La auditoría financiera practicada por la Sindicatura de Comptes sobre los dos principales organismos de gestión de À Punt, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), ha aflorado múltiples incumplimientos normativos y "deficiencias significativas" en las cuentas correspondientes a 2018.
Los informes publicados hoy por la entidad de fiscalización hacen hincapié en que el déficit de la radiotelevisión pública y los bajos ingresos propios por publicidad y otras vías son motivos previstos en la ley autonómica aprobada por la Generalitat para que sean cesados todos los miembros del Consejo Rector de la CVMC, los cuales se encuentran en funciones a la espera de una renovación de cargos por parte de los diferentes partidos en las Corts.
La auditoría ve insuficiente la información facilitada por los órganos de dirección de À Punt sobre las contabilidad y los gastos de personal de 2018 y señala como "inadecuada" la manera de contabilizar las compras en la CVMC. "Tampoco se informa sobre los anticipos pagados a empresas adjudicatarias de contratos sin requerirlos las garantías oportunas", que durante el año pasado ascendiron a 32,8 millones de euros.
La Sindicatura detalla "incumplimientos significativos" en la normativa aplicable a la SAMC, a la que se adscriben la mayor parte de la plantilla de À Punt. En primer lugar, esta entidad excedió en 22 millones de euros su presupuesto para operaciones corrientes. En segundo, la auditoría apunta a la contratación de un directivo "sin la realización previa de un proceso selectivo" que marca la ley y aprecia "importantes deficiencias" relativas a los criterios de adjudicación y a los contratos menores, como es el caso del fraccionamiento. En algunos de los expedientes revisados no consta que se haya requerido a los adjudicatarios que acrediten determinados requisitos para contratar", tal como recalca el informe.
Entre las recomendaciones que hace la Sindicatura para mejorar la gestión de À Punt destaca la convenviencia de "proponer un cambio en la normativa reguladora que prevea la prestación del servicio público a través de una única entidad", fusionando la SAMC y la CVMC y evitando la actual estructura dual vigente.
Respecto a la CVMC, la auditoría destaca que este organismo no ha contabilizado en el pasivo del balance los 9,98 millones de euros correspondientes al reintegro reclamado por la Generalitat a raíz de las transferencias dirigidas a À Punt y no destinadas de forma efectiva a su finalidad prevista. Como informó este diario, el órgano de la radiotelevisión no está conforme con ese pago y negocia una salida con el gobierno autonómico. La Sindicatura considera que, con un seguimiento adecuado de la ejecución presupuestaria y del contrato programa, esta situación de reintegro podría haberse detectado y corregido, tramitando adecuadamente las modificaciones presupuestarias oportunas.
Por último, según el informe, CVMC "no contabiliza adecuadamente las ventas de existencias a la SAMC" y ha pagado anticipos de 7,64 millones de euros a empresas adjudicatarias de contratos "sin requerirles las garantías oportunas".
