24 de octubre de 2019
24.10.2019

El testaferro a Zaplana: «El año que viene tenemos un pastizal»

Los pinchazos confirman que la trama de Zaplana preparaba un pelotazo con las parcelas que compraron en La Vila con el dinero de las comisiones

23.10.2019 | 23:22
El testaferro a Zaplana: «El año que viene tenemos un pastizal»

Barceló presionó para que empresarios de Murcia las adquirieran.

La nueva documentación y el material audiovisual aportado al juzgado que dirige las diligencias derivadas de la Operación Erial, la investigación que desmanteló la presunta red de comisiones de Eduardo Zaplana, ha sacado a la luz el pelotazo que sus integrantes preparaban con la compra-venta de unos terrenos en La Vila Joiosa. Los testimonios sonoros constatan el interés de los testaferros de Zaplana por llevar adelante este negocio inmobiliario y sacar el máximo rendimiento económico en el menor tiempo posible. La trama habría adquirido esas parcelas -una residencial y otra hotelera- con el dinero que habría pagado en comisiones Sedesa, de la familia Cotino, a cambio de adjudicaciones públicas millonarias, tal y como sostiene Anticorrupción.

INFORMACIÓN ha tenido acceso a las grabaciones originales que recogen los detalles de la negociación, que tuvieron lugar entre los meses de marzo y abril de 2018. El dinero iba y venía de los paraísos fiscales para volver a ponerlo en circulación y el testaferro que ha confesado los delitos, Fernando Belhot, explicaba cómo hacerlo desde Uruguay. En mayo, la Guardia Civil detuvo a Zaplana y sus colaboradores. De las conversaciones se desprende que la operación no suponía ningún riesgo para los imputados, pues las parcelas se adquirieron en torno al año 2006 con el dinero obtenido de manera ilícita. Y los compradores a los que pretendían vender las parcelas daban garantías, muchas. Estos eran Trinitario Casanova, un empresario natural de Orihuela que se ha convertido en el nuevo rey del ladrillo en España, y un ejecutivo de la empresa El Pozo.

La persona a la que el exministro de Trabajo del PP confió este negocio es Joaquín Barceló, conocido por su entorno como Pachano. Mientras, Zaplana, quien por esas fechas seguía el tratamiento por su enfermedad en el hospital La Fe de València, es informado puntualmente de la operación: «¿Pero lo arregla o le aprieto?», le llega a decir Zaplana a Barceló por los problemas que iban surgiendo. El teléfono de Barceló, quien llegó a ser director de relaciones institucionales de Terra Mítica, echaba humo por el mes de marzo de 2018. Uno de los edificios que querían levantar en las parcelas de La Vila Joiosa iba a llamarse Pachano, pero el amigo de Zaplana descartó la idea para que su nombre no apareciera por ningún sitio.

Fue un arquitecto quien le comunicó que los dos compradores estaban interesados. Joaquín Barceló le preguntó si venían de la mano de El Pozo y el arquitecto le traslada que sí, «es la persona que gestiona todas las compras de El Pozo pero como soy discreto no pregunto más». Le comenta que el otro empresario es el propietario del grupo Baraka, Trinitario Casanova, quien «le vendió a los chinos la Torre Wan». «Lo tenemos de puta madre, riesgo cero, una fiesta tenemos», admite el colaborador.

A Barceló la entusiasma el interés de los socios murcianos y le pide a este arquitecto que les diga que no encontrarán parcelas en primera línea como las suyas en la Comunidad Valenciana. «Diles que se van a quedar mirando (...) además de generarnos alguna comisión para pegarnos alguna fiesta y cambiar de coche, ¡nos quitamos un muerto!», afirma Barceló. El testaferro de Zaplana sigue con su júbilo: «Esto está vendido con la polla, y somos capitanes generales, y el año que viene por estas épocas tenemos un pastizal». Inmediatamente después, Barceló informa al testaferro uruguayo que la «operación va bien» y también se lo traslada a Zaplana. Los dos quedan en València: «Sí, mira a ver porque las... para quedar con las tías estas». El negocio quedó en el aire por la operación policial.



La UDEF reitera que el PSPV y Compromís colocaron cargos en la Diputación de Valencia

Un nuevo informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aportado al juzgado de Instrucción número 9 de València, que investiga el caso Alquería, considera confirmada la existencia de un llamado «Consejo de Dirección» constituido como un órgano dentro de la empresa pública Divalterra -antigua Imelsa- que no aparecía reflejado en los estatutos del ente y que realizaba funciones que le correspondían al Consejo de Administración, en el que sí estaba representada la oposición, a diferencia del primero.

Además, la Policía afirma que de los correos y mensajes intervenidos se desprende la «gran inseguridad» que existía para llevar a cabo la contratación de nuevos directivos, dado que dichos contratos de alta dirección «no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerados como tales» y los investigados tenían «conocimiento».

La Policía también dice haber encontrado documentos que «muestran la incertidumbre jurídica respecto a la contratación de los altos directivos». De hecho, figura un intercambio de mensajes entre Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez, y el propio expresidente en el que el primero le traslada: «Estos son los seis puestos de alta dirección (...), sueldo 50mil.». Ante esto, Rodríguez dice que «eso es una barbaridad», pues «además nosotros solo tenemos dos chorradas».

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