Compromís ha registrado una nueva propuesta de ordenanza en la Diputación de Alicante que pretende impulsar una nueva reglamentación que impida la práctica habitual de los últimos 40 años en la institución de ingresar dinero de los grupos políticos a sus respectivos partidos sin acreditar el destino de los fondos. En la actualidad, denuncia Compromís, existe "una ordenanza difusa y una interpretación de parte de los técnicos" de la intervención que provoca que no se pueda garantizar el marco normativo, según el cual el gasto del dinero que se ingresa a los partidos tiene que estar vinculado a la acción de los grupos de la Diputación.
Hace dos semanas Compromís anunció la admisión a trámite de su demanda por el juzgado por el ingreso entre 2015 y 2019 de fondos públicos de la Diputación -cerca de medio millón de euros sin acreditar- del grupo del Partido Popular a sus cuentas. Previamente a los ingresos, el plenario había aprobado en diciembre de 2015 con los votos favorables de Partido Popular y PSPV y los votos en contra de Ciudadanos y Compromís multiplicar por cuatro las asignaciones a los grupos políticos de la institución. El actual equipo del gobierno de la Diputación se ha negado recientemente a exigir la acreditación pertinente de los ingresos.
Según explica Compromís, la acreditación es un imperativo legal especialmente en las entidades locales y un imperativo también de transparencia. "No se trata de condenar los ingresos a los partidos, se trata sobre todo que se acredite su uso conforme a la normativa y que la ciudadanía y los pueblos sepan donde se destina cada euro de la Diputación".
La nueva propuesta, que nace de la ordenanza recientemente aprobada en la Diputación de Valencia, tiene su punto clave en el apartado tercero en lo referente a la justificación que destaca que "la justificación vendrá soportada en un sistema de contabilidad específica que deberá quitar el grupo político cono respeto a las aportaciones de la Diputación, de acuerdo con un modelo específico y que, además, para la comprobación de los pagos y cobros se aportará igualmente el extracto bancario". También establece que "se considerarán facturas o justificantes válidos aquellos aceptados en el tráfico mercantil y que correspondan a suministros o prestaciones de servicios devengados en el ejercicio al que corresponde la asignación y añade que las transferencias al partido político al que pertenezca el grupo se justificarán cono una certificación del responsable del mismo junto cono una memoria anual justificativa de las actividades desarrolladas para el grupo en el periodo correspondiente, acreditando lo destino finalista del ingreso realizado"
Compromís ha destacado que se trata de un documento abierto y que ya ha empezado a consensuar con el resto de fuerzas políticas, pero que tiene dos elementos innegociables: el punto que exige la acreditación de los ingresos al partidos y que el texto final se vote en el plenario encomendero del próximo miércoles.
De momento, el grupo Ciudadanos ha expresado las primeras opiniones técnicas al respecto al grupo de Compromís, que podrían derivar en una reformulación de consenso del documento. El grupo socialista también ha expresado a Compromís la voluntad de avanzar el próximo lunes en la presentación de un posible documento conjunto y también se ha trasladado el texto al Partido Popular que no ha dado respuesta.
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha destacado que "día a día trabajamos por acotar los vicios históricos del bipartidismo en una institución que se había alejado muchísimo de su único fin, que es asesorar y distribuir recursos a los pueblos". Fullana ha remarcado que la hoja de ruta del grupo será el mismo que ha empleado desde 2015: "Reivindicar con contundencia a la vez que multiplicamos los esfuerzos de diálogo para llegar a un acuerdo que cambio en positivo la institución, lo hemos hecho con la ofensiva contra las subvenciones clientelares y ahora lo volveremos a hacer con los privilegios partidistas".
Compromís ha destacado que esta propuesta al consenso para aprobar una nueva normativa no cambia en nada la vía jurídica que ha comenzado el grupo porque el Partido Popular acredito los ingresos al partido llevados a cabo hasta ahora donde ha destacado que "iremos hasta el final porque tenemos argumentos jurídicos y la convicción política que la causa es necesaria y justa".
