Todos los grupos políticos de la Diputación de Alicante (PP, Ciudadanos, PSPV y Compromís) están negociando una propuesta planteada la formación de Gerard Fullana para establecer unas normas que garanticen una efectiva fiscalización del dinero que reciben los diferentes partidos a través de la institución provincial. La presión de la coalición con el respaldo del PSPV y especialmente de Ciudadanos ha forzado al PP a dar un paso al frente y entrar en los contactos para cuadrar un texto que acabe con la controversia generada al ser el único partido que durante la anterior etapa no dio a conocer públicamente a qué dedicaba la asignación que recibía desde la Diputación. Otra herencia de César Sánchez que se le ha indigestado a Carlos Mazón.
Esta negociación es independiente a la admisión a trámite por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante del recurso presentado por Compromís contra la resolución acordada en agosto sobre las asignaciones a cada grupo político después de que el PP decidiera, con el visto bueno de Ciudadanos, mantener la vía de financiación que en el mandato anterior le permitió recibir medio millón de euros sin presentar facturas para justificarla. Ahora Compromís ha registrado una nueva propuesta de ordenanza en la institución que, lejos de convertirse en un nuevo conflicto político, lleva camino de constituir uno de los pocos acuerdos alcanzados entre el gobierno y la oposición. Se trata de una nueva reglamentación que impide la práctica habitual de los últimos 40 años de ingresar dinero de los grupos políticos a sus respectivos partidos sin acreditar el destino de los fondos. Para Compromís, la actual ordenanza es difusa y «existe una interpretación de los técnicos de la Intervención que provoca que no se garantice el marco normativo, según el cual el gasto del dinero que se ingresa a los partidos tiene que estar vinculado a la acción de los grupos de la Diputación», según el diputado Gerard Fullana.
Ante este planteamiento, el PP, que defiende la legalidad de sus asignaciones, está dispuesto a cambiar el modelo para garantizar que todos los grupos justifiquen mediante una memoria las actividades que realizan con sus partidos políticos y que acrediten las transferencias. El objetivo es dar mayor transparencia a las asignaciones que reciben desde la institución. El portavoz del PP, Adrián Ballester, afirmó ayer que «el dinero está auditado por el Tribunal de Cuentas pero aún así queremos dar una vuelta de tuerca para ser más transparentes» añadiendo que «trataremos de pactar un texto y modificar el artículo 9 que ha generado polémica pese a que es lo que todos los grupos hacen, incluso Compromís en las Cortes». También el diputado de Ciudadanos Javier Gutiérrez se comprometió a proponer cambios pese a estar de acuerdo con el actual contenido: «El reglamento establece en qué te puedes gastar el dinero y es muy completo pero ahora queremos que todos los grupos justifiquen los gastos de la misma manera y sin diferencias».
El portavoz del PSPV, Toni Francés, por su parte, confirmó ayer que buscará el consenso y recordó que ya en el pleno anunció su intención de cambiar la justificación de las asignaciones económicas. Al igual que ocurrió con la investigación sobre el temporal de la Vega Baja, ahora los grupos de la Diputación no quieren desmarcarse de una propuesta que persigue que la transparencia sea el eje central de la acción política. El que salga de la negociación tendrá muy difícil justificar su posición.
Cruce entre los socialistas y el PP por la crisis en Suma
El grupo socialista en la Diputación solicitará la convocatoria «urgente» de una reunión de Suma con el fin de conocer «los pormenores del cese» del director de Suma, Manuel Bonilla, quien está investigado por un juzgado, a instancias de la Fiscalía, por supuestamente fraccionar contratos entre 2016 y 2018. El popular Adrián Ballester atacó a los socialistas por su «silencio» sobre el alcalde de Benejúzar y diputado, procesado, y sobre el imputado hermano de Ximo Puig.
