El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha admitido a trámite el recurso presentado por Compromís contra la resolución acordada en el pleno de la Diputación de Alicante el pasado 2 de agosto sobre las asignaciones a cada grupo político después de que el PP decidiera, con el visto bueno de Ciudadanos, mantener la vía de financiación que en el mandato anterior le permitió recibir medio millón de euros sin presentar facturas que justifiquen esa asignación, al igual que ocurrió durante los últimos cuatro años con César Sánchez. Una vez la Diputación remita el expediente solicitado, el Juzgado dará traslado a Compromís para formalizar la demanda, siempre y cuando la información esté completa y no existan alegaciones al respecto.

El PP fue el único partido que durante la anterior etapa no dio a conocer públicamente a qué dedicaba la asignación que recibía desde la Diputación. A tenor de la aprobación en el pleno de agosto, Carlos Mazón ha querido seguir en la misma línea, pese a que el partido todavía tiene pendiente justificar esa cantidad. Compromís entiende que por parte del PP este dinero no se está empleando para el destino finalista que requiere la ordenanza y que solo ha aportado como justificante un breve escrito de Eduardo Dolón. Y es que la acreditación de las ayudas que recibía el PP como dotación del grupo se limitó a un certificado trimestral firmado por el vicepresidente Eduardo Dolón, también secretario provincial de partido y ahora presidente, en el que ratificaba que el grupo transfirió mediante un cheque las cantidades de dinero a actuaciones conjuntas realizadas por el partido y que correspondía a gastos indivisibles. Para justificar el dinero recibido por el grupo popular de la Diputación, el PP emitió esta certificación pero sin aportar ningún tipo de documentación.

Las críticas de Compromís también van dirigidas a la comisión de fiscalización que se creó en 2017, un órgano informativo que pretendía someter al control de Intervención la contabilidad de cada grupo para que cada partido reflejara la totalidad de su transacción. Sin embargo, la coalición defiende que no existe una comisión especial de fiscalización puesto que «al no ser permanente y no haber sido creada en el plenario de organización de la corporación ha decaído».

El portavoz en la Diputación Gerard Fullana recordó que «primero hemos puesto el punto de mira en las subvenciones a dedo, ahora en los privilegios partidistas», añadiendo que «la llegada de Compromís al Palacio Provincial ha sido una mala noticia para los que querían mantener el cortijo partidista, y una buena noticia para los municipios y su justa financiación». El portavoz sostuvo que su partido ha agotado todas las vías previas sin éxito, por lo que «nos obligan a acudir nuevamente a los juzgados».

El portavoz del PP Adrián Ballester aseguró ayer que la Justicia «siempre admite a trámite los recursos y eso no significa que exista una resolución favorable para sus intereses». Ballester aclaró que Intervención nunca ha puesto en duda la legalidad de las subvenciones y acusó a Gerard Fullana de tener un doble discurso porque se sigue el mismo procedimiento que su partido aprueba en las Cortes Valencianas. En su opinión, este recurso solo pretende sacar «rédito electoral de cara al 10-N».