El dinero es cobarde porque es lo primero que huye cuando las cosas van mal. Y a Eduardo Zaplana su fortuna le ha abandonado en el momento en el que menos lo esperaba, justo cuando negociaba un despido millonario con Telefónica que le permitiese mantener su elevado ritmo de vida hasta que repatriara a España su botín, sin riesgos ni sospechas.
El caso Erial tuvo una virtud que no han tenido otros procedimientos judiciales: permanecer en el más absoluto secreto durante más de dos años, una circunstancia que ha permitido a los investigadores trabajar en sigilo para realizar un seguimiento sin precedentes a los investigados e intervenirles multitud de conversaciones telefónicas.
Las grabaciones originales realizadas por la Guardia Civil y las imágenes de las cámaras ocultas que estratégicamente colocaron en espacios públicos, desveladas esta semana por INFORMACIÓN, reflejan cómo los miembros de la trama dedicaban horas y horas a negociar, a mover el dinero de un lado a otro, utilizando palabras clave como en la delincuencia más sofisticada. Esas conversaciones son un síntoma de lo que ha sido la política valenciana durante años, pero las revelaciones de la sociedad anónima en la que se convirtió el apellido Zaplana demuestran que la enfermedad era mucho más profunda. Esta semana debían de declarar en el juzgado la totalidad del clan Zaplana, además del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, varios factureros y los hermanos Saturnino y Elvira Suances, esta última exdiputada autonómica del PP. Las declaraciones se han suspendido hasta que lleguen los nuevos informes policiales y las partes repasen la abundante documentación que esta semana ha puesto a su disposición el juzgado.
Estas pruebas confirman que la vigilancia a Zaplana y sus hombres se intensificó entre los meses de enero y abril de 2018. La actividad de la organización fue frenética. En mayo fueron detenidos e ingresados en prisión.
Fin en Telefónica
Hubo un punto de inflexión a mediados de marzo, justo después de que Francisco Camps declarara en el juicio de Gürtel, Zaplana respondiera con un comunicado y uno de sus asesores, Francisco Grau, le aconsejara que no volviera a decir públicamente que residía en la Comunidad. Zaplana quería ahorrarse impuestos en la venta de una vivienda -la operación se cerró por 1,2 millones- que estaba inscrita a nombre de Costera de Glorio SL, administrada por su amigo Joaquín Barceló, conocido como «Pachano», quien ejercía de testaferro, según la UCO.
A Zaplana lo volvieron a ingresar en La Fe por la enfermedad que tiene diagnosticada el lunes 12 de marzo y dos días después, el miércoles 14, se registra la primera llamada a Grau. Esta conversación confirma que Zaplana quería dejar Telefónica, empresa a la que llegó tras dejar la primera línea política, poco antes de su detención.
En esa charla Zaplana le pide a Grau que averigüe lo que tendría que pagar por el despido de Telefónica que, según sus cálculos, tendrían que ser 30 meses -15 meses por despido normal, tres meses de preaviso, 12 de «no compita»-. Quiere saber cómo tributaria esa cantidad y si obtendría mas beneficios firmando el acuerdo o esperando a los 65 años.
Grau hace los cálculos y plantea sus dudas, pues «para mantener el mismo nivel habrá que facturar mucho, ¿no? Es decir, para mantener el mismo nivel que tienes hoy de ingresos (...) habrá que facturar? uff? casi un millón de euros, 800.000 euros al año». Zaplana quería saber si la indemnización tributaria y Grau le recuerda «es que no hay despido es resolución de mutuo acuerdo (...) es resolución de mutuo acuerdo. Hay que poner la palabra despido».
De la repatriación a La Vila
El repentino ingreso de Zaplana preocupaba a sus testaferros. El sábado 17 de marzo de 2018 Joaquín Barceló habla de ello.
«Fue a hacerse las pruebas y le dijeron tú de aquí no sales -en referencia a que se quedaba ingresado-, un virus muy complicado que no le detectaban y tenía 38,5 de fiebre y allí se quedó. Pero así y todo él se está muriendo y esta con la cabecita, ¿comprendes?». Barceló le visitaba para despachar con Zaplana asuntos de sus negocios, pero si recibía más visitas las reuniones no se podían celebrar: «Por lo menos le hizo compañía», admite por teléfono Barceló, por lo que «se puede deducir que no han podido hablar del tema por el que había acudido», razona la UCO.
Zaplana recibe el alta y se retoman los encuentros en espacios públicos para pasar desapercibidos. Había que tomar decisiones, también las relacionadas con la herencia de Miguel Barceló, histórico dirigente del PP y suegro de Zaplana. «Hay que tomar un par de decisiones que también están ligadas ahora a la herencia de Miguel. Cuando nos veamos cara a cara, te lo explico», dice Grau.
En paralelo, Joaquín Barceló sigue con la negociación para vender la parcela hotelera de La Vila Joiosa que la trama habría adquirido con el dinero que obtuvo con el presunto cobro de comisiones. El empresario de El Pozo y Trinitario Casanova, el nuevo rey del ladrillo en España, era la mejor opción de venta. Cobrarían por la operación 2,4 millones.
En abril, el testaferro Fernando Belhot viaja de Montevideo a Madrid para reunirse con Zaplana. Eligen el hotel Wellington y la sastrería Just One, en el barrio de Salamanca. En esas reuniones Zaplana pedía liquidez. Rechazó billetes de 500 euros, quería de 50 para poder colocarlos en su día a día mientras negociaba su salida de Telefónica y la indemnización.
«Sin riesgo, eh? sin riesgo», repite Zaplana, la figura protagónica de la trama, según confesó Belhot a la UCO meses después. El uruguayo se comprometió a traerle dinero en metálico cuando visitara España. Semanas después fue detenido y el plan que se había fraguado se desvaneció.
