No habrá tasa turística en 2020. El presupuesto de la Generalitat para el próximo año, que se debe presentar el próximo 31 de octubre, no incluye ninguna partida que contemple los posibles ingresos obtenidos por este gravamen, defendido desde hace años por Podemos y aparcado hasta ahora por el Botànic. El primer presupuesto de la legislatura, y el primero que Unidas Podemos negocia como miembro del Consell y no como socio necesario en las Cortes como ocurrió entre 2015 y 2019, aparca otra vez la tasa turística, con el consentimiento de la formación morada, que prefiere posponer un debate que no considera acabado a pesar de la negativa del PSPV-PSOE a implantarla dentro del sector turístico valenciano. Es la primera vez, de hecho, que este espinoso asunto queda al margen de la compleja negociación de las primeras cuentas del Botànic II.
Con las consellerias entregando a Hacienda sus prioridades de gasto para 2020, apurando el plazo hasta última hora, y tratando de encajar todas sus necesidades en unas cuentas que no serán expansivas y que el Consell pretende que sean, al menos, «equilibradas», la tasa turística queda todavía lejos de la estimación económica que se someterá a la aprobación de las Cortes. Sin embargo, en opinión de Unidas Podemos, ya no hay tanta distancia para que este impuesto sea una realidad en la Comunidad Valenciana. A raíz de la intervención del conseller de Hacienda, Vicent Soler, que esta semana contestaba en las Cortes una pregunta de Cs sobre la postura del Consell ante una posible tasa turística, Podemos valora de forma positiva el «viraje» que están dando los socialistas para abordar este complejo asunto.
Un «ligero» cambio de postura del PSPV, unido al cada vez mayor convencimiento por parte de Compromís de abordar el tema, hace que la formación que lidera el vicepresidente de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau piense que «cada vez estamos más cerca de lograr un acuerdo». Así se expresó ayer el diputado Ferran Martínez (Dalmau no quiso hacer ayer declaraciones sobre este tema y delegó en su grupo parlamentario), para el que «el conseller no mantiene una opinión tan contraria como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer y es partidario de estudiar el tema al nivel municipal». Para Martínez, «es un punto de enlace, que de momento se aplique a nivel municipal, que se haga una prueba durante dos años y luego se estudie si se implanta a nivel autonómico, como ocurre en las Islas Baleares», explicó el diputado. Aunque eso será en los próximos presupuestos con vistas al ejercicio de 2021. Ahora queda claro que no se tratará.
De hecho, sin ser tan optimista, pero dejando una puerta abierta, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, recalcó en las Cortes que la tasa turística «no se encuentra actualmente en la agenda del Consell». Soler reconoce que este impuesto «genera diversas opiniones» y «exige un consenso», cuando hoy por hoy, «la acción de este Consell se centra en la mejora de la competitividad y la puesta en valor de los atributos de nuestras destinos, a fin de reforzarlos de cara a los retos de futuro», como son el Brexit o el crecimiento de destinos competidores como Turquía, Egipto o Túnez, todos en expansión. El conseller aseguró que «no hay que demonizar su implantación 'per se'», sobre todo cuando esta tasa ya está «implantada en media Europa». En todo caso, se podría discutir la implantación si se cumplen dos premisas. La primera es tener una vocación local de acuerdo con las singularidades de cada una de las diversas ofertas turísticas de la comunidad (ciudad, costa o interior). Y la segunda, contar con el consenso de todos los agentes, empresarios y administración, ya que de otro modo «no tendría ningún sentido su adopción».
Calendario
Sin la tasa turística como hubiera sido del agrado de Podemos (y posiblemente con el apoyo de Compromís), los presupuestos de 2020, los primeros de la legislatura, llegarán a la «parrilla de salida» la semana que viene, es decir, dentro del plazo legal. Se presentarán en las Cortes el 31 de octubre, después de pasar ese mismo día por el pleno del Consell, (adelantado al jueves al ser festivo el 1 de noviembre). Entre el 4 y el 6 de noviembre todos los conselleres comparecerán en la comisión de Economía, en plena campaña electoral. Las enmiendas a la totalidad se podrán presentar hasta el 8 de noviembre y las enmiendas parciales hasta el 26. Llegarán a la comisión de Economía a primeros de diciembre y, finalmente, del 18 al 20 de diciembre se votarán los presupuestos en pleno.
Una tramitación en tiempo y forma a pesar del 10-N
El Botànic II estrenará presupuestos en 2020 y lo hará en tiempo y forma. Tal como ha venido informando este diario, la decisión de aprobar unas nuevas cuentas, después de barajarse la opción de la prórroga, estaba ya prácticamente tomada, pero ayer lo anunció en la tribuna de las Cortes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Unas cuentas que servirán para «garantizar la estabilidad en tiempos de incertidumbre y fortalecer el autogobierno».
La Generalitat cuadrará sus cuentas sin pedir a Madrid más dinero para la Dependencia
Hacienda no renunciará al gasto sanitario de los desplazados ni a la partida reivindicativa de los 1.325 millones de la financiación
Los presupuestos de la Generalitat para 2020 serán, en cuanto a nivel de gasto, muy similares a los actuales (se habla de congelación, aunque desde Presidencia se prefiere el término «equilibradas»), si bien habrá diferencias sustanciales en los ingresos con dos renuncias de calado. Con la incertidumbre del resultado del 10-N y la formación de un nuevo Gobierno que sea capaz de aprobar unos Presupuestos del Estado y satisfacer las demandas valencianas, el Consell no tiene previsto incluir en las nuevas cuentas los 250 millones vinculados a la revisión del IVA ni el pago del 50 % de lo que cuesta la dependencia, y que por ley debería asumir el Estado frente al 12 % que abona ahora. Incorporar al menos en el plano reivindicativo estos ingresos fue en su momento reclamado intensamente por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
Se trata de 303 millones que sí se pintaron en los presupuestos de este año y que Hacienda va a borrar por no tener garantías de recibir; un gesto que, sin duda, tensionará el Botànic II ya que Compromís se resiste a unas cuentas contenidas. Incluir ingresos, aunque sean de dudoso cobro, es la vía que ha venido usando el Consell (incluso en tiempos del PP) para cuadrar un presupuesto con un nivel de gasto que cada vez sea acerque más a la medida estatal.
La conselleria de Hacienda, de hecho, no renunciará a incluir en las cuentas los 300 millones por el gasto sanitario de los desplazados nacionales (FOGA) ni la partida reivindicativa de los 1.325 millones por la infrafinanciación que no se cobrarán. La clave para entender cómo el Consell cuadrará las cuentas con la renuncia a las partidas del IVA y la dependencia está la liquidación provisional del modelo de financiación de 2018, que se eleva a 1.849 millones. Esto supone 635 millones más que la última liquidación, lo que ofrece un colchón suficiente.
En realidad, los próximos presupuestos de la Generalitat, que tendrán que atender los gastos de las dos nuevas consellerias creadas por el Botànic en esta legislatura, Vivienda y Educación, seguirán sosteniéndose sobre pilares de ingresos muy endebles, aunque algo menos que los de 2019. Cabe recordar que el Consell acaba de presentar un programa financiero al Ministerio de Hacienda que incluye un recorte en el gasto de 365 millones. La ministra Maria Jesús Montero se mostró hace unos días en València comprensible con la partida de la infrafinanciación de los 1.325 millones, lo que da margen al Ejecutivo, pero dentro de un orden.
