Ciudadanos ha ido un paso más lejos en el control de la gestión de la Diputación dando una vuelta de tuerca a sus exigencias para velar por el cumplimiento de la Ley de la Transparencia, tanto en el Palacio Provincial como, posteriormente, para trasladarlas a los municipios de la provincia. Los movimientos de la formación de Albert Rivera por minimizar el posible retroceso electoral del 10-N les ha forzado a marcar perfil propio frente a sus socios del PP en la Diputación para levantar la bandera de la fiscalización y del compromiso por garantizar que hasta el último euro que salga de la institución sea controlado. Presentarán en el pleno de hoy un informe de la vicepresidenta y diputada de Cultura y Transparencia, Julia Parra, sobre la gestión de la anualidad de 2018, aún en el mandato de César Sánchez, hoy número uno del PP al Congreso. Este documento se engloba en un ambicioso paquete de medidas que incluye la creación de un Observatorio de la Transparencia como organismo para estrechar el control sobre el Palacio Provincial.
Los sondeos merman sus opciones políticas y el partido es consciente de que su caída beneficiaría, al menos en esta cita del 10-N, al PP y a Vox. La opción para mostrar músculo en un escenario tan complejo es evidenciar que llevan la iniciativa. En ese empeño por encontrar su sitio a la desesperada y con un claro perfil de campaña, Ciudadanos está presionando al PP para garantizar que cualquier persona tenga acceso a toda la información sobre las cuentas, los gastos y los sueldos. Además, con un lenguaje sencillo que resulte fácil de entender. Es la médula de sus reivindicaciones. Su hoja de ruta es dotar al área de Transparencia de los recursos técnicos y humanos, tras haber encontrado un departamento minúsculo con solo una persona encargada, a la vez, del Boletín Oficial de la Provincia, la imprenta y la propia fiscalización de las buenas prácticas en la institución. Así se ha gestionado en las últimas dos décadas.
Con el objetivo de cumplir las obligaciones formales marcadas por la ley para acceder a información, el proyecto de Ciudadanos incluye también la labor pedagógica del personal, además de la adecuación e implantación de nuevas aplicaciones informáticas. Otra de las novedades será implantar la figura del defensor del denunciante, a través de una persona independiente que será elegida por consenso en un pleno y que se encargará de recibir y cursar quejar confidenciales. La intención es buscar a un trabajador formado con conocimientos técnicos y jurídicos y que garantice el buen funcionamiento. Además de publicar en el portal los estados de ejecución en tiempo real de cada área, la idea de Ciudadanos es informar a los que así lo soliciten tanto de los gastos directos de los grupos como de las asignaciones a los partidos políticos. También será una prioridad la asistencia a los municipios y para ello se implantará paulatinamente el modelo en las localidades que así lo deseen con la pertinente formación de los técnicos.
Esta primera fase inicial de encaje para alinear prioridades se podría demorar hasta el primer trimestre del año. En cuanto al Observatorio, la intención es tramitar y aprobar un nuevo presupuesto para 2020 y darle forma jurídica para que pueda entrar en funcionamiento en 2021. Aunque fuentes del partido han asegurado que durante los últimos años se ha cumplido la ley, también han reconocido que han encontrado un departamento al ralentí con multitud de dificultades para hacer accesibles los datos. En cuanto a los órganos de Gobierno, la idea es aplicar un nuevo sistema contable para que todos los grupos publiquen los gastos y que los ciudadanos sepan a qué se dedica cada euro que sale de la Diputación. El gobierno, a impulso de Cs, se comprometerá a colgar en la web mensualmente y con carácter retroactivo tanto los gastos directos como las asignaciones a los partidos, tras la polémica suscitada por la falta de justificación del PP en el anterior mandato. El primer proyecto de esta batería de medidas será encargar una auditoría a una empresa externa para valorar el nivel de transparencia de la Diputación y de los municipios. Ahora está por ver si el PP acepta este planteamiento de los que son, hasta aquí, sus socios o si el intento por controlar la gestión vuelve a zarandear el gobierno en el Palacio Provincial.
El PP agita su batalla con el valenciano y el «procés» catalán a cuatro días del 10-N
La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, exigió ayer al presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que «rectifique la hoja de ruta del PSPV de Dénia y no imponga el requisito lingüístico para ser funcionario». Con la intención de agitar conflictos que le pueden favorecer en plena campaña electoral, el grupo popular en la Diputación de Alicante también presentará hoy una moción para pedir que el valenciano no pueda ser un requisito excluyente ni barrera impeditiva para acceder al empleo público, concursar o promocionar mediante pruebas selectivas y sí un mérito. Además del requisito lingüístico, el PP elevará al pleno una moción para declarar su condena a los actos violentos «protagonizados en los últimos días por elementos radicales en Cataluña», además de manifestar su solidaridad y aliento a los ciudadanos que están sufriendo esta situación, mostrando su apoyo incondicional a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Policía Autonómica catalana y, en especial, a todos aquellos de sus miembros que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones «por su impecable labor y la profesionalidad demostrada para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos».
Cesión de los populares para justificar el dinero que ingresan de las arcas provinciales
La presión de Compromís y de Ciudadanos fuerza al PP a negociar una enmienda para acreditar esas transferencias
Los portavoces de todos los grupos de la Diputación (PP, PSPV, Ciudadanos y Compromís) han pactado una enmienda a la propuesta presentada por Gerard Fullana para modificar la reglamentación y a partir de ahora acreditar las dotaciones económicas asignadas a los partidos, alegando que los grupos políticos podrán transferir a sus cúpulas provinciales los fondos asignados y que dicha transferencia deberá ser como consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido, o como contrapartida por servicios de realización de actos conjuntos y los gastos derivados de los mismos, asistencia, asesoramiento, consultoría o servicios análogos prestados al grupo por cada fuerza.
Por acuerdo unánime de todos los grupos después de una fuerte polémica por la falta de justificación de los gastos del PP durante el mandato pasado, la acreditación de dicha transferencia de fondos al partido político se hará mediante una certificación, con el visto bueno del portavoz del grupo, junto a una memoria anual justificativa de las actividades desarrolladas con el grupo en el periodo correspondiente, de acuerdo a un modelo adjunto al documento en el que los partidos tendrán que detallar los gastos, la empresa, el concepto y la fecha. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, indicó que este acuerdo, en la práctica, implicará aportar la facturas, por lo que «me doy por satisfecho». La presión de Compromís y de Ciudadanos ha forzado al PP a aprobar esta enmienda que además contaba con el beneplácito de los socialistas. El portavoz del PP, Adrián Ballester, manifestó ayer su satisfacción por haber consensuado la enmienda y, en otro orden de cosas, informó de que la Comisión de Ciclo Hídrico ha aprobado las convocatorias de subvenciones para la reparación y de obras de saneamiento por 2,3 millones.
