La querella que ha presentado el PP contra el grupo de comunicación vinculado al hermano del presidente Ximo Puig, Francis Puig, ha sacudido la placidez de los primeros compases de la secuela del Botànic.

Es la primera investigación judicial destacada de la legislatura y sus consecuencias son impredecibles, al igual que su recorrido. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dirigir el caso ante la gravedad de los delitos, la elevada cuantía de las subvenciones denunciadas y la imputación de un alto cargo, Rubén Trenzano (Compromís), director de Política Lingüística.

Dos de los fiscales que suenan con fuerza para dirigir la acción de Anticorrupción son Pablo Ponce -el fiscal de los casos Taula o Zaplana-; y Virgina Abad, la fiscal que logró la condena por el saqueo de Emarsa y ahora investiga el IVAM.

Lo primero que hará el juzgado es comprobar la veracidad del relato y si los hechos encajan en los delitos. El caso ha estado algo más de un año recorriendo juzgados por un conflicto de competencia sin entrar en el fondo. Finalmente ha sido el Tribunal Superior de Justicia quien ha ordenado que se investigue en València.

Las dos sociedades bajo sospecha vinculadas a Francis Puig son Comunicació dels Ports SA -se constituyó en 1988- y Mas Mut, fundada en 2004.

Según la querella, estas dos empresas han obtenido, desde el año 2015 hasta la actualidad, ayudas económicas para el fomento del valenciano, tanto por parte de la Generalitat como por parte de los gobiernos de Cataluña y Aragón. Y «todas ellas por los mismos conceptos». En realidad, estas empresas han obtenido más subvenciones años atrás, pero no figuran en la querella del PP porque el documento vincula las subvenciones a un presunto trato de favor por ser el hermano del president Ximo Puig.

El PP sostiene que todos los controles de la Administración han fallado en este asunto y que Francis Puig sobredimensionó su audiencia para multiplicar la ayuda que le correspondía. Dijo tener una audiencia estimada de 35.000 personas pese a que en la comarca de Els Ports residen poco más de 5.000.

La mayoría de medios audiovisuales o comarcales no certifican sus audiencias, pues cuentan con pocos recursos económicos. En el caso de Nord TV, la televisión del grupo denunciado, su página web recoge que emiten para Els Ports, Maestrat, Maestrazgo y Matarranya, esta última una zona compartida por varias comunidades autónomas.

La querella sugiere que «no es casualidad» que las firmas del hermano de Puig «sean las únicas que han disfrutado» de la subvención en todas sus modalidades.

Entre los indicios de criminalidad la denuncia destaca «personas cuyo salario se utiliza como gasto duplicadamente en distintas partidas» o «medios que comparten contenidos pero reciben subvención separadamente».

Así, el PP denuncia que «existe una total confusión entre los medios de ambas empresas, de modo que, aunque ambas reciben subvención, se reutilizan mutuamente sus contenidos subvencionados». Además, se han encontrado gastos «duplicados e, incluso, triplicados»; y en la convocatoria de 2015 no se requería licencia -Nord TV no la tenía- y en 2016 sí -ya la tenía-.

Sobre este último aspecto, fuentes de la Generalitat razonaron que se fijó este criterio en la primera convocatoria por la sentencia del Supremo que anulaba las licencias de TDT y muchas televisiones locales quedaban fuera. Se resolvió y se volvió a incluir.

En el caso de las ayudas recibidas por el Gobierno de Aragón, la querella afirma que es para «la mejora de la accesibilidad a las tecnologías», por lo que no guardaría relación con el valenciano. Francis Puig y Trenzano están citados el 10 de diciembre, pero podría aplazarse si Anticorrupción necesita más tiempo para investigar.

Los hechos denunciados por el PP en su querella

1 Audiencia bajo sospecha

La querella destaca que el grupo de comunicación vinculado al hermano de Puig es el único de toda la Comunitat que recibe la ayuda en todas sus modalidades. Aseguró que tenía una audiencia media de 35.000 espectadores cuando en la comarca de Els Ports viven poco más de 5.000 personas.

2 Facturas duplicadas

Los querellados afirman que hay salarios que se utilizan como gasto duplicado entre empresas del grupo. Además, en distintas partidas la mayoría de los gastos se encuentran duplicados e, incluso, triplicados, recoge la querella. En paralelo recibía subvenciones de Aragón y Cataluña.

3 Licencia y plan de control

La televisión de Francis Puig no tenía licencia de emisión en 2015 y sí la tuvo ya en 2016. La convocatoria de la subvención en 2015 no requería de licencia y sí en 2016. Con anterioridad a 2015 también se exigía. No se aplicó el plan de control porque no existía hasta 2018, un hecho que para el PP confirmaría las «actuaciones arbitrarias» a favor de los intereses del hermano del president.

4 Trato de favor

Denuncian que el grupo de empresas de Francis Puig ha aumentado sus beneficios desde que su hermano es presidente y Rubén Trenzano director general de Política Lingüística.

Los argumentos de defensa de los querellados

1 Audiencia en varias comarcas

Según la página web, su área de influencia es Els Ports, Maestrat, Maestrazgo y Matarranya, esta última una zona que abarca varias comunidades, aunque no aparece en el certificado que presentó. La mayoría de medios audiovisuales locales no miden audiencias.

2 Facturas justificadas

En el momento en el que se solicitó la subvención no aparecían ayudas de otras comunidades. Las empresas bajo sospecha dicen que sus proyectos tienen más gastos que subvenciones. La ayuda de Aragón es para modernizar sus medios.

3 La sentencia del TS y controles

En 2012, el Supremo anuló todas las licencias de TDT dadas por el PP en 2006. En 2015 el asunto no estaba resuelto y se eliminó este requisito para que no quedaran fuera la mayoría de TV locales. Cuando se encontró la solución a las licencias, se volvió a exigir el requisito. El sistema de control era el mismo en 2014 y 2015.

4 Sin privilegios

Rechazan un trato de favor porque este año se darán más de 170 ayudas a decenas de empresas. Se han otorgado 464 ayudas por 8 millones, de los que el grupo del hermano de Puig ha recibido 338.996 euros.

Programa piloto

Un proyecto escolar con un capítulo

Entre las ayudas denunciadas aparece una concedida a través de la modalidad «proyecto singular» que sirvió para grabar un programa escolar. El hermano de Puig aportó el material audiovisual y un plan de marketing. La ayuda era para un único programa, pero el PP sostiene que también incluía su emisión. La Abogacía niega un trato privilegiado, pero el PP quiere que la Justicia investigue y que se pronuncie.