Vox impidió ayer que en el pleno de las Cortes Valencianas se leyera una declaración institucional que mostraba el apoyo de la Cámara autonómica a la emergencia feminista que reclaman colectivos y entidades feministas. La declaración institucional había sido impulsada por la secretaria primera de la Mesa y diputada de Unides Podem, Cristina Cabedo, quien planteaba que asumieran de esta forma la petición formulada por la Plataforma Feminista de Alicante a los grupos parlamentarios. Esta plataforma reclamaba que, de manera unánime, las Cortes Valencianas se sumaran a esta iniciativa, como ya han hecho otros parlamentos autonómicos, y en caso de que no fuera posible, se impulsara una proposición no de ley en este sentido, que es lo que hará ahora Unides Podem ante la negativa de los ultras de Vox.

El grupo de Unides Podem ha recordado que la Plataforma Feminista de Alicante ha declarado la emergencia feminista tras un mes de julio en el que la violencia machista ha dejado unas cifras «alarmantes», y un verano que ha dejado los «peores datos sobre la violencia de género en la última década» La declaración institucional propuesta expresaba el total apoyo de las Cortes a la declaración de Emergencia Feminista realizada por los colectivos feministas y reclamaba que se garantizaran los medios más adecuados para sensibilizar, visualizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género y machista, como un problema público que atenta contra nuestro sistema de valores y los derechos fundamentales de las mujeres. También planteaba que se garantizara la aplicación inmediata de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia machista firmado en 2017, y de todas las contenidas en la ley integral que a día hoy no se hayan implementado. En otro orden de cosas, el pleno de las Cortes rechazó ayer, con los votos de los partidos del Botànic, la iniciativa del PP que planteaba una modificación legal para limitar el número de personal eventual de la Generalitat a un máximo de 74 puestos y a 89 en el caso de los altos cargos. Los populares, durante su gobierno, llegaron a tener el doble.

La proposición, que sí fue apoyada por Ciudadanos y Vox, instaba a modificar la Ley de Presupuestos de 2019 para aclarar que «en tanto la Comunidad Valenciana no cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno de España», la determinación del número de personal eventual y altos cargos se regirá por esos límites. El diputado del PP Rubén Ibáñez explicó que el objetivo era «adaptar la estructura administrativa a la verdadera realidad». El socialista José Muñoz acusó al PP de practicar la demagogia con esta propuesta, aunque admitió que «el tema de los altos cargos y asesores es algo que siempre vende». Limitar el personal que se dedica a gestionar los servicios públicos es «limitar el autogobierno» y destacó que el coste de estos cargos y asesores representa el 0,18% del coste del capítulo 1 de personal de las cuentas autonómicas.