras la denuncia presentada por Compromís, que ya se ha empezado a tramitar en los juzgados.
Desde 2016, el grupo de Gerard Fullana ha presentado esta proposición en varias ocasiones pero el PP se había negado a aceptarla en un intento de evitar justificar ese dinero. Sin mayoría absoluta y con un gobierno que se mueve con roces a diario, el PP aceptó negociar y finalmente alcanzó un acuerdo en aras de mejorar la fiscalización y el control de las transferencias de fondos que los grupos políticos realizan a sus respectivos partidos, tal y como exigieron desde Ciudadanos ante la propuesta de Compromís. Tanto este punto como el resto generaron ayer una fuerte discusión ente el presidente Carlos Mazón y Gerard Fullana. En esta cara a cara dialéctico, el dirigente del PP evidenció, de nuevo, su liderazgo casi en solitario dentro del gobierno frente a un combativo Fullana que se convirtió en el protagonista de la oposición.
Con esta aprobación se avanza en «una anomalía que duraba más de 40 años», según manifestó el diputado de Compromís. «Defendemos la modificación del actual reglamento con la finalidad de alcanzar una total fiscalización», aseguró el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez. Desde el PP Adrián Ballester destacó la importancia de alcanzar un pacto unánime y dijo que a partir de ahora habrá una doble fiscalización, tanto en el pleno como en el Tribunal de Cuentas. El PSPV recordó que, frente a las acciones del PP, en 2018 le correspondía 106.145 euros como grupo (16.330 euros por grupo y 8.165 por diputado) y sólo solicitó que se le transfirieran 39.000 euros, de los cuáles sólo gastó 1.213 euros, por lo que devolvió a la Diputación 37.786 euros. Nunca ha superado el 15% de la asignación.
Con un ambiente de campaña, el PP intentó estirar al máximo el debate sobre las mociones presentadas de urgencia relacionadas con Cataluña o el requisito lingüístico. El equipo de gobierno aprobó una propuesta de respaldo a las tareas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de rechazo a la violencia vivida en Cataluña tras la sentencia de «el procés» además de oponerse a que los funcionarios tengan que saber valenciano para atender a la gente que así lo solicite.
García Egea reclama más ayudas para los regantes de la Vega Baja
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, visitó ayer la mota del río Segura a la altura de Almoradí, rota por el temporal del mes de septiembre, antes de reunirse con los regantes en el Juzgado de Aguas de la localidad. García Egea estuvo acompañado por la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig; el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; el presidente del PP en la provincia de Alicante, Eduardo Dolón, y los cabezas de lista al Congreso y al Senado, César Sánchez y Pablo Ruz, respectivamente, entre otros cargos. García Egea instó a Ximo Puig, a que «trate a los agricultores de la Vega Baja con la misma diligencia con la que trata a su propia familia», y le pidió que «se dedique a trabajar para todos los ciudadanos».
Mazón descarga parte de la gestión de Turismo en su gerente: podrá adjudicar hasta los 40.000 euros
El equipo de gobierno del PP y Ciudadanos rechaza que el Patronato se coordine con Turisme de la Generalitat
El pleno de la Diputación aprobó ayer la modificación de los estatutos del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, de manera que se incorpora una segunda vicepresidencia para Eduardo Dolón y se dota al gerente ejecutivo de la capacidad de realizar contratos de hasta 40.000 euros. La modificación salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos, la abstención del PSPV y el voto en contra de Compromís, que planteó tres enmiendas a la modificación, que fueron rechazadas. Gerard Fullana criticó la creación de esa segunda vicepresidencia y pidió no dotar con capacidad de contratación al gerente después del caso de Suma en el que el director Manuel Bonilla fue destituido por Carlos Mazón tras conocer su imputación en un procedimiento judicial por unas supuestas irregularidades por contratos menores. En una tercera enmienda, la coalición solicitó que el Patronato se coordine con la Agència Valenciana de Turisme (AVT).
El equipo de gobierno votó en contra de todas las enmiendas al alegar que se presentaron «siete minutos antes» del inicio de la sesión, según indicó el presidente Mazón, que acusó a Fullana de querer «hacer partidismo» con ellas. El diputado popular Adrián Ballester explicó que la modificación llega para «dotar de mayor agilidad» al Patronato y a cada uno de los órganos colegiados» y mantuvo que con la nueva vicepresidencia no aumentará el número de políticos que forman parte del organismo autónomo. Frente a ello, Gerard Fullana acusó al PP de «no estar contento» con que Ciudadanos asuma la única vicepresidencia existente hasta ahora. Además, precisó que, según el Estatuto de Autonomía, las competencias de turismo están en manos de la Generalitat, por lo que debía asegurarse la coordinación con la Agència de Turisme. El portavoz socialista Toni Francés instó a Compromís a trabajar esas enmiendas y a volver a traerlas al pleno y justificó la abstención en el escaso tiempo que ha tenido para su estudio. El pleno también dio su visto bueno a una modificación de los estatutos del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, que salió adelante con el PP, Ciudadanos y Compromís y la abstención de los socialistas.
Por otro lado, el equipo de gobierno aprobó una moción para instar al Consell a rebajar los impuestos a ciudadanos y empresas, reducir los tipos impositivos en el tramo autonómico del IRPF y eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La propuesta contó con la abstención de Compromís y el voto en contra del grupo socialista. La diputada provincial María Gómez indicó que «estamos en un momento de desaceleración económica, por lo que es necesario que se adopten medidas encaminadas a la reducción de impuestos que permitan a los ciudadanos disponer de mayor liquidez, incrementar el consumo interno y generar así empleo». María Gómez añadió la oportunidad de impulsar esta moción «en un momento en el que las distintas administraciones están elaborando sus presupuestos».
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