El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en las Cortes en julio de 2018 que el Consell preparaba una ley de gobierno local para «asumir al máximo el principio de subsidiariedad». Esto es, el traslado de competencias a los ayuntamientos, la más cercana a los ciudadanos. Respondía a Podemos, que lamentaba «la pasividad y continuismo» del Consell sobre el papel de las diputaciones. A la batalla judicial que impulsó el entonces presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, contra las decisiones del Consell como un ariete de oposición, se sumó además la operación Alquería, con la detención del entonces presidente socialista de la Diputación de València Jorge Rodríguez. Esa ley de gobiernos locales fue presentada así como un proyecto para favorecer la coordinación con las instituciones provinciales, una forma, en la práctica, de vaciarlas de contenido potenciando el poder municipal y autonómico.
¿Qué ha pasado con esta norma? Ha entrado en una fase de «repensamiento». Presidencia de la Generalitat elaboró un borrador que envió a las universidades antes de las elecciones autonómicas. Atravesado ese rubicón pero también rebajada la tensión con el nuevo equipo de la corporación de Alicante y sin la ebullición por las detenciones en Valencia con la que el proyecto se presentó en julio de 2018, el texto ha entrado en una etapa de reflexión y reconsideración, aseguran desde Presidencia. La cuestión es que, con el horizonte despejado tras la victoria electoral y la reedición del Botànic, el objetivo ahora del equipo de Ximo Puig es convertir la nueva ley de gobierno local en un texto más ambicioso que ordene el nuevo marco de las ciudades.
Se trata no sólo de abordar cuestiones de procesos de participación ciudadana y buen gobierno, sino de ir más allá e introducirse en los efectos de la innovación tecnológica en la relación de las ciudades con los vecinos. El proceso se quiere conducir con calma. Incluso se plantea la organización de un foro de reflexión sobre las nuevas ciudades del que surjan contenidos que pueden tener alguna cobertura en la futura norma, que se quiere que sea algo más elaborada que una mera orden reguladora de procedimientos. Si se pregunta por plazos, las fuentes citadas responden que la nueva ley podría estar a finales de 2020, aunque posiblemente sea después, con lo que quedaría para la segunda mitad del mandato. ¿Qué pasa con las diputaciones? El proyecto mantendría el apartado sobre la coordinación de competencias de las corporaciones provinciales, que en la práctica es una forma de reducir el peso de una institución que es una reminiscencia del pasado frente al Estado de las Autonomías. Se trata de evitar las duplicidades de funciones fijando las que corresponden a los municipios y al Consell.
El ejecutivo del Botànic intentó en su primera legislatura esa coordinación en las áreas de Turismo y Deporte vía decreto, pero el TSJ y el Supremo, a instancias de la Diputación de Alicante y de Castellón, cerraron esa puerta al considerar que un decreto no podía regular lo que ya estaba en la ley de Régimen Local de 2010. De todas maneras, la ley de gobierno local no es el único frente legislativo para adelgazar las diputaciones. En las Cortes quedó varado al final de la legislatura anterior un proyecto en esta línea con el sello de Podemos. El Consell de izquierdas ha dejado clara en diversas ocasiones su voluntad de restar el poder de las diputaciones provinciales. Sin embargo, esa iniciativa política choca con la realidad normativa y constitucional, que protege a las instituciones provinciales. Así será mientras la Carta Magna no se modifique. Este es el contexto.
En esa línea, la propuesta de reforma constitucional que la Generalitat llegó a aprobar en un texto elaborado por Manuel Alcaraz incluye que cada autonomía decida qué organización territorial prefiere, si mediante provincias, comarcas o sin unas ni otras. Mientras los proyectos legislativos avanzan lentos ante las dificultades constatadas, por la vía de los hechos, el Botànic creó en la legislatura anterior una comisión bilateral con la Diputación de Valencia para ordenar las competencias, constituída en febrero de este año pero que debe constituirse con los nuevos cargos. La comisión con la Diputación de Alicante está pendiente de iniciar sus trabajos.
A la espera de la comisión pactada por Puig y Mazón
El Consell prevé constituir la comisión acordada con la Diputación de Alicante en las próximas semanas
La comisión mixta que Ximo Puig y Carlos Mazón pactaron para ordenar las relaciones entre ambas instituciones y, en primer lugar, empezar a consensuar el reparto de ayudas del Fondo de Cooperación Municipal podría arrancar en un plazo breve. Fuentes del Consell apuntaron que este órgano se podría constituir en las próximas semanas para tratar diferentes asuntos como el denominado fondo que la Diputación de Alicante ha rechazado aplicar durante los últimos tres años pero que, a partir de ahora, deberá asumir tras el anuncio del Consell de otorgarle rango de ley. En la búsqueda del consenso y la cooperación que persiguen los dos presidentes también debatirán diferentes asuntos como la ayuda económica que se concede a los pueblos con criterios objetivos.
El freno que el Consell ha echado a la ley para el vaciado de las diputaciones es un nuevo gesto que allana el camino hacia el diálogo entre Ximo Puig y Carlos Mazón, quien ha hecho una defensa a ultranza de estas instituciones. El tono de Mazón, constructivo y de consenso, también ha contribuído a rebajar tensiones. Los tres partidos del Botànic II incluyeron en su acuerdo programático firmado en Alicante avanzar en el vaciado de las diputaciones provinciales a través de una nueva ley de coordinación que se acordó tras el enfrentamiento directo de la última legislatura con César Sánchez. El Gobierno valenciano quería meter en cintura y tener el control de la institución cuando era un centro de oposición constante contra su gestión. Ahora que las tornas han cambiado y que los dos presidentes tratar de encauzar las relaciones, es desde el Consell que rebajan la tensión con un tema que causaría otro choque.
De hecho, continúan los gestos de distensión. Esta misma semana, la Diputación de Alicante y la Generalitat han puesto en marcha una Mesa de Coordinación Turística con el objetivo de compartir estrategias y metodologías y de aunar esfuerzos en la promoción y defensa del sector turístico de la provincia. La sede de Invattur en Benidorm ha sido el escenario escogido para la celebración de la primera reunión de este órgano en la que han participado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, y el director general de Turisme, Herick Campos, y sus respectivos equipos.
La promoción, los destinos turísticos inteligentes, la competitividad y sostenibilidad y la formación y normativa son los cuatro ejes de coordinación que quieren impulsar ambas administraciones y que se concretará próximamente en un protocolo donde se establezca un calendario de reuniones -que inicialmente sería trimestral- y los temas a tratar. «Somos conscientes del peso turístico de nuestra provincia y de que más Costa Blanca es más Comunidad. Por tanto, nuestra responsabilidad es intentar coordinar cada una de las iniciativas que se pongan en marcha», ha destacado Mancebo. Ambos dirigentes turísticos indicaron que esta mesa responde «al mandato» de los presidentes de la Diputación, Carlos Mazón, y del Consell, Ximo Puig, «para que demos un paso más en la colaboración ya existente entre ambas administraciones». Mancebo ha insistido en que la base de esta colaboración es la complementariedad para evitar duplicidades, al tiempo que ha destacado que las acciones conjuntas persiguen también implicar a los ayuntamientos en la gestión eficiente e inteligente de su destinos, productos y servicios.
