La sentencia del «procés» catalán y el impacto de las protestas en Cataluña continúa marcando, en estos momentos, la agenda de la precampaña en la Comunidad Valenciana y en la provincia. La derecha mantiene su estrategia: contagiar la campaña electoral del conflicto catalán. En esta dirección y en la línea que quedó marcada esta semana en las Cortes Valencianas, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, conformado por el PP y Ciudadanos, tiene previsto llevar al próximo pleno ordinario una declaración institucional de respaldo y acatamiento a la sentencia del Supremo que condena a los independentistas catalanes.

En el escrito, firmado por las portavoces del PP, Mari Carmen de España, y de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, se pone de manifiesto en primer lugar el absoluto respeto y acatamiento de la sentencia, como precisaron fuentes municipales. Para los integrantes del equipo del gobierno de derechas, la resolución judicial del Supremo es «el resultado de un proceso judicial que se ha desarrollado de manera intachable, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva, el acceso a un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa a todos los procesados». La declaración pone en un brete, especialmente, a los grupos de izquierda que tendrán que posicionarse en un debate en el que se sienten muy incómodos. A ese discurso del bloque de la derecha se unió la presidenta regional del PP, Isabel Bonig. «Puig se dedica a regar de dinero bajo mano a asociaciones catalanistas que quieren traer aquí el mismo proceso de Cataluña. Puig está aliado con Compromis, nacionalistas que sostienen que sin Valencia no hay independencia», zanjó Bonig.

Así que las tres fuerzas del Botànic -socialistas, Compromís y Podemos- están muy condicionados por este asunto en esta precampaña que conduce a la repetición de las elecciones generales el 10-N. Ayer mismo, en el consell nacional del Bloc -principal partido de Compromís-, la ejecutiva y su corriente más crítica, «Bloc i País», acordaron una resolución sobre la situación catalana en la que se exige, entre otras cosas, «la amnistía de los presos y presas políticos condenados por organizar un referéndum», como paso para «una solución democrática para Cataluña». Su candidato, Joan Baldoví, intentó evitar la cuestión apelando al voto «útil».

Ximo Puig ataca a Quim Torra pero insiste en explorar la vía del diálogo

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por su parte, durante un acto en Castellón, atacó al catalán Quim Torra y le reprochó que «no asuma su papel como representante del Estado y máxima autoridad en Cataluña defendiendo la libertad de las personas y atacando directamente la violencia», aunque mantuvo su apuesta por la «serenidad» y las vías de «diálogo». Durante este proceso, el jefe del Consell, se ha mostrado favorable a solucionadas que primen el consenso aunque siempre dentro de la legalidad. Ahora, sin embargo, ha tenido que incluir el mensaje oficial de Ferraz para cargar contra Torra.