A Ciudadanos la repetición de las elecciones generales le ha pillado con el pie cambiado. Su táctica para el 10-N ha dado un giro radical tras el fracaso que las encuestas le atribuyen y ahora su único objetivo es marcar distancias con el PP. Así lo ha puesto de manifiesto la formación naranja en la Diputación de Alicante, que en las últimas dos semanas ha dado ya cuatro toques de atención a su socio de gobierno. Los de Albert Rivera quieren alejarse de la estrategia del PP para diferenciar su proyecto antes y después de las elecciones. Y con ello, las críticas se han endurecido. Es su única posibilidad para «sobrevivir» a una carrera electoral que ya de antemano avanza un desplome frente a un PP que se recupera. Los sondeos han mermado las opciones de Cs y ahora su intención es ganar visibilidad. Diferenciarse frente a la unidad que hasta ahora mostraban con los populares allá donde, a día de hoy, gobiernan juntos.
Del ejemplo se desprende la evidencia. Esas dos primeras llamadas de atención tuvieron lugar en el pleno de la primera semana de octubre en el que el diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, quiso distinguir su gestión en dos asuntos cruciales como son la problemática por las ayudas a la Vega Baja y las dotaciones económicas de los grupos políticos. Dos posturas cargadas de simbolismo. Gutiérrez pidió públicamente a Carlos Mazón que respetara el principio de lealtad entre los socios de gobierno al mostrarse visiblemente molesto por desconocer la carta que el responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura envió al titular de la Diputación tras la catástrofe del temporal en la Vega Baja.
En segundo lugar, Ciudadanos apoyó la propuesta del PSPV para cambiar el reglamento de justificación de las asignaciones económicas, después de la controversia generada por la denuncia de Compromís ante la falta de justificación del PP de las transacciones durante los últimos cuatro años. Ciudadanos se comprometió, para sorpresa del PP, a secundar la propuesta de los socialistas para que todos los grupos presenten una relación detallada de los gastos que correspondan a los fondos transferidos desde las cuentas del grupo de la Diputación al partido y una memoria explicativa de las actividades conjuntas a las que corresponden estos gastos. Sin duda, un duro golpe que dejó extrañado a Mazón. Hasta ese momento no había existido ningún conflicto entre ellos, al menos en público. Desde entonces, los diputados naranjas han dado un paso más en su fórmula para no quedarse encasillados.
Esta semana, a su vez, Javier Gutiérrez anunció que un total de nueve municipios tendrán que renunciar a todas las subvenciones del Plan de Obras hasta 2023, poniendo el foco en los tres gobernados por los populares Adrián Ballester, Pérez Llorca y Alejandro Morant. El diputado denunció los agravios cometidos entre los consistorios y confirmó que, sin la renuncia a las ayudas «a dedo» del periodo de 2018 y 2019, no entrarán en el Plan de Obras 2020-2023 un total de nueve ayuntamientos.
El cuarto toque de atención y probablemente el más grave se dio respecto al Plan de Obras y Servicios de 2019, el mayor programa inversor del Palacio Provincial. Gutiérrez aclaró que existe la confirmación de respaldo expresada por los portavoces del PSPV, Toni Francés, y Compromís, Gerard Fullana y que solo falta el PP, «que si perpetúa su indefinición va a incidir en el retraso, pese a que la mayoría queremos que salga adelante por unanimidad», aseguró. Según el diputado de Cs, el 27 de septiembre se puso sobre la mesa el plan «y a los pocos días contábamos con el apoyo de PSOE y Compromís». Con estas cuatro advertencias en menos de 15 días, Ciudadanos evidencia que hasta el 10-N quiere llevar la iniciativa con el objetivo de que su voz sobresalga por encima de las demás. ¿Lo conseguirán?
