El Partido Popular acusó ayer al portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, de intentar falsear la realidad creando y propagando noticias falsas para esconder «su falta de trabajo, su cada vez cada vez mayor irrelevancia política y su nerviosismo ante la inminente celebración de las elecciones generales» en referencia a la denuncia presentada por la coalición sobre las asignaciones económicas al PP que durante el anterior mandato no fueron justificadas. El portavoz adjunto del grupo popular Miguel Ángel Sánchez recordó que el Bloc interpuso un recurso contra el acuerdo que adoptó el pleno de la Diputación el 2 de agosto en el que se asignaban las cantidades económicas para los grupos políticos, en el que Fullana se abstuvo «y ahora intenta confundir vinculando el recurso a otros temas». El PP aseguró que la contabilidad está justificada y auditada por el Tribunal de Cuentas y, según añadió Miguel Ángel Sánchez, Compromís ha iniciado su campaña electoral haciendo «política propagandista y difamatoria sin nada más que aportar». En su opinión «ni rescatan personas, ni gestionan recursos, ni solucionan problemas. Muy afectados deben estar por las encuestas que generan fake news para mantener el espectáculo mediático».
Por su parte, Compromís denunció ayer que el PP ha contado con la complicidad de los técnicos para no justificar las transferencias al partido. Según denunció ayer el portavoz Gerard Fullana, los técnicos «han usado diferente vara de medir en la fiscalización de cuentas entre los populares y la oposición». Esta es la tesis del grupo Compromís que ha hecho público que el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Alicante ha aceptado a trámite su demanda al respecto y ha solicitado documentación a la Diputación, tal y como adelantó ayer este medio.
La coalición destacó ayer que la decisión de judicializar el asunto se adoptó después de la negativa del PP, con el apoyo de los votos de Ciudadanos, de rechazar en el anterior pleno el recurso de reposición que exigía que el equipo de gobierno cumpliera con la ordenanza. Según explicó Gerard Fullana, la demanda también llega después de que la comisión de fiscalización de las cuentas creada en el anterior mandato haya evitado aprobar ningún informe de fiscalización de los ingresos a los partidos en cuatro años con el objetivo, según denunció, «de evitar cualquier acto administrativo que sea recurrible».
