La misma disparidad de opiniones que recorre España a causa de la sentencia del «procés» dividió ayer a partes iguales la esfera política valenciana. Con dos bloques muy definidos, mientras los partidos de izquierda que forman el Botànic hicieron llamamientos al diálogo, desde la derecha, el PP y Cs lanzaron peticiones para que se retiren las subvenciones a aquellas entidades, como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que llamaron a la movilización contra el fallo.

El primero que reaccionó con prudencia fue el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que rechazó calificar el fallo por no ser quién para hacerlo, pero sí dijo que éste debe tener una «consecuencia política» basada en «la ley y el diálogo» para no caer en una «huida hacia adelante». Puig manifestó su oposición a «la radicalización, la fronterización y buscar el enfrentamiento que no dará ninguna solución. Para una buena convivencia debe haber respeto al conjunto de identidades», ha señalado Puig, quien ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una «federalización» del país. Preguntado por la posibilidad de que haya petición de indultos para los condenados, insistió en que «en este momento» lo que hay que hacer es acatar la sentencia y «leerla en profundidad», a lo que añadió: «El único camino a transitar es el diálogo dentro de la ley. Si no estás dentro, ¿quién protege la democracia?».

En esta misma línea se pronunciaron desde el PSPV-PSOE, donde abogaron por acatar y respetar una sentencia que únicamente el vicesecretario general del PSPV-PSOE y síndic en las Cortes, Manolo Mata, reconoció que es «muy dura», mientras que desde Compromís y Unidas Podemos la calificaron de «desproporcionada» o «cruel». Por un lado, la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, manifestó ayer, a través de Twitter, que le «entristece» la sentencia, pero confía «en un futuro de diálogo y acuerdos». Oltra, de viaje institucional en China, señaló a través de su cuenta en esta red social «veremos qué dice el Tribunal Constitucional o, eventualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la sentencia de hoy».

Más duro fue el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que calificó de «desproporcionada» la sentencia, que no resuelve en su opinión el conflicto en Cataluña. «Los problemas políticos necesitan soluciones políticas», remarcó, y consideró que «se cierra un ciclo estéril que debe dar paso a una etapa de diálogo, a la política útil».

Desde Unidas Podemos, su síndica en las Cortes, Naiara Davó, aseguró que la sentencia del «procés» evidencia «el fracaso de la política, además en su faceta más cruel», y pidió que a partir de ahora se vuelva a hablar y dialogar para ver cómo construir «una España más amplia en la que quepamos todos».

Campañas de movilización

Por otra parte, la sentencia emitida ayer sirvió a los partidos de la oposición a criticar las campañas de apoyo a colectivos como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Intersindical o Escola Valenciana. Jorge Bellver (PP) instó a Puig a dejar de financiar con «centenares de miles de euros de todos los valencianos» las «campañas» contra la sentencia del procés de estos colectivos. Bellver opinó que la sentencia es «ejemplar» y demuestra que «en España quien la hace la paga, y nadie está exento de cumplir la ley», y reclamó que no se concedan indultos a personas que han sido «sentenciadas en firme por el Supremo por acciones contrarias a la Constitución». En este mismo sentido, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, anunció que pedirán medidas para que organizaciones como ACPV «no puedan recibir ni un euro de dinero público» por sus movilizaciones para protestar contra el contenido de la sentencia. Según cifras facilitadas por Cs hace unos meses, ACPV ha recibido desde 1983 más de 30 millones de euros en subvenciones concedidas por gobiernos del PSPV o Compromís.

El fallo del Tribunal Supremo también hizo que se pronunciaran algunos de los cabezas de lista a las elecciones generales por la provincia de Alicante. César Sánchez (PP) pidió el «máximo respecto a las decisiones judiciales. Es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones y tendrá todo el apoyo del PP».

Txema Guijarro (Unidas Podemos) no valoró el contenido de la sentencia pero sí dijo que «lo cierto es que hoy no estamos más cerca que ayer de una solución a un problema político como el que tenemos delante». Por último, Ignasi Candela (Més Compromís) apostó porque «la política y el diálogo van a ser la nueva manera de solucionar el conflicto en Cataluña. Pasará la sentencia y el problema entre los catalanes y el Estado seguirá allí. Ahora se impone el diálogo», insistió el candidato.

Por su parte, Marta Martin (Cs) aseveró que "como ciudadana sólo puedo decir que los procesistas a partir de hoy son delincuentes condenados por delitos muy graves. La cuestión ahora es la aplicación de la sentencia, la aplicación del tercer grado y los beneficios penitenciarios y los indultos. Mi partido ha preguntado reiteradamente y esperemos que no se les conceda beneficios a personas que han hecho tanto daño a la concordia y la cohesión social y al estado de derecho".

Concentración en Alicante contra la condena a los líderes independentistas

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y otras entidades se concentraron ayer por la tarde en protesta por la sentencia del «procés» frente a la estación de Renfe en Alicante, al entender que en el juicio a los líderes independentistas en prisión se ha mostrado «sobradamente» que los presos «no han cometido ningún delito». Además de la protesta de Alicante también se organizaron otras concentraciones en Elche, València y Castellón.

Duque: «A nadie se le juzga por ideas, sino por delitos»

El ministro de Ciencia Pedro Duque, candidato del PSOE por Alicante al Congreso en las elecciones del 10-N, aseguró ayer que la sentencia fue recibida «con respeto por el Gobierno de España. A partir de ahí, como en todo estado democrático la decisión independiente de la justicia debe acatarse y cumplirse». Duque insistió en que «en una democracia como la española nadie es juzgado por sus ideas sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico». El ministro apeló a que se «abre una nueva etapa en Cataluña donde se debe volver la concordia» y donde «los ciudadanos decidirán si seguir esta senda de sensatez o no».