El número de altos cargos en la Administración valenciana y del personal eventual al servicio de las distintas consellerías ha alcanzado la cifra más alta desde que gobierna el Botànic. El aumento lo recoge el anexo dedicado a personal dentro de los presupuestos que el Consell aprobó el jueves y que ya se tramita en las Cortes. Las cuentas detallan un aumento de las nóminas de altos cargos y asesores que pasa de 9,4 millones de euros a 14,4, cinco millones en un año. El aumento del número de departamentos del ejecutivo valenciano, que ha crecido de los diez que tenía el primer Botànic a los doce del segundo para dar entrada a un tercer partido, Unides Podem, y la mayor dotación de personal que se ha introducido en algunas áreas de gobierno se ha traducido en un crecimiento destacado del gasto asociado a altos cargos y también del personal de libre designación.
Las cifras que incorpora el presupuesto presentado el jueves por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, elevan el número de altos cargos a 145 cuando en las cuentas del ejercicio en curso eran 101. También se ha producido un aumento del personal de libre designación, que pasa de 78 a 119. Además de ser la cifra más elevada desde que gobierna la izquierda es superior a la que dejaron los últimos gobiernos del PP. El tripartito tiene en Presidencia el mayor número de dirigentes y también de eventuales, seguido de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad además de Educación y Cultura. Las consellerías que menos gastan en sueldos de altos cargos son las de Participación, Justicia y Política Territorial. Este capítulo no ha dejado de crecer año tras año desde que los partidos de izquierda firmaron el primer Pacte del Botànic en 2015 para desalojar al PP. La oposición lleva varios meses criticando un gasto que considera desmesurado.
Por contra, el Consell defiende la necesidad de contar con el personal necesario para gestionar un presupuesto que este año vuelve a ser el más elevado de la historia con 23.021 millones, contando el sector público. Pero ello no quita que cuando estaban en la oposición, los partidos ahora en el poder siempre defendieron la necesidad de rebajar el número de cargos. El ejecutivo se defiende en que faltan manos en una administración raquítica y que sigue siendo una de las que menor número de personal tiene de todas las autonomías en función de la población a la que atiende.
Baja ejecución
Por otra parte, a 30 de septiembre, es decir, a un trimestre de finalizar el ejercicio, solo dos departamentos (Presidencia y Economía) han logrado gastar la mitad de lo que tenían previsto para obras. El resto, es decir, ocho, entre ellas las consellerías sociales barajaban en esas fechas un nivel ejecutorio bastante pobre, por debajo en muchos casos, del 33%. Así, salvo la Conselleria de Vivienda que tiene en fase de obligaciones reconocidas netas el 46% de su capítulo VI y VII, el resto solo está por debajo del tercio de lo programado. La baja ejecución de las inversiones es un mal de la Administración de la Generalitat que se arrastra desde hace años. El Botànic se encontró con el problema añadido del conocido como el Plan Camps que acaba lastrando la foto de la ejecución en todas las cuentas ante las dificultades de los ayuntamientos de gestionar los proyectos subvencionados.
La gestión de dinero de Innovación por Economía siembra dudas jurídicas
La bronca política entre el PSPV y Compromís por la gestión de los fondos de Innovación que estuvo a punto el viernes de hacer saltar por los aires los presupuestos de la Generalitat de 2020 y casi el mismo Consell (con amagos de dimisión el más alto nivel en Innovación) tiene otra variante: la jurídica. La decisión final de que determinadas líneas de subvención para los institutos tecnológicos se queden en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) tiene, según algunas fuentes, un problema que podría acarrear consecuencias. Tanto el decreto que fija la estructura del Consell como el reglamento orgánico y funcional (ROF) de la Conselleria de Innovación blindan las competencias en materia de innovación e institutos tecnológicos para el departamento que dirige la consellera ilicitana Carolina Pascual. El ROF recibió el visto bueno del Ejecutivo y está pendiente de su publicación en el DOGV. Sin embargo, frente a esta normativa, el proyecto presupuestario que se ha llevado a las Cortes Valencianas contiene una fe de errores que reasigna al Ivace las líneas que, por cuestión competencial, habían pasado inicialmente a la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). En principio, una solución sería la modificación del propio ROF para evitar una contradicción que podría ser usado como base para un recurso por aquellos con un interés legítimo, por ejemplo, beneficiarios de la ayuda que quedaran fuera del reparto. También es dudoso que Intervención fiscalice esas ayudas.
